Marià de Delàs. Periodista

Òmnium Cultural decidió lanzar una ambiciosa campaña, Judici a la democràcia, que sus responsables valoran como la más importante en la historia de esta organización, fundada en 1961. Difunde desde hace días un spot en el cual una serie de personas conocidas del mundo de la cultura, significativamente remangadas para la ocasión, se muestran dispuestas a trabajar y destacan lo que unos no quieren ver y otros, con medios poderosos, quieren esconder: Lo que empieza ahora en Madrid, en el Tribunal Supremo, es un juicio contra la libertad, contra derechos elementales de las personas, y por eso dicen, #JoAcuso, “No nos defendemos, acusamos al Estado”.

Nueve de los implicados en el referéndum del 1-O se encuentran encarcelados desde hace más de un año, preventivamente, y la Fiscalía pide que sean condenados a penas de entre 16 y 25 años de privación de libertad. Hay que decirlo, repetirlo, recordarlo y obligar de este modo a todos los demócratas a enfrentar la realidad, por incómoda que resulte, porque el hecho de tener entre rejas a representantes políticos y sociales, que han defendido y defienden pacíficamente lo que consideran más justo para su país, da la medida de la calidad democrática del actual Estado español.

Habrá que estar preparados en los próximos meses para escuchar de nuevo más y más monsergas sobre el unilateralismo, sobre la aparición de problemas de convivencia dentro de la sociedad catalana, la violencia que según algunos existe en las calles de pueblos y ciudades de Catalunya, la persecución que padecen los castellanoparlantes, el supremacismo de los soberanistas, el golpismo independentista, la malversación de fondos para el referéndum… Toda la suciedad propagandística inventada por aquellos que gritan para no escuchar, desde las tribunas que les facilita el establishment. Los profesores Enric Marín i Joan Manuel Tresserras lo explican en un libro que acaban de publicar. La caracterización del proceso soberanista como un “golpe de estado” forma parte de un “relato delirante que colisiona contra toda evidencia empírica; es postverdad químicamente pura” (1).

A los independentistas del siglo XXI se les podrá acusar de haber cometido muchos errores, entre otros los de protagonizar rifirrafes entre ellos en la simple disputa por el liderazgo de su movimiento, pero no de actos de violencia, ni de haber dañado la convivencia entre comunidades.

Los reproductores de este discurso sobre la “violencia separatista” hablarán de nuevo en nombre del Estado de derecho y negarán la motivación política de este juicio, seguirán diciendo que los independentistas privados de libertad no son presos políticos y que los que tuvieron que ir a buscar refugio en diferentes países europeos no son exiliados; afirmarán una y otra vez, con ridícula solemnidad, empachados de “sentido de Estado”, que en España existe separación de poderes, que los jueces del Supremo y la Fiscalía son imparciales y se declararán hipócritamente ofendidos ante quienes ponen en evidencia que el Gobierno español, el Ministerio Público y los altos tribunales se pusieron de acuerdo para “decapitar” el sobiranismo.

Apelarán al “seny” y cargarán contra quién defendió la acción unilateral mientras al otro lado no hubiera nadie dispuesto a negociar. Ordenarán la detención de más representantes y activistas, prohibirán, multarán, amenazarán y al mismo tiempo pedirán diálogo, como hasta ahora, sin hacer ninguna propuesta.

Abundan los análisis políticos según las cuales las organizaciones independentistas no midieron bien sus fuerzas cuando impulsaron la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Una consulta en la que participaron más de dos millones de ciudadanos, a pesar de que el Gobierno central no se cansó de repetir que no se celebraría, a pesar de la persecución de las personas comprometidas con aquella convocatoria a las urnas, a pesar de las prohibiciones, del cierre de páginas web, de los registros, detenciones, confiscaciones de propaganda, de papeletas y del material que encontraron para realizar la consulta… Las amenazas del Gobierno español y el despliegue de miles de policías y guardias civiles, trasladados expresamente a Catalunya para hacer daño, en pueblos y ciudades, que habían salido de sus cuarteles al grito de ”a por ellos”, no fueron suficientes para hacer desistir a la ciudadanía que quería votar. Hay que recordarlo. Hirieron a centenares de personas y rompieron los accesos a centros escolares habilitados como siempre como colegios electorales, pero la vicepresidenta del Gobierno español de entonces dijo al día siguiente que policías y guardias habían actuado de manera “proporcional y proporcionada” y el monarca Felipe VI también avaló la represión contra los participantes en el referéndum, con un insultante discurso que acabó de descalificarle para ejercer la función de jefe del Estado, que nunca le tendría que haber sido confiada.

Abundan también los analistas y dirigentes de diferentes colores que afirman que del resultado de aquel referéndum no se puede deducir la existencia de un mandato popular.

Todo se puede discutir en esta vida, pero convendría que estos mismos observadores de la vida política explicaran cuántos fenómenos políticos de movilización social y pacífica han conocido en su vida comparables a lo ocurrió en Catalunya el 1 de octubre de 2017, al proceso participativo del 9 de noviembre del 2014 o a las grandes manifestaciones que se han visto el territorio catalán en los últimos siete años.

También hay quien pone permanentemente en cuestión la posibilidad de que en Catalunya se pueda ejercer un derecho como es el de la libre autodeterminación o quien dice que la condición para cualquier consulta es la existencia de un acuerdo previo con el Estado, como si alguna vez alguna colectividad hubiera conseguido el reconocimiento de algún derecho gratuitamente, sin haber demostrado de alguna manera la disposición a ejercerlo.

Todos, incluso los más autoritarios, hablan y hablarán en nombre de la democracia, pero hay que recordar de nuevo lo que significa esta palabra. Poder del pueblo, que no existe nunca en estado puro, pero que se expresa en mayor o menor grado. Conviene que quien quiera discutir honestamente sobre el valor democrático del referéndum del 1-O compare sus resultados con los de otras convocatorias a las urnas, en cifras absolutas, y diga cuándo ha visto una expresión comparable de voluntad popular, teniendo presentes las prohibiciones y la presión ejercida sobre la población por parte de quien lo quiso impedir por la fuerza.

Es más que probable que el Estado siga aplicando la ley del más fuerte durante mucho tiempo, para intentar conseguir un repliegue resignado del sobiranismo catalán. Si en algún momento lograra en alguna medida su desmovilización, las perdedoras serían todas las personas que aspiran a vivir en un régimen de libertades, dentro y fuera de Catalunya.

Quizás la gente más mayor no pueda ver nunca demostraciones tan contundentes como la del 1-O, pero la vida asociativa catalana es intensa y, pase lo que pase, ese tejido social no dejará de existir por la aplicación de ningún artículo de la Constitución. La base del soberanismo tiene sus raíces echadas en entidades de todo tipo. Se encuentra dentro de agrupaciones profesionales de todos los sectores, cooperativas, asociaciones de trabajadoras y trabajadores, de vecinos, de madres y padres de alumnos, sindicatos, ateneos, empresas, fundaciones filantrópicas, corales, bibliotecas, clubes deportivos, excursionistas, colles castelleres, organizaciones solidarias, partidos políticos, movimientos sociales, comités de todo tipo, entre ellos los de Defensa de la República, los ya famosos CDR, presentes en todo el territorio catalán, y entidades sociales y culturales con decenas de miles de afiliados, como la Assemblea Nacional Catalana o Òmnium Cultural.

Quién decidió utilizar la fuerza contra personas que querían votar, quién disolvió el Parlamento de Catalunya, ignoró los derechos de los ciudadanos que habían elegido a sus representantes, destituyó, suspendió, llevó a juicio, encarceló, persiguió…, quienes no aceptan ni siquiera el resultado de las elecciones convocadas en Catalunya por el Gobierno central del PP encontrará en el futuro un grado de resistencia superior al previsto. De hecho estos gobernantes y magistrados nunca habían imaginado que el referéndum se realizaría. Tarde o temprano se arrepentirán de haber perseguido demócratas.

Esta irresponsable manera de actuar y de tratar a una parte más que considerable de la sociedad catalana ha generado un fuerte resentimiento social, un agravio profundo, que un día u otro tendrá que ser perdonado pero no sin una solución democrática radical, que tendría que incluir una depuración de responsabilidades y una reparación a las víctimas de la represión.

Òmnium Cultural ha organizado una campaña de larga duración, con actos durante todos y cada uno de los días que dure el juicio, porque consideran que se ha declarado contra Catalunya un “estado de excepción encubierto”, que exige “una respuesta excepcional”.

Una campaña con la cual pretenden superar todo lo que ha hecho hasta ahora esta organización, con una movilización que, según anunciaron, se extenderá fuera de Catalunya. Este es seguramente el reto más importante del soberanismo, porque necesita apoyo en Europa, en el conjunto del Estado español y particularmente en Madrid, y no lo obtendrá si no se explica adecuadamente.

Para explicarse, hace falta que huya de las comparaciones del régimen monárquico actual con el de la dictadura franquista. Son del todo sesgadas. Los niveles de represión resultan incomparables, pero cada vez hay más gente que se ve obligada a superar el miedo para poder explicar públicamente lo que piensa. Gente que defiende su derecho a reunirse abiertamente cuando quiera y como quiera, a asociarse de la manera que crea conveniente: a escribir, cantar o hablar libremente sin peligro de acabar también encausado, a manifestarse en la calle cuando lo considere necesario sin temor a ser identificado y sancionado, a votar lo que le parezca mejor para los suyos y para el futuro de su país. Gente que quisiera notar que la Administración le protege y no le persigue y que, lo haya vivido o no, pensaba que había quedado atrás el tiempo en el cual la policía siempre daba miedo. Había que mirar atrás antes de celebrar una reunión, se tenían que esconder las identidades personales para poder intervenir en algunas instancias de la vida política o sindical, el derecho de huelga no existía, la difusión de contenidos no autorizados previamente se consideraba propaganda ilegal y se pagaba con tiempo de prisión y/o exilio la osadía de querer vivir en libertad.

Se acercan tiempos complicados por los demócratas convencidos, por los partidarios de la igualdad de derechos. La reproducción de mensajes propios de la extrema derecha suena cada vez más fuerte y con más frecuencia y eso resulta significativo. Lo que pasa es muy grave y hay que hacer frente a quién reprime, a los enemigos de las libertades, sin guardar distancias.

Una histórica entidad cultural fuertemente arraigada en la sociedad catalana, Òmnium Cultural, ha asumido este reto. Quiere dejar claro que las presas y presos que este viernes han sido trasladados hacia Madrid para ser juzgados en el Supremo, no se tienen que defender de nada. No les serviría de nada. La sentencia está decidida. Exigen su absolución, pero no pueden confiar en un cambio de punto de vista de quien desea largas condenas para ellos. Su prioridad, tal como escribió el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, después de 15 meses de privación de libertad, no es salir de la carcel, sino la resolución del conflicto.

(1) Enric Marín i Joan Manuel Tresserras. Obertura Republicana. Catalunya, després del nacionalisme. Pòrtic, enero 2019