Por Pablo Socorro, miembro de La Comuna.

En 1931 se ponía la primera piedra de la Prisión Provincial de Las Palmas. Desde su inauguración en 1934, sus paredes encierran 88 años de la historia más sórdida de la isla, que la convierten en uno de los paradigmas de la represión en Canarias. En su última etapa, ya reconvertido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, ha ejercido de cárcel para personas cuyo único delito es alcanzar las islas con el objeto de mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. Las deficiencias estructurales que presenta el espacio obligaron el pasado año al cierre del CIE y el inicio, por parte del anterior Ejecutivo central, de una reforma exprés -iniciada en agosto de 2018, aún en curso- que desoye las propuestas alternativas de la sociedad civil e instituciones insulares. Es el caso de la plataforma Canarias Libre de CIE, referente local en la lucha por el cierre de los CIE, que propone su reconversión en Centro de Interpretación para la Memoria de Canarias por la recuperación, investigación y divulgación de la memoria colectiva desde el fallido Golpe de Estado de 1936 hasta la actualidad

Esta prisión fue proyectada dentro de los nuevos patrones penitenciarios, vinculados a la reinserción y reeducación de los reos. Se trataba de una prisión de 100 plazas, 90 para hombres y 10 para mujeres, con amplios pasillos y celdas individuales y por parejas, pabellones independientes enlazados entre sí por galerías, con zonas intermedias para los espacios libres, como patio, biblioteca o el comedor. Sin embargo, a los dos años de su creación, la nueva Prisión Provincial de Barranco Seco pasaba a convertirse en un lugar de terror.

Pese a lo que se puede pensar, Canarias sufrió una aguda represión durante la Guerra Civil y la posterior posguerra desde la declaración de levantamiento militar ordenada por Francisco Franco en el Hotel Madrid, en la capital grancanaria, la noche del 17 de julio de 1936. Esa misma noche, una lista de “personajes peligrosos” fue entregada a los sublevados para su detención inmediata. Esta lista se vería engrosada con el paso de los días por miles de personas que se significaron contra la sublevación o que su posición suponía un problema para el mantenimiento del orden impuesto. Por ello, desde el primer momento, el sistema carcelario en las islas se vio desbordado por una auténtica avalancha de presos que colapsaron inmediatamente las dos prisiones provinciales. La Prisión Provincial pronto se convierte en un espacio de hacinamiento con miles de presos.

Tras la Guerra Civil, la prisión provincial se perfeccionó como instalación operadora de las penas, tanto de reclusión, aislamiento y torturas, como de ejecución. Entre sus muros fueron condenados a garrote vil cientos de personas entre 1936 y 1959. Los que no llegaban a penas capitales, o no morían por culpa de las condiciones higiénicas, esperaban amontonados su traslado a las cárceles modelos de la península, donde a la pena se le añadía la separación de seres queridos.

Dibujo de Tony Gallardo durante la Huelga de Hambre de la Prisión Provincial de Las Palmas. 1968

Muchos fueron los que se dieron de bruces contra las rejas de la Prisión Provincial, militantes antifranquistas miembros del Partido Comunista, tras la organización del 1º de Mayo Rojo en la capital grancanaria en 1966. También los que cayeron en los Sucesos de Sardina del Norte. Dirigentes políticos y artistas como Tony Gallardo también fueron encarcelados, o referentes del antifranquismo canario como Juan García Suárez, El Corredera, que fue asesinado en el patio a garrote vil el 19 de octubre de 1959. Su asesinato prendió una llama que aun hoy no se ha apagado.

El uso represivo de este penal no acaba con la llegada de la Transición Pactada. La Prisión Provincial siguió funcionando como penitenciaría de Las Palmas hasta entrados los años noventa. Durante este tiempo, la prisión se vuelve a abarrotar de presos políticos. Los años de la Transición en Canarias provocaron una tensión constante entre la ruptura con el régimen posfranquista, y el mantenimiento del orden heredado. Esta conflictividad en todos los sectores sociales y económicos de Canarias, degeneró en una represión que se cebó sobre los sectores sociales a los que la Crisis del Petróleo de 1973 había horadado.

Durante estos primeros años de Transición, las cárceles del Estado, y con ella Barranco Seco, se convirtieron en espacios de lucha democrática, en este caso, por la Ley de Amnistía y la defensa de los derechos para los llamados presos comunes. En el caso de Canarias a esto se suma los intentos del Gobierno Central de desarticular el MPAIAC (Movimiento Por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), lo que provoca diferentes motines en la Prisión Provincial.

Motín en la Prisión Provincial de Las Palmas en solidaridad con el motín de Carabanchel. 1978

A partir de la aprobación de la Ley de Extranjería en 1985 y, sobre todo, tras la crisis de los cayucos en Canarias de 2006, el nuevo CIE de Barranco Seco pasó a convertirse en un espacio donde se generaliza la improvisación y, con ella, las violaciones de derechos, como han puesto de manifiesto en multitud de ocasiones los colectivos sociales, el defensor del pueblo o las propias instituciones. El CIE se convierte en un espacio torturante sin más objetivo que inhibir las esperanzas de quienes consiguen llegar a este archipiélago, que es punto de unión de tres continentes. Ya en su momento la mayoría de los diputados de Las Palmas en Madrid dieron la razón a los colectivos y personas que quieren su cierre y un cambio paradigmático en la políticas migratorias del Archipiélago Canario, un hecho que esperamos que el nuevo gobierno surgido del Pacto de las Flores sepa liderar.

La historia de este penal, hasta la actualidad, es la historia de miles de hombres y de mujeres que han sufrido la represión y la tortura por luchar contra el orden establecido, ya sea contra la dictadura y la Transición Pactada, como contra la hegemonía del Norte Global sobre los países del Sur. Por ello, es de urgencia su cierre definitivo como Centro de Internamiento de Extranjeros y la apuesta por una utilidad social en la búsqueda de una verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sobre los crímenes que ahí se vivieron y se pueden seguir viviendo.