El Partido Popular (PP) ha entrado en una deriva muy peligrosa de la que hay complicada reversión: mercadear con los derechos humanos para arañar un puñado de votos a quienes jamás se les ha presupuesto el menor sentimiento democrático, esto es, Vox. El último Pleno municipal del Ayuntamiento de Málaga es un buen ejemplo de ello, cuando el PP del alcalde Francisco de la Torre apoyó una moción del partido de extrema-derecha en contra de la regularización extraordinaria de personas migrantes, cargada de mentiras contra este colectivo. Para colmo de males, las derechas están perdiendo un tiempo precioso discutiendo cuestiones sobre las que no tiene competencias mientras otras en las que sí, como la vivienda, están abandonadas.

El título de la moción de Vox ya avanzaba, no sólo lo antidemocrática de la misma, sino el festival de incorrecciones con que sembró su texto: "moción relativa a la regularización masiva de inmigrantes ilegales". No existe tal cosa porque, por definición, ninguna persona es ilegal; en todo caso, se encuentra en situación irregular. Sin embargo, Vox no da puntadas sin hilo y el mal uso del lenguaje no es casual, sino que persigue estigmatizar, señalar, deshumanizar. Y Francisco de la Torre entró al capote sin el menor remilgo.

La exposición de motivos de la moción ultra es un disparate de mentiras y manipulación, hasta el punto de que para calcular la tasa de desempleo de las personas extranjeras –entre los que hay ciudadanos europeos con libertad de circulación- emplea como base la población total y no se limita a la activa. No sorprende tal despropósito, toda vez que la moción se apoya en datos de la Fundación Disenso, la extensión de Vox en el punto de mira de la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas por ser receptora de millones de euros donados por Vox para cubrir gastos personales de Santiago Abascal y su círculo cercano, así como para financiar sus relaciones internacionales, retroalimentándolas pues de ellas también recibe el partido financiación (bancos de Hungría).

Asimismo y como ya hiciera Isabel Díaz Ayuso, menciona el bulo de querer comprar votos –cuando no es posible votar pese a la regularización-; el efecto llamada, que estadísticamente se ha demostrado que no existe; o la teoría del reemplazo que, si bien es mentira, cierto es que no le vendrían mal a España menos racistas españoles y más gente buena migrante. Dicho de otro modo, con objeto de justificar medidas tan drásticas como "suprimir toda ayuda" a estos migrantes, "eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONGs" que les asisten o "suprimir la institución del arraigo" a personas que pueden llevar años trabajando y formándose en nuestro país, recurre a todo el argumentario de falsedades con inequívoco tufo racista y xenófobo.

En esta manipulación no podía faltar "instar al Gobierno de España para que proceda a la deportación de cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves", pese a que así está recogido ya en nuestro Código Penal. Es lamentable comprobar el desconocimiento de nuestro Estado de Derecho por parte de Vox, pero más aún lo es cuando esta ignorancia se evidencia en un partido de la trayectoria del PP.

Lo mismo sucedió unos días antes en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, cuyo alcalde Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, aprobó otra moción de Vox para prohibir el uso del burka o el niqab en dependencias municipales alegando problemas de seguridad cuando ya está legislado por ley que toda persona con el rostro cubierto ha de identificarse a solicitud de un agente del orden. Salado, como De la Torre, aprobó la moción racista sin necesidad de ello –y sin aval técnico ni jurídico-, pues ambos regidores disfrutan de mayoría absoluta.

Todo el colectivo asociativo, sindical e, incluso, la Iglesia católica a través del obispo de Málaga, José Antonio Satué, pusieron el grito en el cielo ante la barbaridad cometida por PP y Vox, coincidiendo en su estupefacción, indignación y condena. El revuelo ha sido de tal dimensión, que el pasado martes, durante el Consejo Sectorial de las Mujeres, celebrado con motivo del 8M, el alcalde de Málaga se retractó. Lo hizo de palabra, asegurando que "fue un error" y que "no vamos a cambiar nuestra conducta" en lo que respecta a la ayuda a las personas migrantes. El daño, sin embargo, ya está hecho y urge averiguar cómo dar marcha atrás de facto.

De la Torre o Salado son buenos ejemplos de malos gobernantes, capaces de sacrificar derechos fundamentales por un puñado de votos. Pese a la rectificación del alcalde de Málaga, haber caído en la trampa de Vox no le deja en buen lugar. La presión social y, siendo honestos en una ciudad tan capillita como Málaga, las manifestaciones de su obispo, han avergonzado a De la Torre por su conducta, motivo por el cual se retracta.

Mientras el PP malgasta tiempo y recursos de los contribuyentes en cuestiones que no suponen problema alguno o, sencillamente, que son urdidas por la extrema-derecha para sembrar el odio, descuida lo que sí le compete y urge, como es la vivienda. Esta misma semana hemos conocido, según el Informe Foessa sobre Andalucía , que más de 200.000 personas en Málaga viven bajo el umbral de la pobreza tras pagar el alquiler. La situación es tal en la provincia que pese al boato del PP en torno al turismo de la Costa del Sol, 180.000 personas sufren inestabilidad laboral grave y otras 280.000 no pueden comprar medicamentos o tratamientos por falta de recursos. Este informe de Cáritas revela que uno de cada cuatro andaluces vive en exclusión social.

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Ante esta situación, también esta misma semana y tras una averiguación por parte de grupo municipal Con Málaga, hemos conocido que pese a que en el Registro Municipal de Demandantes hay más de 34.300 personas inscritas, el Ayuntamiento de Málaga únicamente entregó dos VPO (Viviendas de Protección Oficial) en 2025. Parece, pues, que De la Torre tiene cuestiones más importantes que abordar que arremeter contra una regularización de personas migrantes que ni siquiera le compete.

La impresentable moción de Vox insiste en "una emergencia de inseguridad en nuestras calles y barrios" y he de admitir que ahí tiene razón. En las últimas semanas se han detectado españolitos espabilados que estafan a las personas migrantes pendientes de la regularización hasta 450 euros por un trámite que es gratuito. Hemos podido descubrir cómo la Policía Nacional ha liberado a 45 trabajadores inmigrantes explotados en la recogida de mandarinas en una finca de Dos Hermanas (Sevilla). El grupo criminal que se aprovechaba de los más vulnerables, mantenía a los trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social, en condiciones que no cumplían las medidas mínimas de seguridad y habiendo falsificado documentación oficial.

En esta misma órbita, las temporeras marroquíes contratadas en origen llevan semanas contactando con organizaciones independientes para denunciar las condiciones de alojamiento, trato y trabajo que soportan en las fincas de Huelva en las que desempeñan su labor. Ante estas denuncias, las temporeras han advertido que son víctimas de una cacería humana por parte de algunos empresarios, requisándoles teléfonos móviles y violando su privacidad para detectar a las denunciantes. El empresario fresero Antonio Luis Martín, conocido como El Curi, que entrevistado por Jordi Évole llegó a admitir que practicaba a las trabajadoras migrantes "un tipo de arresto psicológico", ha afirmado que el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha "da mucho por culo" por exigir los derechos que reclaman las temporeras.

Esa sí que es "una emergencia de inseguridad" que sufre España y a la que el PP debería prestar atención, arrinconando a quienes la invisibilizan mientras se nutren de ella, es decir, Vox. No hacerlo o, lo que es peor, subirse a ese barco es lo que le ha llevado a los de Feijóo a una peligrosa deriva a la que la gente buena de España no está dispuesta a dejarse arrastrar.