Apenas Isabel Celáa, portavoz de la Moncloa, había afirmado que "el primer problema político de España es el territorial", cuando el fiscal Cadena pedía al Tribunal Supremo la confirmación del auto de procesamiento del magistrado Llarena contra los líderes soberanistas catalanes. Mientras, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynden, aludía al nuevo gobierno de Sánchez para indicar que "el derecho penal también es negociación", en abierta contraposición al denominado derecho penal del enemigo aplicado a los dirigentes del procés. La interpelación no puede ser más directa, ni la pregunta más pertinente: ¿Confirma la nueva Fiscal General, María Jesús Segarra, la petición del fiscal Cadena? ¿Avala Sánchez el auto del juez Llarena?

Es obvio que el diálogo de Pedro Sánchez con Quim Torra necesita un marco de distensión que lo haga viable. La cuestión de los presos catalanes, tanto su acercamiento a las cárceles catalanas como su procesamiento, es de todo punto de vista fundamental para allanarlo. Ya se ha anunciado sotto voce que el ministerio de Interior cumplirá la obligación legal de trasladarlos, falta por saberse aún si la petición del fiscal Cadena es rectificada o no por la nueva Fiscal General Segarra. Carece de sentido retomar el café para todos del ministro Clavero Arévalo, como la disparatada propuesta de recuperar los 14 artículos del Estatut, ya declarados inconstitucionales por el propio Tribunal Constitucional. La cuestión catalana reside hoy por hoy en el Tribunal Supremo.

Los nacionales, Partido Popular y Ciudadanos, no se lo van a poner fácil a Sánchez a la hora de dialogar con los nacionalistas. Para la derecha parece clara la vía para intentar desalojar de la Moncloa a quien consideran como un okupa temporal. Albert Rivera acaba de pedir la ilegalización de facto del nacionalismo, al exigir un 3% de votos en toda España para conseguir representación parlamentaria, y quien mañana entre en Génova no tardará en montarse sobre el caballo blanco de Santiago. Les iba bien subidos en este equino, justo antes del estallido de la corrupción; no les irá mal tras la purga de Rajoy. Las brigadas Aranzadi y Brunete volverán a la carga.

La heterogeneidad de la mayoría parlamentaria de Sánchez no le ayudará mucho en la profundización de la negociación con los nacionalistas. Por un lado, una quincena de diputados catalanes y otros siete vascos; de otro, una veintena de diputados andaluces del mismo PSOE atentos a cualquier acuerdo , como la ordinalidad financiera, que pudiera alterar la solidaridad interterritorial de la que vive Andalucía. Contraste de pareceres que mal se acentúa entre los planteamientos de Susana Díaz e Iceta, o los de las ministras Batet y Montero, por no hablar de Borrell. No va a ser fácil reconvertir el no a Rajoy, obligado por las prácticas mafiosas del PP, en un sí a Sánchez, cuando se concrete su postura sobre la cuestión territorial que, como bien dice la eficaz portavoz Isabel Celáa, es el principal problema de España.

Pese a lo muy complicada que es la cuestión nacional, la España plurinacional de Pedro Sánchez chirría incluso en el conjunto de toda la izquierda, el nuevo presidente de Gobierno puede intentar encauzarlo. Necesita, eso sí, aquella audacia, audacia y audacia de que hacía gala Dantón, y que tuvo, dos siglos más tarde, Suárez cuando legalizó el PCE, algo que parecía imposible. Hacer oficial lo que es real a nivel de calle vasca o catalana, con el total reconocimiento de los derechos inherentes a las nacionalidades, es hoy tan urgente como lo fue en las españolas hace cuatro décadas. Valor no solo se le supone, bien que lo demostró en las primarias cuando se le daba por muerto tanto por la derecha como por la izquierda. Ese Sánchez audaz es el que hoy necesita España.

Pero no tiene mucho tiempo. Todo lo más, este largo y cálido verano. Si llegado el otoño no ha avanzado en el diálogo con Quim Torra, se le echará encima el inicio del macrojuicio político a lo líderes soberanistas catalanes, al estilo de aquel celebrado con los golpistas del 23 F, que le llevaría a una espiral sin más salida política que la convocatoria de elecciones generales. Posteriores, probablemente, a unas nuevas urnas catalanas coincidentes con la vista oral del juicio a los dirigentes de la Generalitat. Ayer mismo el ministro José Luis Abalos en el diario El País lo señalaba claramente cuando sostenía que "si la mayoría de los grupos pasan a provocar la ingobernabilidad o inestabilidad de España y empiezan a plantear elecciones, evidentemente, hay que hacerlas". Si esa pésima hipótesis se concretara, decimos nosotros, sería porque Sánchez se habría visto desbordado en su proyecto. O sea, volveríamos a la involución democrática.