El 18 de julio de 2014, no podía ser otro día, ingresaba por primera vez en un centro disciplinario. Comenzaba la represión. En total, 139 días encerrado en tres arrestos por decisión de la cúpula militar y sin que un solo juez interviniera en el proceso. Después de eso, todo. O nada. Según se mire, según el día. Insultos, amenazas, campañas de desprestigio, aislamiento.

Es inimaginable lo que supone ser encerrado en un centro disciplinario cuando tus ‘carceleros’ son subordinados de quienes has denunciado. Es inimaginable cómo día a día, hora a hora y minuto a minuto la vida se puede hacer insoportable en esas condiciones y terminas por permanecer en una habitación en la que estás solo, sin que nadie pueda hablar contigo, y no te dejan ni tener una radio “con la que hablar”. Casi aislado del mundo. Como si te hubieran amputado la vida de un segundo para otro, todo desaparece.

Jamás olvidaré esos días. Jamás olvidaré los veintidós días en huelga de hambre custodiado en el Hospital Militar Gómez Ulla por militares de distintas unidades como si fuera un delincuente. Ni al teniente coronel López de Celis y su muy estrecha compañera de fatigas y cómo llegaron a engañarme en una de las declaraciones a pesar del estado en el que me encontraba. Jamás olvidaré al comandante, al brigada y a algún militar del centro disciplinario que se ganaron a pulso las medallas que les debieron entregar por su comportamiento.

Después de aquello, el despido exprés en un solo año y sin pasar por el juzgado, con una interpretación perversa de la normativa. Expresamente retorcida para encajar una decisión tomada con anterioridad a los procesos: lo que poco después denominaría por escrito el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, como "sanción ejemplarizante". Había que dar ejemplo, y se dio. Aunque fuera arrestado dos veces por lo mismo debido a que encargaron la elaboración de un dossier de declaraciones a un inútil y este no se percató de que había declaraciones que provenían de una misma entrevista publicada en varias páginas web distintas. Aunque en la última resolución del Tribunal Central Militar del año pasado, 2017, se me aplicara el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Aunque el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se pasen por los distintos arcos que existen tanto las vulneraciones de derechos como las directivas europeas en cuanto a protección de denunciantes de corrupción. Todo da igual; para ellos no hay límites ni errores ni directivas europeas. Todo sea por ‘ejemplarizar’.

Ahora, cuatro años después, nada espero de la justicia española y solo me queda confiar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) analice mi caso y determine que se violaron mis derechos. Ello puede suceder en el mejor de los casos en unos tres o cuatro años y, en el peor, en unos cinco o seis años. Es decir, denunciar lo que miles de militares sabíamos que sucedía supone un agujero negro de unos diez años.

¿Qué se puede esperar de la justicia en Europa si tarda 10 años en reparar las injusticias?

Es el Gobierno actual, con el PSOE al frente y los apoyos de Unidos Podemos, ERC, PdeCAT y PNV, el único que puede acortar esta sinrazón, reparar el daño a todos los que hemos perdido nuestros trabajos y nuestros futuros por denunciar aquello que no debería ocurrir y aprobar una ley de protección a los denunciantes de corrupción para que jamás nadie más tenga que pasar por una situación semejante. Para que nadie más pierda su trabajo y su futuro y el de su familia solo por denunciar.

Puede hacerlo, además, de muchas maneras. Puede readmitirme porque, evidentemente, las medidas disciplinarias tomadas en mi contra solo tenían como finalidad expulsarme, “ejemplarizar”, o puede conseguir que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado protejan en los juzgados a los alertadores -todavía tengo una causa pendiente en el Tribunal Supremo- tal y como solicita la Unión Europea, en lugar de martillear a los denunciantes como ordenaba el Partido Popular. Porque en este periodo, el comportamiento de Fiscalía y Abogacía del Estado ha sido tan "ejemplarizante" que hasta burlas he tenido que soportar del abogado del Estado. Parece ser que no bastaba con expulsar y dejar sin trabajo a un denunciante, además tenían que humillarlo y vejarlo pública y jurídicamente.

En definitiva, es el Gobierno del PSOE el que debe demostrar que no es el PP, es Dolores Delgado la que debe demostrar que no es Rafael Catalá y es Margarita Robles la que debe demostrar que no es ni María Dolores de Cospedal ni Pedro Morenés.

Siempre nos quedará Europa, pero queda muy lejos.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de 'El libro negro del Ejército español'.