Hanna Arendt hizo famosa esta frase con la que definió la ausencia de todo principio ético que padecía Adolf Eichmann, en el juicio que el Estado de Israel celebró para juzgarle por los horribles crímenes que había cometido bajo el régimen nazi. El responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración alemanes durante la segunda guerra mundial, que había organizado los traslados de cientos de miles de judíos a los campos de exterminio, hablaba de su trabajo como del de un burócrata que se ocupaba únicamente de viajes, horarios, disposición de vehículos y ubicación de los prisioneros.

Esta apreciación de Arendt era exacta. Quienes no tienen conciencia moral o quienes pretenden enmascarar su responsabilidad en los crímenes bajo la apariencia de trabajos rutinarios ordenados por una autoridad superior, banalizan no solo su actividad sino la maldad que se ejerce a través de ella.

Como estamos en la Época de la Mentira, según la acertada expresión de Carlos París, título de su libro póstumo, se están utilizando términos que en épocas anteriores tenían un significado terrible en comparaciones falsas que banalizan el alcance de las tragedias vividas, sin que se les reproche la falta de ética que supone enmascarar la realidad.

La calificación de fascista se está repitiendo con una frivolidad hiriente. El término de dictadura o de franquismo se aplica con absoluta habitualidad a la situación política y social que se está viviendo hoy en España y especialmente en Cataluña. Para quienes hemos sufrido toda la infancia, la juventud y entramos en la madurez todavía sometidos al yugo franquista resulta una humillación escuchar estas definiciones en boca de representantes políticos que deberían estar informados y que tienen la obligación de decir la verdad.

Para quienes fuimos perseguidos por nuestra ideología y arrastrados a las comisarías y a las cárceles por expresarlas y escribir panfletos en los que plasmábamos esas ideas que difundíamos clandestinamente, o por reunirnos con otras personas para debatir y organizar partidos y sindicatos, y allí fuimos apaleados y torturados, nos resulta insultante que se afirme que hoy en España hay presos políticos. Dirigentes políticos del PDECat, la derecha catalana de siempre, que apoyó en el Congreso tanto la modificación del artículo 135 de la Constitución como la Ley de Seguridad Ciudadana, que impidió celebrar un referéndum en varios pueblos de Cataluña sobre la reforma laboral, con envío incluso de los Mossos d'Esquadra para que retirasen las urnas electorales, se atreven ahora a afirmar que desde el Gobierno español se está actuando como en el régimen franquista. Con desdeñoso e interesado olvido de las resoluciones judiciales.

Los independentistas publican tal acusación en medios de comunicación, la defienden en tertulias y programas televisivos, organizan asambleas públicas, convocan manifestaciones multitudinarias, que duran horas en que cortan el tráfico en las calles de Barcelona, sin haber sido previamente autorizados por la autoridad competente. Y subidos al capó de un coche arengan a las masas para que se opongan a las fuerzas de seguridad e impidan que cumplan un mandato judicial, destrozan camionetas y automóviles de la Guardia Civil y se pasean triunfantes en las calles en olor de multitudes.

Para los que fueron tiroteados en las manifestaciones contra el franquismo, para los muertos de Vitoria, del Poble Nou de Barcelona, de Cádiz, de Sevilla, ametrallados en las calles mientras pedían pan y trabajo, es un insulto asegurar que hoy se vive una dictadura en España y especialmente en Cataluña.

Para los fusilados a partir de 1939, desde las 13 Rosas a Julián Grimau, Granados y Delgado, Salvador Puig Antich, José Humberto Sánchez Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot (Txiki) Ángel Otaegui, ejecutados el 27 de noviembre de 1975 en el estertor del franquismo, y para las innumerables víctimas de la represión franquista, encarcelados interminables años y torturados, es una afrenta asegurar que hoy se persigue a las personas por sus ideas y actividades políticas.

Para los 150.000 asesinados en todas las cunetas, pueblos y cementerios de España, cuyos restos no hemos podido recuperar todavía, es una gran ignominia asegurar que vivimos hoy igual que bajo la dictadura franquista, como se están atreviendo a difundir los dirigentes independentistas catalanes. Afirmaciones que realizan con total impunidad ante las cámaras de televisión sin que sufran represalia alguna por ello.

Toda esta épica que han elaborado perversamente los independentistas catalanes, se está adueñando del espacio ideológico de algunos sectores de la izquierda española, y desorientará a la juventud que no ha vivido aquel terrible periodo de nuestra historia. Se está escribiendo una historia falsa que se va a transmitir a las siguientes generaciones, en la que la dictadura franquista aparecerá como un sistema político semejante al que tenemos ahora. Con elecciones periódicas a todas las instituciones: ayuntamientos, comunidades, Parlamento y Senado. Con periódicos y revistas que publican lo que les parece bien a sus propietarios, con televisiones que invitan a los defensores de destruir el Estado constitucional actual a exponer sus tesis en los programas públicos, con escuelas y universidades donde se respeta la libertad de cátedra. Con asociaciones legales en todos los ámbitos, donde se plantean las demandas ciudadanas, sindicales, vecinales, feministas, estudiantiles. Y en fin, todas aquellas ventajas que la democracia formal de que disfrutamos y que rige en Europa y América, permite desde que derrotamos a la dictadura.

Asegurar que ha regresado el franquismo, como se oye hoy a partir de que el Gobierno haya aplicado el artículo 155 de la Constitución para destituir el Govern de la Generalitat y convocar elecciones, es propaganda de lo más espuria, cuando la conducta de Puigdemont y de sus consellers es de abierto enfrentamiento al ordenamiento jurídico vigente. Cualquier democracia occidental hubiera actuado hace mucho tiempo suspendiendo la autonomía de Cataluña.

En vez de ello, por los intereses políticos que defendían, todos los gobiernos españoles han permitido que los gobiernos catalanes realizaran la ideologización más profunda en la ciudadanía para difundir su reclamación de independencia, desde el triunfo electoral de Jordi Pujol en 1980. Cuando en la última década se han agrupado decenas de ayuntamientos por la independencia, que incluso han retirado la bandera monárquica. Cuando la televisión catalana martillea constantemente con el mensaje de que España roba a los catalanes. Cuando las manifestaciones y concentraciones en reclamación de la independencia se han realizado ritualmente varias veces al año, sin represión alguna, es muy falaz asegurar que estas acciones hubiesen podido llevarse a cabo bajo la dictadura franquista con la impunidad con que lo han hecho bajo la democracia.

Veo que a los propagandistas de semejantes falsedades no les preocupa el daño que para la recuperación de nuestra historia están haciendo sus “relatos”. Menos les importa que sus niños y sus jóvenes sean adoctrinados en la distorsión de la verdad, creando falsos victimismos y conduciéndolos a adoptar posturas y decisiones políticas erróneas. Y los que todavía defendemos que la verdad es siempre revolucionaria como afirmaba Antonio Gramsci, tendremos que aceptar nuestra impotencia para lograr que el recuerdo de los heroicos antepasados y nuestro propio relato consigan un poco de atención, entre la baraúnda de gritos e insultos con que los del “relato dominante” están imponiéndose.

Pero lo imperdonable para siempre es que a través de la perversa utilización de las categorías políticas asentadas, como “dictadura”, “franquismo”, “fascismo”, “represión”, “presos políticos”, “censura”, “opresión política”, y otros tan espuriamente utilizados por los mártires del independentismo catalán, se esté banalizando el mal como en los tiempos de Adolf Eichmann.

Las Palmas, 20 octubre 2017.