Ramón Cotarelo

La política y la justicia se llevan muy mal, pero van siempre unidas porque el fundamento fáctico de ambas es el poder. El caso del juez Garzón, acusado de prevaricación por un seudosindicato de extrema derecha, es muy ilustrativo al respecto. El magistrado, que representa una concepción progresista del derecho, se ha ganado fama de hombre riguroso, audaz e innovador que ha prestado servicios impagables a la profundización y universalización del Estado de derecho. Ya sólo por esto se entiende que despierte envidias en el mundo corporatista de la Administración de Justicia. Además, la actividad del magistrado suele tener gran trascendencia política, tanto por sus posiciones personales como por el tipo de asuntos a que orienta su acción y, así como las primeras a veces han sido contraproducentes –como él mismo reconoce refiriéndose a su breve paso por la política práctica–, los asuntos en que se concentra suelen provocar verdaderas revoluciones en prácticas tradicionalmente establecidas. Sus aportaciones a la causa de la jurisdicción universal en los delitos contra la humanidad, comenzando por el intento de procesar al dictador Pinochet, movieron reacciones defensivas de distintos gobiernos, entre ellos el español, más interesados en la razón de Estado que en la justicia universal.

De similar importancia fue la investigación sobre los GAL que permitió el procesamiento de altos cargos –incluido un ministro– de los Gobiernos de Felipe González como responsables de delitos de terrorismo de Estado. Esencial también ha sido su teoría de que la lucha contra el terrorismo de ETA implica la persecución judicial de su red de capilaridad social a través de actividades seudolegales de sostenimiento de la actividad delictiva. El último movimiento de Garzón fue el intento de procesamiento de los responsables del delito de genocidio y otros crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y la posguerra, así como de recuperación de los miles de cuerpos de víctimas de aquellos, todo transferido luego a los órganos judiciales por causa de una correcta interpretación de la competencia. Con este historial no es de extrañar que a la inquina de los sectores judiciales se haya sumado el odio con que determinadas posiciones políticas obsequian a quienes, como Garzón, cuestionan la impunidad con que cometen, encubren o celebran diversos tipos de crímenes.

Es Garzón quien ha calificado de “burda represalia” la querella que el citado seudosindicato neofranquista ha presentado contra él y, desde el punto de vista político, la expresión lo define. Pero los querellantes han encauzado su acción por la vía judicial. El órgano competente ha admitido la querella y en el marco del Estado de derecho es de esperar que su decisión sepa deslindar la carga indudablemente política de esta enésima persecución contra Garzón de la cuestión jurídica de fondo. Entre otras cosas porque si, como recuerdan hoy muchos, el juez está tan sometido a la ley como un ciudadano cualquiera, no es menos cierto que debe gozar de igual amparo de los tribunales de justicia.

Catedrático de Ciencias Políticas