Después de que Rajoy clausurara públicamente la crisis económica, provocando una gran carcajada nacional incluso entre muchos de sus conmilitones, estaba claro que el Gobierno no le cabía otra que mandarnos callar de una forma u otra. Pura afición al punto en boca, al chitón.

Pues lo ha hecho a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada la semana pasada en el Congreso con los votos del PP y diseñada como una gran mordaza para que la sociedad española no se vaya de la lengua más de la cuenta. Los diputados de la Izquierda Plural, que comparecieron con la boca tapada en su bancada, dieron en el clavo con una protesta sin palabras pero muy estruendosa.

Más allá de ser un acto de “represión”, una “barra libre para la policía”, un “ataque a las libertades” o una “aberración jurídica”, tal como le reprocharon los portavoces de la oposición al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, esta vuelta de tuerca legislativa es, fundamentalmente, un “¡que se callen, coño!” que la derecha española lleva en su ADN desde los tiempos de la caverna.

Porque este reformismo con profundas raíces sádicas –les gusta fastidiar al ciudadano gratuitamente- tiene como principal objetivo meterle el miedo en el cuerpo a la gente para que no manifieste su descontento, para que no salga a la calle contra gobiernos capaces de robarle derechos y libertades. Y la cartera.

Protestas contra gobiernos que amordazan convirtiendo en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal sujetas a control judicial previo. En definitiva, un atentado en toda regla contra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque, según explicó el diputado del PNV Emilio Olabarría, el ciudadano afectado deberá primero agotar la vía administrativa para poder recurrir luego a la vía contencioso-administrativa, que está sujeta al pago de tasas.

Protestas contra gobiernos que apuestan por un estado cada vez más policial al aprobar que “las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”.

Y, para reforzarlos frente al ciudadano, establece como faltas leves “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. Ni mirarlos.

Protestas contra gobiernos que levantan barricadas y muros para no escuchar la voz de calle y consideran falta grave “la perturbación de la seguridad ciudadana que se produzcan con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituyan infracción penal”.

Protestas contra gobiernos que aprueban por la gatera la “devolución en caliente” de inmigrantes, saltándose a la torera los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, vulnerando la propia Constitución y los tratados internacionales firmados por España.

En fin, para Fernández Díaz, esto no es un problema legal ni de conciencia sino de tasa de ocupación, de permiso de trabajo. Por eso, el otro día, en el pasillo del Congreso, reclamaba que alguien le facilitara “una dirección” donde esa “pobre gente” pudiera recibir “manutención y trabajo”.

Pobre ministro, esta tribulación no se la quita ni San Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás. Pero quizá con una buena autoflagelación con cilicio nos sentiríamos todos más reconfortados.