El aumento de la capacidad de las oenegés en los tribunales, así como el aumento de sensibilidad ambiental y conocimiento de la legislación ambiental por parte de los magistrados, ha conllevado que, cada vez más, las administraciones que pretenden aprobar decretos de dudosa legalidad opten por aprobarlos por ley.

Efectivamente, los decretos pueden ser recurridos por las oenegés en los tribunales ordinarios, mientras que las leyes solo pueden serlas ante el Tribunal Constitucional por un gobierno, 50 diputados o senadores, o el Defensor del Pueblo. Vamos, un blindaje en toda regla, sobre todo si un partido cuenta con mayoría en sus cortes regionales y en el gobierno de la nación.

De esta forma, cada vez más, las comunidades autónomas tienden a aprobar sus proyectos más polémicos con alguna fórmula que suponga la aprobación en las cortes regionales. Ejemplos hay varios y en diferentes regiones. Los reyes de está técnica son los castellano leoneses que han aprobado así la ciudad del medio ambiente en Soria, Meseta Ski en Valladolid o la modificación de un PORN para poder autorizar la estación de ski de San Glorio entre Palencia y León. Pero no son los únicos, Canarias aprobó por Ley su catálogo regional de especies amenazadas reduciendo la protección a un centenar de especies para poder construir el puerto de Granadilla, o la Comunidad Valenciana intentó legalizar el Prany modificando su Ley de Caza después que los tribunales tirasen su decreto de autorización de esta práctica ilegal.

Ahora es la Generalitat de Cataluña la que se lanza a este tipo de prácticas poco democráticas para permitir, en su ley de protección de los animales, que la administración autorice la captura de aves fringílidas para enjaular (silvestrismo). Se da la circunstancia que está meridianamente claro que se trata de una práctica ilegal, ya que así lo dictan dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un informe técnico de la propia Generalitat y un informe de los servicios jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente. Además, ante una consulta directa de la Generalitat a la Comisión Europea para intentar legalizar la práctica del silvestrismo, la Comisión ya les dejó claro de su imposibilidad legal. Ante tantos papeles en contra, que aseguran un buen revolcón en los tribunales ordinarios, el Consejo de Gobierno ha optado por aprobarlo por un Decreto Ley que debe ser ratificado por el parlamento catalán este miércoles. Dado que esta medida, tiene el apoyo al menos de CIU y del PP, difícil será que el Gobierno de Rajoy se lo recurra ante el Tribunal Constitucional.

Así que jugada redonda, tenemos una práctica ilegal a la que se le da una apariencia de legalidad dándole un barniz de soberanía popular y de una forma en la que nadie se hace responsable ya que, no es imaginable, que un fiscal vaya a acusar a todos aquellos parlamentarios que voten a favor de una ley ilegal a sabiendas que es ilegal ¿o sí? Alguien tendrá que parar esta espiral que nos lleva a gobiernos sin control en el que los ciudadanos se nos niega la palabra.