"¿Habría sido igual en el centro que en un barrio obrero?": afectados por la línea 7B del Metro de Madrid denuncian el abandono de las instituciones
Iván Fuentes perdió su casa en 2021. Tras 15 años viviendo entre grietas y crujidos, a él y a su familia les dieron 24 horas para abandonar su hogar.
El informe psicosocial del Centro Sira expone las consecuencias psicológicas devastadoras que las obras y las demoliciones han tenido en las vecinas y vecinos del barrio de San Fernando de Henares.
Madrid--Actualizado a
Ruidos, grietas, desalojos, derribos de casas, ver como toda tu vida desaparece en cuestión de horas... Esta es la cruda realidad en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, donde las obras de la línea 7B de metro convirtieron hogares en escombros. Una catástrofe agravada por el desamparo institucional del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado a cientos de vecinas y vecinos inmersos en un estado de incertidumbre. "¿Habría sido igual en el centro que en un barrio obrero?", se pregunta Alejandro Escribano, vecino afectado.
Un informe psicosocial elaborado por profesionales del Centro Sira señala un deterioro significativo del bienestar emocional de las familias afectadas y describe una creciente sensación de abandono por parte de las administraciones públicas. Esta situación, según el estudio, ha repercutido directamente en la convivencia y en la vida cotidiana del vecindario.
La ampliación de la línea 7B fue concebida inicialmente como un proyecto destinado a mejorar la conexión de la zona este de la Comunidad de Madrid con el centro de la capital. Lo que en un principio se presentó como una infraestructura dedicada a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, terminó generando graves consecuencias urbanísticas y sociales. Con el avance de las obras comenzaron a detectarse alteraciones en la naturaleza hidrológica del subsuelo del municipio, lo que provocó la aparición progresiva de daños estructurales en numerosos inmuebles.
Estos problemas se agravaron tras la modificación del trazado original de la línea, cuyo objetivo era el de conectar el recorrido con el Hospital del Henares. La conexión con el centro sanitario había sido una de las principales promesas electorales formuladas por la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en 2006.
Alejandro Escribano, víctima y portavoz de la Plataforma de Afectados, explica en declaraciones a Público que la Comunidad de Madrid ya conocía las posibles consecuencias de la obra tras varios informes y que, aun así, decidió continuar con el proyecto.
"El metro se inaugura en 2007 y, en enero de 2008 se realizan los primeros estudios al ver una degradación muy acelerada en las viviendas. La Comunidad de Madrid pide a la Universidad Complutense y a la Universidad Politécnica un estudio hidrogeológico. En las conclusiones se señala que, si no se tiene en cuenta el daño estructural y el daño hidrogeológico causado al suelo de forma artificial, puede haber graves problemas. Entre ellos, incluso el derribo de viviendas", declara el portavoz.
20 años después y con la línea de metro ya restablecida, las consecuencias para los vecinos de la zona han sido devastadoras. Esto se traduce en 73 demoliciones de viviendas, más de 600 hogares afectados, 1.800 personas damnificadas, más de 200 desalojos, 23 calles con problemas urbanísticos, cinco comercios derribados y la pérdida de instalaciones de uso público. Entre ellas destacan una guardería infantil, la Escuela Municipal de Adultos, la Escuela de Idiomas, la Casa de la Juventud, la Casa de la Mujer, una sala de exposiciones y centros socioculturales, entre otros.
Iván Fuentes, como tantos otros vecinos y vecinas, perdió su casa en 2021. En conversación con Público, recuerda cómo a él y su familia, después de 15 años viviendo entre ruidos y grietas, les dieron tan solo 24 horas para abandonar su hogar: "Lo único a lo que nos agarramos era a que en tres o cuatro meses íbamos a volver", explica. Sin embargo, lo que en un principio parecía una promesa de futuro, un retorno a su vida cotidiana, terminó siendo otra cosa: "Pasados esos cuatro meses nos llega la notificación de que se derriba el edificio", declara Iván.
En consecuencia, esta situación paralizó su vida. "Yo no sabía lo que iba a pasar al día siguiente", expone. Y añade: "Antes de la demolición, negociamos que finalmente nos dejaran entrar 30 minutos para entrar en la vivienda y coger lo que pudiéramos. En mi caso ni siquiera pude subir porque yo vivía con mis padres y solo dejaban a dos personas por vivienda".
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De sus pertenencias, tan solo pudo conservar una cámara de vídeo con la que más tarde grabaría, junto a otras víctimas de las demoliciones, tres cortometrajes – Tiritas, Deseo de Navidad y Casas Rotas– y un documental –Vidas Rotas– exponiendo el dolor que las vecinas y vecinos de San Fernando habían tenido que hacer frente y por el que hoy en día continúan sufriendo y luchando en una batalla por la empatía, el reconocimiento y la indemnización.
Tras ser expulsados de sus hogares, fueron enviados a un apartahotel a 15 kilómetros de su barrio, del que más tarde también serían expulsados con un aviso de cinco días. Por ello, tuvieron que dormir 40 días en la calle, en tiendas de campaña, junto con otras familias que estaban atravesando la misma situación. "Había gente mayor, niños y niñas, personas de todas las edades", recuerda Iván.
Asimismo, uno de sus mayores dolores fue el rechazo y las críticas de otros vecinos que no estaban pasando por la misma situación, quienes consideraban que los afectados no tenían motivos para quejarse porque, supuestamente, "se lo estaban pagando todo". "Nos llegaron comentarios de otras personas del barrio diciendo: '¿Pero de qué os quejáis? Si os están pagando todo'", explica Iván.
Proyectos de vida derruidos
Las consecuencias para las vecinas y vecinos afectados no solo han sido materiales, sino que han dejado una huella emocional devastadora. De acuerdo con el Informe psicosocial del Centro Sira, muchos de ellos han experimentado afecciones en la economía, la salud física y mental, la vida cotidiana, la trayectoria educativa y laboral, las relaciones sociales y de pareja y la vida comunitaria, con todo lo que ello implica en el aspecto físico: dolores de cabeza, crisis de ansiedad, consumo de medicación y necesidad de atención psicológica duplicada desde el inicio de las obras.
"La gente ha necesitado ayuda psicológica y ha tenido que pagarla por su propia cuenta. Hablamos de personas que han tenido problemas en sus relaciones familiares y matrimoniales, personas que han caído en enfermedades relacionadas con el estrés o la depresión, gente que ha tenido problemas de corazón o que ha tenido diferentes patologías hipofísicas y psicosociales derivadas de esta problemática. En muchos casos incluso hay gente que ha perdido su trabajo. Todos esos daños no están reconocidos por parte de la Administración Pública", explica el portavoz de la plataforma de afectados.
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La situación de las personas afectadas muestra que los mecanismos de protección institucional no han sido suficientes para la gravedad del problema, generando desconfianza, inseguridad y daño moral. Además, casi el 90% de los vecinos considera insuficiente o nulo el apoyo de la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Comunidad de Madrid abierta de forma específica en el municipio de San Fernando.
De acuerdo con Alejandro Escribano, "una de las principales trabas que ha habido en todo este problema ha sido la omisión por parte de las Administraciones Públicas". "Ese es el elemento fundamental. El daño generado por la infraestructura del Metro se ha agravado no porque la infraestructura del Metro solamente haya generado el daño, sino por el abandono institucional de todas las administraciones", denuncia.
La cronificación de las obras en el tiempo ha fomentado la pérdida de infraestructuras comunitarias y ha socavado el tejido social y familiar de los vecinos de San Fernando. En consecuencia, el informe elaborado por el Centro Sira facilita una serie de recomendaciones que pasan por una reparación integral y urgente para San Fernando de Henares que combine restitución de viviendas, compensaciones económicas, apoyo en salud mental y garantías de no repetición, y que parta de un reconocimiento público de la responsabilidad institucional en lo sucedido.
"Nosotros, como afectados, solo pedimos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconozca los daños causados a las vecinas y vecinos del municipio, y que sus vidas les sean restituidas tal y como estaban antes de esta problemática", explica Alejandro Escribano.
A lo que añade: "Pero con las indemnizaciones no se cierra un problema; al contrario, se abre otro, la vía judicial. La Comunidad de Madrid nos obliga a ir a juicio para reclamar lo más básico: la vivienda que teníamos. Esto es absolutamente inviable porque las familias de San Fernando de Henares, y esto es lo que subrayo dos y tres veces, somos familias trabajadoras. Nos preguntamos qué habría pasado si esto hubiese ocurrido en el centro de Madrid –Salamanca, Génova o Moncloa– y no en un barrio obrero de la periferia".
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