Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Universidad Pompeu Fabra

Hoy estamos viendo el desmantelamiento del Estado del Bienestar en España a base de recortes del gasto público social, que son de los más marcados en la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de la Unión Europea (UE) más semejante a España en cuanto a nivel de desarrollo económico. Tales recortes incluyen el gasto en sanidad, en educación (desde escuelas de infancia a centros universitarios), en servicios sociales, en servicios domiciliarios, en vivienda social, en prevención de la exclusión social, en ayudas a las familias y en programas de integración de los inmigrantes, entre otros. Estos recortes empobrecen todavía más estos servicios públicos del Estado del Bienestar español, uno de los más subfinanciados de la UE-15. El gasto público social español por habitante ha sido y continúa siendo de los más bajos de la UE-15. Algo parecido ocurre con las transferencias públicas del Estado del Bienestar, como pensiones y ayudas a las familias y a las personas pobres y más vulnerables de la sociedad, en el preciso momento en el que las necesidades de estos grupos son mayores como consecuencia de las crisis económica y financiera, denominadas en la literatura económica como la Gran Recesión, que para millones de españoles es, en realidad, la Gran Depresión.

Este empobrecimiento del sector público explica su creciente privatización, con el consiguiente aumento del gasto privado en pensiones y en los servicios citados anteriormente, entre los cuales, los servicios sanitarios están entre los más afectados. España es hoy uno de los países de la UE-15 que tiene uno de los gastos públicos sanitarios más bajos y uno de los gastos privados sanitarios más altos. Una consecuencia de ello es que España tiene una sanidad muy polarizada por clase social: el 30% de renta superior del país (burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante (clase trabajadora y clases medias de renta media y baja) utiliza la sanidad pública. Esta polarización social es profundamente ineficaz y sumamente preocupante, pues, aun cuando la sanidad privada es mejor que la pública en componentes básicos de gran importancia como la comodidad, las listas de espera y el trato personal (una cama por habitación), la pública es mucho mejor en la calidad profesional e infraestructura técnica y científica, como lo atestiguan muchos estudios realizados en el país. En realidad, la sanidad privada transfiere los pacientes graves a la pública, parasitándola constantemente. Debería ser obvio que lo que España necesita es un sistema público multiclasista y universal que tenga las comodidades (“patient friendliness”) que tiene la privada, con la calidad que tiene la pública. Pero ello requiere un gasto público mucho mayor, que es precisamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Los recortes están acentuando más y más la polarización por clase social de la sanidad en España.

Esta polarización se da en todos los servicios públicos del Estado del Bienestar y es consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras y liberales (en realidad neoliberales), representando al 30% de renta superior del país, han tenido y continúan teniendo sobre el Estado español, tal como demostré en mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias (2006). Ni que decir tiene que la socialdemocracia (el PSOE) intentó corregir el enorme déficit social. Pero la subfinanciación heredada de la dictadura era tan marcada que España continuó a la cola de la Europa social al final de su mandato. Más tarde, en sus últimos dos años, que fueron los dos primeros años de la crisis, el gobierno del PSOE contribuyó al empobrecimiento del Estado del Bienestar español cuando su sensibilidad socialdemócrata fue sustituida por la sensibilidad socioliberal, iniciándose las políticas de recortes y austeridad, que han sido continuadas con creces y con mayor intensidad durante el gobierno del Partido Popular. Hoy, el dominio de tales fuerzas en las instituciones políticas y mediáticas del establishment español es casi absoluto. El número de partidos pertenecientes a las familias cristianodemócratas conservadoras (PP, Unió Democrática de Catalunya) y liberales (CDC, UPyD, Ciutadans) en España es considerable, y con sus homólogos europeos han estado defendiendo políticas neoliberales a nivel de Europa, de España y de las CCAA donde gobiernan. Tales partidos, que se pelean entre sí sobre el tema nacional (consecuencia de que el Estado español surgido de la Transición de 1978 nunca haya aceptado su plurinacionalidad), coinciden en las políticas económicas y sociales responsables del enorme deterioro social de España y que afectan sobre todo a la calidad de vida y bienestar de las clases populares, la gran mayoría de la población española.

¿Cómo el Estado central está desmantelando el Estado del Bienestar? ¿Cómo y dónde se hacen los recortes?

Estas políticas de recortes aparecen no solo en los presupuestos del Estado central (tal como aparece en los últimos presupuestos presentados por el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en los cuales el gasto publico sanitario desciende, a la vez que el militar asciende nada menos que un 58%), sino, y principalmente, en las políticas fiscales que imponen distintos grados de reducción del déficit público según el nivel de gobierno (central, autonómico o local). Hoy existe una gran descentralización del gasto público social (excepto las pensiones), siendo las Comunidades Autónomas (CCAA) las responsables de gestionar el gasto público social (es decir la sanidad, la educación y otros servicios públicos). Dicha descentralización del gasto no quiere decir, sin embargo, como constantemente se asume, que el Estado esté muy descentralizado. En realidad, el Estado central continúa siendo la principal fuente de recepción de ingresos, controlándolos de una manera muy centralizada, con un criterio muy arbitrario y opaco en su distribución (determinado en gran medida por la intensidad de las presiones políticas y clientelares), el cual aparece claramente en su decisión sobre cómo distribuir la reducción del déficit público del Estado según el nivel de gobierno del Estado. Así, durante el periodo 2010-2013, fueron las CCAA (encargadas de gestionar la mayoría del gasto público social) las que hicieron el 56% de toda la reducción del déficit público de todo el Estado. Los ayuntamientos (también encargados de gestionar componentes del Estado del Bienestar, como los servicios sociales) contribuyeron a la reducción en un 31,6%, mientras que el Estado central solo asumió el 12,4%. En otras palabras, las CCAA y los ayuntamientos realizaron el 87% de todos los recortes de gasto público, y puesto que la mayoría de su gasto es gasto público social, resulta que los servicios del Estado del Bienestar fueron de los que sufrieron más estos recortes de gasto público, y todo ello para satisfacer el mandato que impuso el Estado central para alcanzar el límite de déficit fiscal deseado y aprobado por él mismo. La España social es, pues, la que está pagando la reducción del déficit público, haciéndolo en unas proporciones totalmente desmesuradas. Estamos, pues, viendo cómo un gobierno central, de un partido (el PP) que representa un porcentaje muy menor de todo el electorado, controla y domina todo el Estado (no solo la rama ejecutiva, sino también la legislativa y el aparato judicial del Estado), imponiendo unas políticas públicas que se están cargando el Estado del Bienestar.

El oculto poder de clase en España

El lector se preguntará: ¿por qué ello ocurre así? La respuesta es sumamente fácil de ver, aun cuando el lector no la verá o leerá en los medios de mayor difusión del país, controlados por el 30% de renta superior del país (el sector de la población que utiliza los servicios sanitarios privados y envía a sus hijos a las escuelas privadas que reciben un generoso subsidio del Estado llamado concierto). Este sector (el 30%) es el que domina la vida política y mediática del país. Los recortes del Estado del Bienestar no les afectan, pues este es utilizado sobre todo por las clases populares, cuyo peso en la vida política y mediática del país es muy reducido. La clase trabajadora y las clases medias de renta media y baja constituyen el 70% restante de la población, hecho deliberadamente ocultado cuando se divide a los españoles en ricos, clases medias y pobres. Poniendo a la mayoría de la población en la categoría de “clase media” se asume y presenta (de una manera manipulada) que las clases medias, que tienen una gran visibilidad en los medios (y que tienen un nivel de renta superior a las clases populares), son la mayoría de la población. Esta fabricación ideológica queda grabada en piedra cuando incluso algunos dirigentes presentan al partido socialdemócrata, el PSOE, como el partido de las clases medias, definición que se está convirtiendo en una realidad que lo distancia, sin embargo, de la mayoría de las clases populares.

La gran mayoría de la clase dirigente de este partido son personas universitarias de clase media de renta alta, que asumen que la mayoría de la población pertenece a su clase. Sería impensable que hoy el PSOE estuviera dirigido, por ejemplo, por un sindicalista, como ocurre en el partido socialdemócrata sueco. De una manera muy creciente las clases populares se están distanciando de este partido. No es de extrañar, por lo tanto, que el enfado de las clases populares hacia estos recortes de su Estado del Bienestar se canalice hacia los dos partidos mayoritarios que han configurado todas las ramas del Estado, un enfado que se traduce en un rechazo al Estado central (la gran mayoría de la población española, según la mayoría de las encuestas, considera que tal Estado no los representa, porcentajes que son incluso mayores en Catalunya, pues el Estado responsable de los recortes es el mismo Estado que niega su propia plurinacionalidad). Parece obvio que el establishment español todavía no ha entendido qué pasa en España. Ahora bien, las movilizaciones a los dos lados del Ebro la están cambiando.