Opinión
La ultraderecha y la glorificación de los justicieros
Por Miguel Urbán
El pasado 15 de julio, el Tribunal de Casación italiano —equivalente al Tribunal Supremo español— confirmó la condena a catorce años y nueve meses de prisión para Mario Roggero, joyero de 72 años de la región del Piamonte. Tras un largo periplo, el tribunal rechazó el recurso de la defensa del joyero, que alegaba que este actuó en legítima defensa el 28 de abril de 2021, cuando sufrió un atraco en su joyería y asesinó a dos de los ladrones mientras se daban a la fuga.
A pesar de que pocos juristas cuestionan la resolución judicial y de que los tribunales no han hecho más que aplicar una ley ya reformada en 2019 por el propio Salvini, cuando era ministro del Interior, para ofrecer más garantías a quien se defiende, el Ejecutivo ha salido en tromba a criticar la decisión del Tribunal de Casación. De esta forma, ha convertido a Roggero en el nuevo símbolo de la ultraderecha italiana, que encarna su discurso de línea dura en materia de seguridad. Así, la primera ministra, Giorgia Meloni, agudizaba su enfrentamiento con el poder judicial al calificar la sentencia de 'desproporcionada' y abrir un debate sobre los límites de la legítima defensa en el que, cómo no, ha intervenido Elon Musk, publicando en su red social: "¡Es una locura! Son el juez y el fiscal de este caso los que se merecen esta condena".
Lo único cierto es que, en el debate sobre la sentencia a Roggero, poco importan las razones judiciales de su condena. Este caso se ha convertido en un elemento fundamental de la disputa política italiana a menos de un año de las próximas elecciones. El ascenso del nuevo partido ultraderechista Futuro Nazionale, liderado por el antiguo general Roberto Vannacci, que acusa al Ejecutivo de ser demasiado blando y que en los sondeos ya obtiene un 7% de los votos, por encima de su antiguo partido, la Liga de Matteo Salvini, ha incrementado la competencia entre la ultraderecha italiana por ver quién aparece como más extremista ante un electorado en disputa.
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Ante esta situación, Salvini, el más preocupado por la competencia de Futuro Nazionale, ha visitado dos veces al joyero en prisión y ha asegurado que le gustaría que fuera candidato de su partido en las elecciones del próximo año para que adquiriese, de esa forma, inmunidad parlamentaria, a pesar de que legalmente no sea posible. Una propuesta que ya había planteado el propio Vannacci, que ha aparecido en varios actos con una camiseta con el lema: "Todos somos Mario Roggero". Además, la Liga, en una agudización de su discurso en favor de los "justicieros ciudadanos", ha presentado un proyecto de ley para ampliar lo que puede hacerse en nombre de la legítima defensa, anulando el castigo penal para quien actúe frente a un asalto armado a una vivienda o un negocio y socavando principios jurídicos clave para valorar esa acción, como el de proporcionalidad.
En este sentido, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, a instancias de la primera ministra Meloni, solicitó al día siguiente de conocerse la sentencia firme la concesión del indulto para el joyero. Una potestad que corresponde al presidente de la República, Sergio Mattarella, y que requiere el arrepentimiento del solicitante, algo que Roggero solo manifestó cuando entró en prisión. Además, se trata de un procedimiento que dura años y se concede en contadas ocasiones.
La competencia entre las derechas acelera el populismo punitivo, permitiendo un desplazamiento de la ventana de Overton que normaliza propuestas cada vez más escoradas hacia la ultraderecha. Este contexto favorece que los discursos sobre la seguridad y la inseguridad ciudadana cobren cada vez más fuerza en los debates públicos, también en nuestro país. Así, mientras el Partido Popular habla de endurecer las penas ante el supuesto incremento de la inseguridad ciudadana, Vox plantea que los españoles puedan "disponer de un arma en su casa para usarla en situaciones de amenaza real para su vida, sin tener que enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron".
De hecho, en el Estado español tendríamos un homólogo de Roggero: Pepe Lomas, un octogenario condenado a seis años por el asesinato de una persona que entró en su vivienda para robar una motosierra. Para la mayoría de la población, Lomas es un desconocido, pero la ultraderecha lo ha encumbrado como un héroe, el ejemplo del ciudadano-justiciero que protege su hogar frente a la delincuencia.
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Una campaña de apoyo a Lomas que ha ido más allá de los bulos en las redes sociales, con la organización de diferentes concentraciones para pedir su libertad, a las que han acudido figuras de todo el arco de la ultraderecha patria. El propio Daniel Esteve llegó a afirmar: "No tendría que ser condenado, tendría que ser condecorado con una paga vitalicia". En este sentido, durante la rueda de prensa de la noche electoral de las elecciones europeas, Alvise arrancó diciendo: "Me gustaría dedicarle esta victoria histórica a Pepe Lomas, el anciano condenado a prisión por defenderse en su propia casa". Un claro guiño a la fachoesfera, en consonancia con el auge del discurso ultra sobre la seguridad.
Porque la elevación de los "justicieros" a la categoría de héroes mediáticos no es una estrategia exclusivamente italiana, sino un rasgo común de la ola reaccionaria global, que busca legitimar el uso indiscriminado de la violencia como "legítima defensa" y las armas de fuego como una necesidad para la autodefensa ciudadana, llegando incluso a situar la protección de la propiedad privada por encima del derecho a la vida. Una estrategia que deshumaniza al delincuente mientras glorifica al "justiciero", convirtiendo un homicidio o una agresión en un "acto patriótico" necesario para defender la seguridad de la comunidad y restaurar el orden tradicional. Al mismo tiempo, deslegitima las instituciones y conecta con un voto de protesta que, ante las inseguridades sociales, encuentra respuestas en discursos cada vez más securitarios. Porque, como afirma Nuria Alabao, "si la inseguridad vital acaba convertida en miedo, el miedo es un poderoso disolvente de lo que nos vincula y un perfecto respaldo para la demanda de un Estado punitivo".
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