RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

ETA se ha terminado. Lo dijo el 20 de octubre pasado y lo confirma la entrevista de Gara. Sería bueno que el desarme se produjera de inmediato pero, al parecer, la desmovilización lleva su tiempo y, a la vista del que ha necesitado la banda para tomar otras decisiones históricas, como la de iniciar la acción o la de continuarla a la muerte de Franco, puede ser un tiempo largo.

Pero habrá desmovilización y será en los términos del Estado, esto es, sin contrapartidas políticas. Así lo acepta también ETA al admitir que no estará en la mesa de negociación. Parece, pues, que pretende reservarse un estatus de opinante externa durante el proceso que se avecina.

El llamado “proceso”, sin embargo, acabará por necesidad siendo muy distinto de lo que ahora se haya planeado. Lo primero que se cuestionará, y razonablemente, será la existencia misma de una mesa de negociación. Un Estado de derecho, cuya legitimidad ya no se niega con las armas en la mano sino a través de sus cauces institucionales, en el que se integran todos y que admite todas las posiciones políticas, incluida la independentista, no tiene nada que “negociar”. Ni “mesas” que constituir. Su mesa son los parlamentos, el autonómico y las Cortes Generales. Ahí es donde hay que debatir y, si acaso, negociar. Y tienen que hacerlo los representantes electos de los ciudadanos, no los jefes militares ni los caudillos extraparlamentarios.

Con plena normalización, el llamado “problema vasco” pasará a ofrecer su auténtica dimensión de “problema español”, oculta hasta ahora por el humo de los disparos. “Problema español” porque afecta a Euskadi y Catalunya, y en parte a Galicia ya que, guste o no guste, parece obvio que el sempiterno problema territorial de España sigue sin estar resuelto a satisfacción general.

Mientras algunas fuerzas políticas españolas plantean dar marcha atrás en la descentralización del Estado, otras nacionalistas se encuentran incómodas en el actual marco constitucional. Ambas se retroalimentan y tensionan la vida política. La existencia de ETA mantenía congelado este problema; su desaparición lo pone al rojo vivo. Por eso, la agenda de ETA carece ya de interés.