La proliferación de anuncios en portales inmobiliarios en los que se ofertan viviendas con habitantes dentro es cada vez más habitual. "¡OPORTUNIDAD! PISO OKUPADO. PERFECTO PARA INVERSORES Y GENTE ESPECIALIZADA EN DESOKUPACION, NO SE PUEDE VISITAR", son algunas de las descripciones que aparecen en sucesivos anuncios de pisos que normalmente van acompañados de un precio, algo inferior al de mercado. Un pequeño descuento si te encargas de desalojar al okupa o al inquiokupa de turno. Una oportunidad para inversores, lo llaman. Un negocio miserable es lo que es.  

La ausencia de límites en el salvaje y desbocado mercado inmobiliario, así como la avaricia y el afán especulativo de algunos profesionales del rentismo y también de unos cuantos amateurs que han sucumbido a la "rentabilidad" de dedicarse al mercado inmobiliario, está provocando situaciones tan inéditas como ética y jurídicamente reprochables. Me refiero a ser capaces de acuñar un neolenguaje funcional al rentismo como es el de denominar a un inquilino que ya no resulta rentable inquiokupa, o denominar a una organización criminal cuya actividad se basa en la comisión de delitos de amenazas y coacciones para ejecutar desalojos sin orden judicial "empresa de mediación".  

Y todo acompañado de un bombardeo, que cada vez nos resulta más familiar, de anuncios de alarmas y seguros antiokupación a pesar de que los datos demuestren que se trata de casos anecdóticos y de que el verdadero temor que tiene la mayoría de la población es a que no le renueven el contrato de alquiler o a que le coloquen un Airbnb en el piso de arriba. A ver para cuándo un seguro anti vivienda turística.   

Son cada vez más frecuentes las personas que no pudiendo hacer frente a las subidas de la renta del alquiler —inquilinos e inquilinas que no se niegan a pagar, pero que objetivamente no pueden pasar a pagar el doble o el triple de lo que venían pagando— se enfrentan a los denominados renoviction, una no renovación del contrato de alquiler que conlleva implícito el desalojo de la vivienda, porque son, de facto, desahucios encubiertos. Son lentejas, o aceptas el nuevo precio o lo dejas.  

 Si para el rentismo esa persona que no puede abandonar su vivienda de forma inmediata es un inquiokupa, ¿cómo deberíamos calificar nosotros ese tipo de prácticas de abuso y extorsión?; ¿no deberían tener incluso un reproche penal los que, aprovechándose de una situación de necesidad abusan a sabiendas de otra persona o un colectivo que está claramente en una posición de desigualdad, máxime cuando hablamos de bienes de primera necesidad? Nada más lejos de la realidad.  

Lo cierto es que lo que aumentan son los casos de perjudicados por el acoso inmobiliario, un modus operandi cada vez más extendido y normalizado como  parte más del "negocio inmobiliario" y también cada vez más diversificado.  

En los últimos meses hemos visto de todo: acoso inmobiliario mediante obras que se utilizan para impedir el normal uso y disfrute de viviendas —véase el caso de los vecinos y vecinas de Tribulete 7 en Madrid—, pintadas amenazantes en portales y telefonillos, cuando no "matones" directamente que coaccionan y amenazan a personas  —como Manuela que perdió su casa de toda la vida por avalar a su hija y ahora un rentista de tres al cuarto le ha mandado a una de esas empresas de desokupación para echarla de su casa— o acoso inmobiliario mediante cortes continuados de suministro. El desalojo forzoso puede ser individual (si miramos un caso aislado), colectivo como en Cañada Real ( cinco años sin luz para forzar su salida), o en masa (como comienza a suceder si sumamos todos los casos de España).  

La semana pasada una persona de 73 años se suicidó en el barrio del Raval en Barcelona tras ser desahuciado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo toda esta violencia inmobiliaria? 

Puede que la especulación inmobiliaria vaya demasiado rápido, por delante de las leyes. Puede que muchas de las prácticas por las que se reproduce aún no estén calificadas como delictivas, pero lo que desde luego sí que lo está es el acoso inmobiliario en nuestro Código Penal, como uno de los delitos contra la integridad moral. Quizá sea el momento de que algún juzgado mande un nítido mensaje que sirva de aviso a navegantes: basta ya.