Debe de ser la casualidad, que ofrece generosamente lo que nadie ha pedido, pero así es la vida de azarosa. Lo cierto es que es demasiada casualidad que metidos en la batalla electoral, a unos días vista de la manifestación en la que la AVT se disponía a cantarle las cuarenta a Rajoy por sus “traiciones” a las víctimas de ETA y casi recién concluida la gran marcha de Bilbao del sábado para pedir el acercamiento de los internos de la organización terrorista a cárceles vascas, dos actuaciones causales de la Guardia Civil y del Tribunal Supremo hayan puesto al Gobierno como unas castañuelas de contento.

Empezando por la primera, está por ver el alcance de la espectacular redada policial contra una docena de abogados vascos, que están siendo puestos en libertad a medida que prestan declaración ante el juez y que estaban tan localizados que varios de ellos se disponían a ejercer de letrados en el juicio contra la cúpula de Batasuna, PCTV y ANV en la Audiencia Nacional, finalmente suspendido.

La media tonelada de calderilla incautada en la operación, recolectada al parecer en la manifestación de Bilbao, estaba destinada, según la Guardia Civil, a pagar a estos letrados, a los que se acusa no ya de pertenecer a ETA, que también, sino de defraudar 1,3 millones a Hacienda de sus minutas a los presos. Con independencia de que la imagen de esa montaña de moneda fraccionaria hacía dudar de si lo confiscado era la recaudación diaria de Recreativos Franco, con la misma vara de medir a la familia Pujol habría que haberles mandado como poco a la Brigada Paracaidista.

La segunda causalidad procede del Supremo. Su resolución de este martes, decidida con la oposición de seis de sus magistrados, implica que los presos de ETA no podrán acumular la condenas cumplidas en otros países, de manera que habrá que revisar la situación de medio centenar de internos y, presumiblemente, devolver a la cárcel a algunos etarras que habían obtenido la libertad. El Alto Tribunal interpreta de forma muy particular la transposición de una directiva europea, que obligaba a todo lo contrario y a la que convierte en papel mojado. Es reseñable que la propia Comisión Europea criticara a España por haber tardado más de tres años en adaptar dicha directiva a su legislación. El tema acabará en Estrasburgo donde lo probable es que el Estado vuelva a llevarse un tremendo revolcón.

Ocurre todo esto dentro del sempiterno inmovilismo del PP para acelerar el final de ETA y cuando el lehendakari había decidido constituir un comité vasco para verificar su desarme, en vista de que esperar a que Rajoy tome alguna iniciativa es como confiar en que llueva café en el campo a la hora del desayuno.

ETA parece cosa del pasado y así sería realmente si el Gobierno no siguiese pensando en que la supervivencia de la banda, aunque sea como rescoldo, puede seguir dándole votos, o en la reprimenda de Aznar, al que ahora se vuelve a reclutar para que la derecha más rancia tenga algún argumento para no cambiar de papeleta el día de las elecciones. Algo grave, por cierto, debe de pasarle a Mayor Oreja, que entretenido en combatir el aborto hasta en el último confín de la galaxia, lleva tiempo sin alentarnos de las últimas conspiraciones sobre el particular.

La mayor casualidad de todas, sin embargo, procede de Francia, donde la Universidad de Toulouse, precisamente ahora, se dispone a hacer doctor honoris causa a Zapatero por haber conseguido el fin del terrorismo de ETA. El ex presidente también está como unas castañuelas. No existirá el azar y Dios no jugará a los dados, como decía Einstein, pero parece que recientemente ha hecho una visita al casino de Torrelodones.