Los ucranianos de Kyiv y otras ciudades del país han salido a las calles. Es la primera gran movilización antigubernamental desde el comienzo de la guerra de 2022. Y lo han hecho, además, a pesar de estar vigente una ley marcial que prohíbe este tipo de actuaciones. Y han tenido lugar justamente al mismo tiempo que tenía lugar una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Hay ya quien habla de un nuevo punto de inflexión en el conflicto. Pero vayamos al origen de esta situación. 

Todo comenzó cuando el pasado 23 de julio, el presidente, Volodimir Zelensky, firmaba una norma que colocaba a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la fiscalía anticorrupción (SAPO) bajo el control directo del fiscal general, figura que, a su vez, es nombrada por el propio jefe del Estado. Y todo ello tras la publicación por parte de NABU de distintos casos de corrupción dentro de la SBU donde aparecen enriquecimientos ilícitos de distintos miembros de este organismo. 

La medida fue aprobada por el Parlamento ucraniano con el respaldo de la mayoría oficialista y, a pesar de las advertencias de organizaciones civiles y socios internacionales, fue ratificada por Zelensky sin enmiendas. Es interesante observar cuáles fueron los argumentos de algunos de los miembros de la RADA. "Quiero pedir hoy a la Verjovna Rada que no se detenga en esta votación, sino que derogue gradualmente todas las leyes que aplican consejos consultivos y supervisores internacionales. Privan al país de soberanía. Sí, podemos discrepar con nuestro Gobierno, podemos discrepar con el presidente, pero la clave es nuestra autoridad constitucional. Y si seguimos este camino, tenemos derecho a reelegir. "Pero si optamos por la externalización del país, nunca tendremos derecho a reelegir al Gobierno, nuestra soberanía será destruida y este será un modelo colonial", dijo Julia Tymoshenko, la otrora "zarina del gas", aliada de Bush y líder de la Revolución Naranja en 2004. Su discurso vuelve a poner sobre la mesa las profundas divisiones internas dentro del régimen ucraniano. Unas divisiones que siempre han estado ahí y que trascienden el maniqueísmo de pro-ruso o anti-ruso.  

Las nuevas disposiciones legales otorgan al fiscal general poder para acceder a investigaciones en curso, reasignar o incluso cerrar casos sin supervisión judicial independiente, además de la capacidad de intervenir directamente en el trabajo de NABU y SAPO. Estas instituciones nacieron tras la revolución del Maidán como pilares de la lucha contra la corrupción sistémica que ha lastrado al país durante décadas. "Se está minando la independencia de los únicos organismos que han investigado casos reales de corrupción en las altas esferas del poder", denunció en redes sociales Daria Kaleniuk, directora ejecutiva del Centro de Acción Anticorrupción. "Es un retroceso peligroso que pone en duda el compromiso del Gobierno con las reformas democráticas". 

La guerra, si algo trajo, fue una aparente cohesión interna en el seno de la vida política ucraniana. Todas las sensibilidades políticas se cerraron en torno a la figura de Zelensky, pero siguieron, como el dinosaurio, muy presentes y preparando sus siguientes movimientos. La agencia política ucraniana, además de operar en términos de alejamiento de Moscú, tiene dos almas que llevan en disputa abiertamente desde el Euromaidán: el alma nacionalista y el alma liberal. Si durante la denominada revolución del Maidán, el movimiento ciudadano fue secuestrado por los nacionalistas, en esta ocasión son los más liberales, denominados por muchos como "sorositas", los que protestan y lideran la protesta. La aprobación de esta ley ha mostrado que la parte más nacionalista es la que está marcando la pauta en el país, eso y que, además, es imprescindible recordar la necesidad de agradar a Trump, y qué mejor que atacar aquellas instituciones que típicamente conforman el universo del tercer sector en Ucrania y que, en su mayoría, están financiadas por Soros. 

En todo caso, la presión sobre Zelensky ha hecho que este anuncie que se elaborará un plan de acción conjunta con el Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de Seguridad para garantizar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, las promesas no han frenado la indignación de una sociedad civil que considera traicionado el espíritu de reforma que emergió tras el Euromaidán. 

Las protestas contra Zelenski reflejan una tensión natural entre seguridad y democracia en un país que lucha por su supervivencia. No es una rebelión masiva, pero sí una advertencia que Europa y el propio gobierno ucraniano no deberían ignorar y la muestra de un pueblo que está exhausto tras más de tres años de guerra.