José Bembibre Regueiro

Ingeniero Industrial

El 16 de mayo de 2008, el BOE, adjudica por 30 años a la empresa Escal UGS S.L., propiedad mayoritaria de ACS, la concesión de la explotación del almacenamiento de gas submarino frente a la costa de Tarragona denominado CASTOR.

La concesión se realiza en cumplimiento de la Planificación de los sectores de electricidad y gas para el periodo 2005-2011, aprobada por el Consejo de Ministros en 2006, que, entre otras, incluye como infraestructura obligatoria y urgente CASTOR.

Al tratarse de una infraestructura obligatoria, se le aplicará un régimen retributivo especial que permitirá a la concesionaria recuperar la inversión realizada, siempre que esta sea reconocida por el Gobierno, y una rentabilidad regulada.

La adjudicación incluye un artículo, por la cual el Estado garantiza que en caso de extinción o caducidad de la concesión, se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones siempre que estas continúen operativas, salvo dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones.

En todo este proceso no se tiene en cuenta en absoluto la posible evolución del consumo de gas en una situación de crisis, basando la decisión en una planificación realizada en 2006. Algo increíble con un Ministro, Rafael Sebastián, que había sido responsable del gabinete de estudios del BBVA.

El 7 de octubre de 2011, a escasos meses de las elecciones generales, de nuevo el BOE, acepta las cuentas de la concesionaria y reconoce como inversión retribuible 1.273 millones de euros. A los que se añadiría el valor del gas colchón del depósito y los gastos financieros.

La cantidad reconocida por el Gobierno, además dobla lo previsto en el proyecto de la concesionaria: 600 millones de euros. Y todo esto en una obra cuya construcción y desarrollo, deberían haber sido supervisadas y autorizadas por la Dirección General de Política Energética y Minas.

Lo más grave es que en 2011 ya eran evidentes los efectos de la crisis que junto a los incentivos al consumo de carbón nacional, habían reducido en un 26.5 %, en relación a 2007, la participación de los Ciclos Combinados, principales destinatarios del gas, en la cobertura de la demanda eléctrica. Demanda que por primera vez, desde que existen registros, se había reducido en un 3% desde 2007.

Nada de esto arredra al ministro Sebastián ni al Gobierno, que a toda prisa garantizan el negocio a los promotores, con independencia de la utilidad o necesidad de la infraestructura.

El asunto es más grave, si se considera que desde el año 1951, el US Geological Survey Bulletin, reconoce la inyección de fluidos a presión a gran profundidad como causa posible de terremotos de pequeña o moderada intensidad, y que en 1967 en Denver (Colorado) se asocian por primera vez de manera clara terremotos a la inyección subterránea de aguas de desecho. Pero no es solo esto, también se ignora el hecho de que entre los años 2006 y 2007 se debe de cancelar, debido a pequeños terremotos, un proyecto de almacenamiento subterráneo de agua en el subsuelo de Basilea.

No fue por tanto ninguna sorpresa que el 5 de setiembre de 2013, tres meses después de iniciada la inyección de gas, se inicie, según el informe de Instituto Geográfico Nacional, una serie de 512 terremotos, en una zona clasificada como de baja sismicidad, aunque el propio informe aclara que esta calificación se realiza “sin tener en cuenta el impacto de la sismicidad inducida”.

Es decir que con cargo a la factura de gas se construye una infraestructura multimillonaria e innecesaria y se garantiza su retribución, sin que el IGN, dependiente del Ministerio de Fomento, conozca el impacto del la sismicidad inducida en el área de construcción de la misma, ya que como indica en su informe “el IGN no había intervenido hasta el momento en estudios relacionados con la inyección de fluidos en el terreno”.

Pero ahora el IGN se esmera y concluye en su informe, no sin rodeos, que “todo indica que el origen de la serie sísmica registrada tiene una relación directa con la inyección de gas del proyecto CASTOR”.

El resto es conocido, después de marear la perdiz y pedir, ahora sí, Escal UGS y el Gobierno, estudios y contra estudios, se concluyó que no podríamos concluir nada en años.

Ante esto, Escal UGS, o sea ACS, es decir Florentino, mueve ficha y ejerce su derecho a devolver la concesión, y recuperar el dinero en los términos que le había garantizado el BOE, por una cantidad que ahora cifra en 1.403 millones de Euros.

El Gobierno recurre el pago, ante el Tribunal Supremo, pero es un puro paripé a la vista de la ridícula defensa ejercida por la Abogacía del Estado, que en ningún momento aduce dolo o negligencia de la concesionaria, así que el Tribunal le da la razón a Escal UGS y toca pagar.

El pagar fue en realidad algo que nunca se puso en duda, ya que una parte muy importante de la financiación a Escal UGS la había aportado el Banco Europeo de Inversiones BEI, por lo que de no recuperar el dinero, ACS tendría que hacer frente a la deuda con el BEI y se encontraría en gravísimas dificultades.

Así que se busca como salvar la “marca España” es decir a Florentino. ¿Cómo? Aquí no hay novedades: con el dinero a los contribuyentes.

Empieza la farsa, de noticias y desmentidos y después de una serie de cortinas de humo, le llaman “clausulas anti-Florentino”, con reyertas de palacio entre Hacienda e Industria deciden que lo mejor es que lo paguen los consumidores de gas en su factura. Pero 1.400 millones es mucho dinero, y Florentino lo necesita ya. Así que se monta un tinglado financiero: Tres bancos españoles, le dan a Florentino los 1.400 millones a tocateja y, a cambio, reciben los derechos de cobro correspondientes sobre la factura del gas, durante 30 años, para recuperar lo prestado con un interés cercano al 4%. Pero como los bancos no están para facturas del gas, se permitirá que puedan ceder esos derechos, por ejemplo a Gas Natural, a cambio claro de un sustancioso rendimiento.

ENAGAS se quedaría con el CASTOR para su mantenimiento primero y desmantelamiento más adelante, asuntos estos que también pagaremos en la factura del gas.

El 4 de octubre de 2014 el BOE de nuevo mediante un Real Decreto Ley dio carta de legalidad a esta maniobra, acordando un único pago a Escal UGS de (un millón trescientos cincuenta mil setecientos veintinueve miles de euros) en un plazo máximo de 35 días, reservándose el derecho de reclamar a Florentino cuando se aclare si hubo dolo o negligencia, es decir nunca.

El PSOE de Rubalcaba y Co. no se oponen en el Congreso a la convalidación del Real Decreto. Algo natural, si se considera quienes fueron los autores materiales del desaguisado.

Ahora, 3 años y 600.000 euros después, Massachusetts Institute of Technology concluye lo que era obvio, que los terremotos eran culpa del Castor y el Ministro de Energía dice que mejor dejarlo así, que el depósito es como un globo y mejor no desinflarlo ya que puede dar lugar a nuevos procesos sísmicos.

Es decir tenemos, en palabras del Ministro, un globo de gas, que no podemos ni utilizar ni vaciar y que nos va a costar, mantenimiento del globo incluido, más 2.000 millones de euros que tendremos que pagar en la factura del gas los próximos 30 años.

Un episodio más de La Trama.