Vivienda: la batalla definitiva de la legislatura

El Gobierno de coalición PSOE-Sumar llega a la recta final de la legislatura. Se adentra el velero mar adentro, un tsunami aguarda en la política internacional. Donald Trump está dejando  el tablero geopolítico en llamas. Su alianza con el genocida Benjamín Netanyahu está destrozando Oriente Medio, la región más inflamable del mundo. Pasadas tres semanas desde el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán, las víctimas mortales de guerra se cuentan por centenares; los desplazados llegan hasta los 2,5 millones en los países afectados. 

La economía global se está viendo severamente afectada por la guerra de Irán y la escalada de los precios del petróleo y el gas. Las consecuencias no se han hecho esperar para toda Europa. España también se verá afectada por las decisiones unilaterales del presidente estadounidense. Este viernes, el Fondo Monetario Internacional revisaba ligeramente a la baja sus proyecciones de crecimiento para el país de cara a 2026 y 2027; aun así el ritmo de expansión de la economía española seguirá firme a corto plazo, a pesar del impacto adverso esperado por el conflicto, según las previsiones del organismo. 

La nueva crisis ha hecho que el Ejecutivo busque soluciones de urgencia. Este viernes aprobaba dos reales decretos, tras una tensa y larga discusión entre las dos partes del Ejecutivo, PSOE y Sumar. Los primeros se negaban a incluir en el real decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra medidas que implicaran la contención del precio de los alquileres. Los segundos han hecho del derecho a la vivienda una de sus principales banderas estos años y ven cómo pasan los meses y los socialistas no se mueven en este sentido.

Cierto es que el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas del país y la legislatura llega a su recta final sin que el Gobierno de coalición progresista haya logrado tocar la tecla que avance en la solución al asunto. Las reticencias del PSOE de ir más allá en esta materia han ido desesperando a sus socios en el Consejo de Ministros. Mientras, el PP boicotea la ley de vivienda vigente desde las comunidades autónomas, evitando la declaración de zonas tensionadas que permitan intervenir el precio de los alquileres.     

El PNV había hablado esta semana, los nacionalistas vascos no votarían a favor de un real decreto que incluyera políticas sobre vivienda. PP y Junts tampoco quieren oír hablar del tema. El PSOE, reticente como siempre. El Gobierno llegaba al Consejo de Ministros dividido y este no arrancó hasta dos horas después, los cinco ministros de Sumar se plantaron. Así, se culminó la negociación, entre las bambalinas de Moncloa y sobre la bocina. Entran en vigor dos reales decretos, el Congreso tendrá que convalidarlos durante el próximo mes. 

El primer decreto no debe tener problemas para salir ratificado de la Cámara Baja en los próximos días. Se trata de un paquete de 80 medidas que entran en vigor este sábado y que van a movilizar 5.000 millones de euros para ayudar a hogares y empresas ante las consecuencias de la guerra. Entre estas se encuentran bajadas de impuestos tales como el IVA de la electricidad, gas natural, leña, pellets, gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos y la rebaja de otros impuestos sobre la energía. La rebaja de impuestos va en la línea de las propuestas de las derechas, que ven con buenos ojos la propuesta socialista. Sumar ha logrado que se incluyeran controles a los márgenes empresariales en el decreto.

El segundo no tiene los votos asegurados, ni mucho menos. El punto de partida es complejo para el Ejecutivo. Las derechas parlamentarias, PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria, pueden frenar la iniciativa. Al PSOE le aterroriza perder votaciones en el Congreso. Sumar, por su parte, ve una oportunidad para marcar discurso propio, de que el debate político verse sobre la cuestión habitacional, una manera de distanciarse de un PSOE que está liderando el discurso del No a la guerra y de retractar a las derechas ante la gran crisis del momento, la de la vivienda y el aumento de los precios del alquiler. Desde algunos sectores socialistas, como el Ministerio de Vivienda, han sugerido estos meses que intervenir el mercado de los alquileres, obligando a prorrogar contratos de alquiler, podría "genera dudas jurídicas", tal y como afirmó la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez en una entrevista con Carlos Alsina el pasado mes de enero. Hoy está en vigor esta medida. 

Esta segunda medida conlleva una prórroga extraordinaria de dos años a todos los contratos que terminen antes del 31 de diciembre de 2027. Por otro lado, se topa al 2% las actualizaciones anuales de todos los contratos de alquiler, con el objetivo de evitar que el alza de los precios de la energía eleve el IPC y el IRAV y con ello suban drásticamente los precios de los alquileres.   

Como decimos, los números no cuadran en estos momentos para que el decreto de vivienda salga convalidado de la Carrera de San Jerónimo. Pero ahí está la oportunidad política. La izquierda alternativa ha de movilizar en las próximas semanas a las personas afectadas por los precios desorbitados del alquiler, a los colectivos en lucha por el derecho a la vivienda tales como los sindicatos de inquilinas o la PAH, organizaciones sindicales y asociaciones vecinales. La victoria política está en dar la vuelta a una votación que, de antemano, parece perdida, la de la congelación de los alquileres.

Solo así puede cambiar una realidad que actualmente cristaliza en una mayoría parlamentaria contraria a la congelación de los alquileres. Si se demuestra que hay una mayoría social que está a favor de la medida, algunas formaciones políticas pueden cambiar el sentido de su voto. Este es el impulso que tienen los partidos de Sumar en el Gobierno: IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar. Convertir en una victoria ciudadana lo que a priori es una derrota parlamentaria.

En el contexto de la guerra y del impulso de un nuevo escudo social por parte del Gobierno. En la pelea dentro del Consejo de Ministros que ha dado Sumar esta semana, se ha abierto la ventana de oportunidad para que las izquierdas políticas, en coordinación con los movimientos sociales, den una nueva batalla por el derecho a la vivienda. Quizás, la batalla definitiva de la legislatura por la vivienda.