Opinión
El triunfo del odio es la costumbre

Por Beatriz Carrillo de los Reyes
Directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo. Ministerio de Igualdad
El odio no nace en internet. Internet lo propaga. Lo acelera, lo amplifica y lo convierte en un fenómeno masivo. Pero sus raíces son mucho más antiguas y están mucho más cerca de lo que admintimos.
El odio nace en la calle. Nace en la discriminación cotidiana: cuando alguien es parado por su color de piel, cuando una persona es humillada por su orientación sexual o cuando una mujer alza la voz en el espacio público y se intenta silenciarla. Ese prejuicio que circula en conversaciones, chistes, comentarios o sospechas acaba encontrando en las redes sociales un altavoz gigantesco.
Las plataformas digitales han cambiado la escala del problema. La indignación, la agresividad y el señalamiento generan tráfico, interacción y beneficios. Existe toda una lógica económica que premia el contenido que provoca reacción inmediata, incluso cuando esa reacción se alimenta del insulto o la deshumanización.
Así se configura una dinámica peligrosa: el odio nace en la vida social, se amplifica en Internet y regresa después a la calle multiplicado, convertido en hostigamiento, persecución o violencia. La frontera entre lo digital y lo real es cada vez más difusa. Lo que circula en las redes no se queda en el plano virtual. Genera miedo, legitima la violencia simbólica y, en demasiadas ocasiones, termina alimentando agresiones en la vida cotidiana.
En este contexto, la respuesta institucional resulta imprescindible. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró recientemente el I Foro contra el Odio, un espacio necesario para abordar uno de los grandes desafíos democráticos de nuestro tiempo: la expansión de los discursos de odio en el entorno digital.
Durante años se pensó que las redes sociales eran herramientas para la comunicación y la participación ciudadana. Hoy sabemos que también pueden convertirse en potentes vehículos de desinformación, estigmatización y acoso. Por eso es importante que las instituciones democráticas empiecen a actuar con decisión.
Iniciativas como el desarrollo de herramientas destinadas a medir de manera rigurosa la presencia y evolución de los discursos de odio en redes sociales son un paso relevante. Sin datos, el problema se diluye en percepciones. Con datos, se puede dimensionar su alcance, exigir responsabilidades y diseñar políticas públicas más eficaces.
Pero combatir el odio exige ir más allá del entorno digital. Hay que mirar también hacia las raíces sociales que lo alimentan. El odio se sostiene sobre prejuicios que llevan siglos circulando. Sobre estereotipos que convierten a determinadas personas en sospechosas permanentes. Sobre discursos que presentan la diversidad como una amenaza.
En muchos casos, lo que encontramos detrás es racismo.
Ese racismo no siempre se expresa de forma abierta y se disfraza de debate político, supuestas preocupaciones culturales o discursos alarmistas sobre la seguridad y la convivencia.
La violencia digital tiene además una dimensión de género muy evidente. Las mujeres que ocupan espacios visibles se convierten con demasiada frecuencia en objetivo de campañas de acoso sistemático.
No es casualidad. Es una estrategia. Muchas mujeres que participan en la vida pública conocen bien esta realidad: la violencia digital puede llegar a ser tan constante que algunas terminan autocensurándose para protegerse. No porque hayan perdido la razón o el compromiso, sino para evitar el desgaste que provocan las campañas de odio organizadas.
Ese es precisamente el objetivo de quienes promueven estos discursos: desgastar y quebrar a quienes defendemos derechos.
La misma lógica se dirige también contra el colectivo LGTBI, contra las personas migrantes o contra cualquiera que represente la diversidad de nuestras sociedades. Detrás de muchos de estos ataques no hay solo insultos aislados. Hay un intento deliberado de imponer un modelo social regresivo.
Por eso el debate sobre los discursos de odio debe formar parte de una estrategia democrática mucho más ambiciosa. Una estrategia que no se limite a reaccionar cuando el daño ya está hecho, sino que actúe sobre las causas profundas que permiten que el odio se reproduzca.
El pueblo gitano es uno de los ejemplos más claros. No solo como objetivo histórico de discriminación —amplificada hoy en el espacio digital—, sino también como víctima de algo todavía más preocupante: la normalización social del antigitanismo.
Durante siglos, la ciudadanía gitana ha soportado una maquinaria persistente de estereotipos, prejuicios y deshumanización que demasiadas veces ha sido aceptada con indiferencia. El problema no es solo el insulto explícito. El problema aparece cuando el prejuicio se vuelve cotidiano, cuando el racismo deja de escandalizar y empieza a percibirse como algo normal.
España no es un país dominado por el odio. La inmensa mayoría de la sociedad cree en la convivencia, el respeto y la dignidad de todas las personas. Quienes se organizan para acosar, insultar o deshumanizar desde las redes no representan a nuestro país.
Los hooligans del odio y la ultraderecha no hablan en nombre de España ni de su democracia. Representan una minoría ruidosa que intenta convertir el odio en una herramienta política y normalizar la violencia como forma de poder.
Pero España ha avanzado demasiado para aceptar ese retroceso. Es un país que ha ampliado derechos, que ha conquistado libertades y que no está dispuesto a volver al miedo ni al silencio.
Porque el mayor triunfo del odio no es el grito. Es la costumbre.


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