Intentar colar en la futura ley de violencia de género la supresión del veto del Senado a los Presupuestos Generales del Estado es, evidentemente, una argucia, una treta y, si se vienen arriba y se acaloran mucho, un estafa parlamentaria. Tampoco, como se ha comprobado, es nada original porque la historia reciente está llena de trampas de este tipo, que en su día sirvieron a Aznar para colar en la ley de Arbitraje penas de cárcel e inhabilitación por si a Ibarretxe se le ocurría montar un referéndum en Euskadi, o a Rajoy para aforar a la carrera al Emérito, del que se presumía que se desmelenaría tras la abdicación y hacerlo además con carácter retroactivo, aprovechando una ley sobre los permisos de jueces y fiscales.

Abusando del autoplagio, ahora que se ha puesto casi tan de moda como la apropiación indebida de textos ajenos, los Gobiernos tienden a recurrir a lo que tienen a mano para preparar sus guisos, como esos cocineros capaces de improvisar un ceviche a las finas hierbas con los restos de una sardinada. Basta con agarrar una ley en trámite, incluir un artículo bis, y cambiar otra ya en vigor para desesperación de las editoriales de textos jurídicos.

Lo curioso en este asunto no es la piratería del Ejecutivo sino que su abordaje alevoso y nocturno se haya dirigido contra otro barco pirata en el que navegaban a sus anchas PP y Ciudadanos, que ya tenía planeado hundir la intención de Sánchez y sus socios de modificar sin añagazas la dichosa Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir que las cuentas del Estado pudieran ver la luz antes del próximo eclipse de luna.

De hecho, el Congreso ya ha aprobado este cambio, que difícilmente se materializará en tiempo y forma porque ambos partidos tienen mayoría en la Mesa y en el Senado, por lo que pueden impedir su tramitación urgente primero, y ya en la vía ordinaria y antes de vuelta al Congreso, alargar su paso por la Cámara Alta ampliando indefinidamente el plazo de enmiendas.

De este filibusterismo parlamentario se ha hablado poco, aunque refleje lo relativo que es eso de la voluntad popular. Se puede contar con una mayoría de diputados dispuesta a modificar una ley, pero de nada servirá si los órganos que rigen Congreso y Senado están en manos de la minoría, que es lo que sucede ahora tras el cambio de tapizado de los sofás de la Moncloa. De la misma manera pero a la inversa, un Gobierno en minoría es capaz de secuestrar al Parlamento y su actividad legislativa imponiendo vetos continuos con el argumento de que cualquier propuesta implica un aumento de gasto o trasladando a subcomisiones de estudio las pretendidas reformas de sus adversarios para que duerman allí el sueño de los justos con un somnífero disuelto en un vaso de leche caliente. Gobierno y oposición son dos bomberos muy cabrones que en cuanto pueden se pisan la manguera.

Todo anterior es muy legal o, cuando menos, es discutible que sea ilegal porque siempre hay un precedente al que echar mano para demostrar que antes se hizo algo parecido. El resultado, como se puede apreciar, permite conseguir atar de pies y manos al Gobierno o amordazar a la oposición e impedir su labor de control. Es la ley del mar de la piratería.