Miguel Ángel Quintanilla Fisac

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia

La legislatura que ahora se acaba empezó con un recién estrenado Plan Nacional de I+D que preveía aumentar en cuatro años el gasto en ciencia y tecnología hasta el 2% del PIB. Recientemente, el INE ha publicado los datos de 2010 y sólo hemos llegado al 1,39 %, lo que significa que hemos crecido únicamente 4 centésimas de PIB en tres años (6 del sector público y -2 del sector privado). Con una crisis galopante, estancamiento económico y restricciones contundentes por todas partes, en realidad es casi un milagro que el esfuerzo público en I+D haya crecido lo suficiente para compensar al menos la disminución experimentada en el sector empresarial. De todas formas, estos datos no recogen todavía los efectos de las nuevas restricciones impuestas por algunas autonomías. El lamentable espectáculo del País Valencià desmantelando el Centro Príncipe Felipe de Investigación Biomédica es sólo un indicio de lo que está pasando.

¿Qué cabe esperar para los próximos años? Depende de tres factores: de lo que tarde en superarse la crisis, de la importancia que el nuevo Gobierno asigne a la política científica y de la orientación que siga esa política. Olvidémonos por ahora del primer factor. Respecto a la importancia de la política científica en el nuevo Gobierno, todo está por ver. No se sabe siquiera si el Ministerio de Ciencia e Innovación va a desaparecer sin más contemplaciones. Lo mejor sería que se mantuviera, pero es una presa demasiado apetitosa para diseñadores de medidas demagógicas de austeridad. Veremos. Y en cuanto a la orientación de la política científica, sólo podemos imaginarla por analogía con lo que vamos conjeturando en otros ámbitos. Lo más probable es que nuestros nuevos gobernantes se esfuercen por aplicar a la ciencia la misma receta que parecen soñar para todos los servicios públicos: la privatización. Lanzarán a nuestras universidades a buscar financiación en el sector privado, recortarán drásticamente el gasto en investigación básica y exigirán a los laboratorios que se ganen el marchamo de la excelencia con contratos de investigación de las empresas en el mercado internacional o vendiéndoles sus activos, tangibles o intangibles, a precio de saldo. Si fuera así, se auguran malos tiempos para la ciencia.