Fernando Luengo, economista

Blog Otra economía: https://fernandoluengo.wordpress.com

@fluengoe

La respuesta corta a esta pregunta es que juegan las dos bazas, necesitan del Estado -este es un rasgo consustancial del capitalismo- y al mismo tiempo resulta vital para sus intereses crear y ampliar espacios que permitan la reproducción del capital. Presuponer la existencia de un antagonismo entre Estado y mercado, como si uno negara al otro, y que la apuesta de las élites es el “Estado mínimo” ha empobrecido y ha sesgado el relato y la acción política de las izquierdas.

Es evidente que las oligarquías económicas se han organizado y han actuado a lo largo de las últimas décadas para reducir el peso de los Estados en la actividad económica. Algunos ejemplos destacados de esta pérdida de relevancia son la reducción del gasto destinado a la educación y a la salud, el recorte en las partidas dedicadas a las pensiones y en los cuidados de los mayores. Levantando la bandera, cargada de ideología y en absoluto justificada, de la supuesta ineficiencia y despilfarro de lo público y de la superioridad de la iniciativa privada a la hora de asignar los recursos disponibles, se ha despejado el camino, ese era el objetivo, para hacer grandes y muy lucrativos negocios, promoviendo la educación privada y concertada, mercantilizado la atención sanitaria, impulsando los fondos privados de pensión y la privatización de la atención a los mayores.

La exigencia de menos Estado también ha quedado reflejada en la débil o inexistente regulación de actividades que ofrecían lucrativas oportunidades de negocio a los capitales privados… siempre que los poderes públicos hicieran dejación de sus responsabilidades; ahí están los ejemplos de la “banca en la sombra” o de los productos y mercados financieros de alto riesgo. También cabe referirse, apuntando en la misma dirección, a la reducción de los impuestos pagados por las corporaciones y las grandes fortunas. En este caso con el argumento, tan falso como los anteriores, de que la recuperación de los beneficios y el estímulo al ahorro derivado de la menor carga fiscal tendría un impacto favorable sobre la inversión productiva y la competitividad de las firmas.

Al mismo tiempo que todo lo anterior, que apunta claramente hacia el debilitamiento o expulsión del Estado de la actividad económica, los actores que determinan la operativa de los mercados han exigido una presencia creciente e intensa de los poderes públicos, claro está, al servicio de sus intereses. Un ejemplo de manual han sido los rescates bancarios con cargo al dinero de todos, en un escandaloso proceso de socialización de pérdidas provocadas por la asunción de riesgos excesivos y por las prácticas irresponsables de los actores financieros.

Otro ejemplo se encuentra en las operaciones de adquisición por parte del Banco Central Europeo de bonos y otros activos a los bancos y a las grandes corporaciones, contribuyendo así al saneamiento de los balances de estas empresas y a dotarlas de recursos en condiciones privilegiadas; recursos que, en su mayor parte, han sido utilizados para seguir alentando la economía basada en la deuda, cuya relevancia es ahora mayor que cuando estallo el crack financiero en 2008-2009.

Los lobbies corporativos, organizados en redes formales e informales, tampoco han dudado en presionar a las instituciones comunitarias y a los gobiernos y para que se aplique una legislación laboral, mal denominada flexibilización del mercado de trabajo, cuyo objetivo fundamental ha sido alterar en beneficio del capital las relaciones de poder en los centros de trabajo, debilitar la acción sindical y presionar sobre los salarios para aumentar los beneficios.

De modo que no es cierto que la esencia del neoliberalismo -ni tampoco la del capitalismo- sea el “Estado mínimo”. Representa más bien una imbricación de lo público y lo privado, siempre sobre la base de las exigencias de acumulación del capital, en un contexto de una sistemática deslegitimación de las políticas redistributivas y de las instituciones que las llevan a cabo.

En la situación actual, ante una crisis económica y social de proporciones históricas, las oligarquías necesitan y exigen redefinir las relaciones con el Estados. Por un lado, reclaman de los poderes públicos un apoyo financiero ilimitado que asegure su supervivencia y la recuperación de los márgenes de beneficio -más Estado, en definitiva. Si hasta hace bien poco se ensalzaban, convirtiendo en ley económica, las políticas de ajuste presupuestario -reducción continua y sostenida de los niveles de déficit y deuda públicos-, ahora se justifica y hasta se aplaude su aumento… todo lo que sea necesario. Dan por buena la alternativa de la deuda, que, no lo olvidemos, es un gran negocio para los bancos e intermediarios financieros.

Contemplando el escenario de la “reconstrucción”, una vez superada la fase álgida de la pandemia, reclaman, por otro lado, que se rebaje el nivel de protección y de regulación actual en materia de salarios y empleo, para, de esta manera, proceder a la realización de ajustes de plantillas y a la reducción de las retribuciones de los trabajadores. Y por supuesto, de ningún modo contemplan que las ayudas recibidas por parte de los poderes públicos vayan acompañadas de una mayor progresividad en la carga tributaria soportada por los de arriba o de una condicionalidad, por ejemplo, en materia de pagos a los grandes accionistas, compensación de los altos cargos, políticas de género o contribución a la sostenibilidad del planeta. Desde esta perspectiva, no hay duda, las élites reivindican “más mercado”.

Se ha dicho, y es cierto, que la crisis representa una oportunidad, pero no sólo para los de abajo, también para los privilegiados. Veremos si la misma es aprovechada por las oligarquías cara conseguir una articulación Estado/mercado que favorezca todavía más sus intereses; o es utilizada por las clases populares para abrir las puertas a otra economía, que pasa necesariamente por reforzar y ampliar el sector público y ponerlo al servicio de las mayorías sociales.