El juez Baltasar Garzón se cruza con el ciclista Alberto Contador por la calle mayor de las noticias. Ambos han sufrido una condena que supera en demasía la naturaleza de sus supuestos delitos. Y a quienes defendemos las garantías del Estado de Derecho y la lucha contra el dopaje por encima de cualquier otro albur en sus respectivos ámbitos, se nos pone cara de tontos útiles. Esperábamos, en ambos casos, una simple reconvención y nos hemos encontrado con un linchamiento.

Y si en el caso de Contador, cabe preguntar por qué las autoridades deportivas no fueron tan contundentes con su colega Amstrong, en el de Garzón también caben comparaciones odiosas. Así, las escuchas ilegales del Caso Naseiro se suprimieron como evidencias, pero nadie lapidó al instructor al amanecer. La legislación española ha previsto que se puedan grabar las comunicaciones entre abogado y cliente cuando un juez lo autorice o por delitos de terrorismo. Así, ocurre en los procedimientos contra ETA y, de pascuas a ramos, en otro tipo de instrucciones como la del Caso Marta del Castillo. Puede que Garzón se pasara de la raya. Pero, ¿nadie más? ¿Por qué no se ha imputado a otros actores de esa misma instrucción? ¿Por qué nadie reclama que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal que convierte al instructor en inquisidor y garante al unísono?

Si el Supremo quiere dar ejemplo, ¿por qué no lo hizo con el juez Francisco Javier Urquía, condenado por cohecho tras recibir sobornos del cerebro de la Operación Malaya? En ese caso, el alto tribunal amagó con rehabilitarle, pero no pudo hacerlo por encontrarse a la espera de sentencia por otro delito similar, en la Operación Hidalgo. Urquía, por cierto, es hijo del ex presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

¿Qué argumentos se sacará de los manguitos para condenarle el tribunal que juzga a Garzón por atreverse a enjuiciar los crímenes sumarísimos del franquismo? Entre un juez acusado por ello y otro que asesora a dos organizaciones fascistas hasta sentarle en el banquillo, cualquier demócrata debiera tenerlo claro. Pero, quizá, quienes le encausan no recibieron nunca clases de Educación para la Ciudadanía.