En Canarias, dos empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio González, consiguieron unos beneficios de más de 110 millones de euros, más de 18.000 millones de pesetas, sin arriesgar un solo euro y sin mover un solo ladrillo. ¿Magia empresarial? No, corrupción política. Aunque algunos creían que no llegaría, comienza el juicio penal, once años después de que la Asociación Ínsula Viable, constituida en su día por militantes de base del PSC-PSOE cuya mayoría a día de hoy militan en Socialistas por Tenerife, interpusieran una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos (Anticorrupción). Una causa considerada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, como un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable.

El conocido como “Caso Las Teresitas” es un ejemplo de cómo la corrupción político-empresarial puede mermar las arcas públicas acabando con el “Estado del Bienestar”. Actualmente se conocen casos como La Gürtel, La Púnica, los ERES, etc y ya no es tan sorpresiva la telaraña corrupta y sus modus operandi pero el año en que se interpuso la denuncia algunos de sus denunciantes perdieron su trabajo o fueron vilipendiados. La presión que soportaron los auténticos denunciantes, no aquellos que se atribuyen el mérito cuando ni firmaron la denuncia ni pagaron las costas cuando un juzgado ordinario sobreseyó el caso que ha demostrado ser de un grado superlativo de corrupción, ha sido brutal y nunca saldrá a la luz porque son acciones de héroes anónimos y demócratas que antepusieron el interés general al suyo propio. Sirva este escrito como homenaje a todos ellos, algunos de los cuales ya ha fallecido y no podrá conocer lo que significó su sacrificio.

Están imputados los empresarios Antonio Plasencia, expresidente de la patronal tinerfeña de la construcción, y su hijo Carlos, Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio, y su hijo Pedro, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, de Coalición Canaria (CC), Miguel Zerolo y el que fuera su Concejal de Urbanismo, también de CC, Manuel Parejo y los exconcejales que en aquél momento representaban a la oposición Emilio José Fresco del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y José Emilio García Gómez del Partido Popular (PP) así como los funcionarios Victor Reyes, exsecretario de Urbanismo, José Luis Roca, exinterventor de Urbanismo, José Tomás Martín, exgerente de Urbanismo, José Eugenio de Zárate, exsecretario del Ayto de Santa Cruz y Antonio Messía de Yraola, exinterventor del Ayto de Santa Cruz.

La operación Las Teresitas podría resumirse a grosso modo como una operación perfectamente orquestada por una alta autoridad que mece la cuna. Decía el poeta William R. Wallace “la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo”. En 1998, Ignacio González, empresario y en aquél momento Presidente de la Cámara de Comercio, crea una Sociedad, Inversiones Las Teresitas, nombrando como testaferro a un empleado suyo. Pide un préstamo de 33,7 millones de euros, 5.600 millones de pesetas, a la Caja de Ahorros CajaCanarias presidida por Rodolfo Núñez Ruano que había sido, entre otros cargos en el Gobierno de Canarias, Director General del Gabinete de Presidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso Rojas, de CC y mentor político del exalcalde Miguel Zerolo. En el Consejo de Administración de CajaCanarias además de estar el propio empresario, de ahí la necesidad de utilizar un testaferro, está el alcalde Miguel Zerolo de CC. Dicho Consejo concede el crédito y los empresarios adquieren el frente de la playa denominada “Las Teresitas”, 298.000 metros cuadrados. Tres años después, en 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuyo alcalde seguía siendo Miguel Zerolo, de CC, le recompra, a los empresarios, un tercio del suelo por 52,7 millones de euros. Eso significó la ganancia, para los empresarios, de 19,6 millones de euros. Además el Ayto recalifica el suelo restante de uso hotelero a uso residencial lo que se tradujo en una ganancia de 90,3 millones de euros. En total los empresarios se embolsaron 110 millones de euros, más de 18.000 millones de pesetas, sin invertir un euro propio.

Datos a tener en cuenta:

Rodolfo Núñez Ruano, director de CajaCanarias, aparece en la lista Falciani de potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en Suiza. Abrió la cuenta en el año 2001, año de la compraventa del frente de playa

Informes elaborados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada Provincial de la Policía Judicial revelaron que el empresario Plasencia y el expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, tuvieron relaciones societarias y que durante el periodo comprendido entre 1998 y 2002 desde el entorno de Plasencia se transfirió 3.974.916,6 euros a cuentas del entorno de Núñez sin que dichos traspasos se puedan justificar.

El Banco de España incoó expediente a CajaCanarias por cometer una infracción de la normativa que regula el funcionamiento de las entidades financieras que culminó con una amonestación privada

CajaCanarias avala, en el mismo día, al testaferro utilizado por el empresario y que trabaja en su empresa, un préstamo de 33,7 millones de euros. Sin embargo, un año antes, el mismo trabajador, había pedido un préstamo personal que le fue denegado tal vez porque su nómina era de 723 euros.

CajaCanarias concede el crédito de 33,7 millones de euros, unos 5.600 millones de pesetas, sin aportar ninguna garantía hipotecaria salvo el valor de las 101 parcelas, 298.000 metros cuadrados, no adquiridas todavía.

Una funcionaria de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admitió, en el juzgado, que guardó “en el horno” de su vivienda dos DVDs del “caso Las Teresitas” a fin de poder demostrar las horas extras y pedir una compensación económica. Asumía tareas de tramitación pese a que su cometido era el de auxilio judicial.

Han aparecido documentos, dentro del propio Ayuntamiento, que acreditan que el frente de playa que la Corporación recompró por 52,7 millones de euros, siendo alcalde Zerolo, eran propiedad del municipio desde 1967. El Ayto pagó por algo que ya era suyo.

El exalcalde Miguel Zerolo, según la policía, vivió durante 28 meses con un tren de vida de lujo sin sacar un euro del Banco. La situación económica de la familia del exalcalde, según fuentes policiales, cambió drásticamente en el año 2001, fecha en la que se cierra la compra del frente de playa por el Ayto. Pasó de ser deficitaria, cuantificándose en -3.000 euros en el año 2000, a tener un superávit de casi 52.000 euros. Lo curioso es que pese a tener un nivel de vida elevado, en un año la familia consumió más de 8.000 euros en restaurantes, 6.366 euros en ocio y 5.986 euros en viajes, la policía destaca que la extracción de dinero en cajeros era irregular y a veces inexistente durante largos periodos con lo cual quedaba acreditado que la unidad familiar disponía de otros recursos monetarios. Así destacan la compra de 5 coches y un ciclomotor por un precio total de 107.000 euros cuyo origen según la investigación “es desconocido”.

En el año 2001 Miguel Zerolo resultó premiado consecutivamente en los sorteos de la Lotería de Navidad y la Lotería del Niño. Diez décimos del número 61.941 de la Lotería de Navidad le proporcionaron más de 43.000 euros en premios y unos días después 135 décimos del número 23.427 de la Lotería del Niño le dejan 14.605 euros. En total, casi 60.000 euros en premios. La policía cuestiona, además de la probabilidad que es ínfima, el hecho de que no hay rastro en las cuentas bancarias de la compra de los décimos que a 3.000 pesetas por décimo sumaban unas 435.000 pesetas.

Miguel Zerolo mantuvo que su padre siempre jugaba al mismo número y que en ese ejercicio le tocaron unos 14.000 euros por la compra de 140 décimos. El padre de Zerolo declaró ante el Juez que nunca le ha tocado más de 12.000 euros y que nunca ha comprado más de 15 décimos. Hecho corroborado por la policía.

El 18 de enero, Miguel Zerolo, tras ser agraciado con los premios de la lotería adquiere, por poco más de 52.000 euros, una finca rústica propiedad de una anciana, situada en el Municipio de Granadilla. Se declara reserva natural especial y la finca acaba siendo permutada por otros terrenos que Zerolo vendería por casi 670.000 euros, o sea, diez veces más de lo invertido. El Ayuntamiento de Granadilla da a conocer el plan parcial que otorgaba las permutaciones un día antes de que Zerolo comprara la finca rústica. La operación se hizo con la participación activa de la empresa pública Gestur.

Los Inspectores de la Agencia Tributaria informan que Herminia Gil, concejal del PSOE que votó a favor de la recompra de los terrenos a Inversiones Las Teresitas, firmó una escritura el 20 de noviembre de 2001 para la adquisición de un piso en la capital tinerfeña por un precio muy por debajo de su valor y sin pedir una hipoteca. La Policía Judicial establece una tabla comparativa donde se aprecia que el metro cuadrado pagado por Herminia Gil es de 406 euros mientras en los pisos colindantes es de 1.458 y 1.661 euros, o sea, el triple.

El mismo año que el Ayuntamiento recompra el frente de Las Teresitas la esposa de Zerolo adquiere dos locales comerciales en un céntrico edificio, propiedad de unos de los empresarios, por 584.000 euros pese a que se tasaron en un millón de euros que fue el crédito solicitado. La policía especuló con un posible pago del empresario a Zerolo. También un hermano del exalcalde adquirió tres locales para restauración en el mismo edificio. Incluso se han aportado datos del posible regalo al exalcalde de un ático en un edificio de lujo situado en el centro de Santa Cruz.

La policía comprobó como las familias de los empresarios, González y Plasencia, adquirieron un costoso sistema informático de centralita telefónica y de móviles encriptados con el objeto de distorsionar la voz y que fuera inteligible en caso de intercepción de las comunicaciones lo que evidencia “el elevado interés por ocultar sus actuaciones ante una posible investigación judicial y policial”.

El Parlamento Canario eligió Senador a Zerolo, en representación de la Comunidad Autónoma, pese a estar imputado por prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho en el “caso Las Teresitas”. En dos años tan sólo presentó una iniciativa pero su causa pasó al Tribunal Supremo, suponiendo un nuevo retraso en la causa judicial. La declaración de bienes registrada en el Senado permitió conocer que poseía 486.000 acciones de valor diverso en minas de Perú, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Bostwana, Mongolia, el estado norteamericano de Colorado y el sudoeste de Australia cuyas extracciones de carbón, oro, uranio, molibdeno, hierro, petróleo y tierras raras cotizan en las bolsas de Londres, Toronto, Nueva York y Sydney.

El hijo de uno de los empresarios imputados en el Caso Las Teresitas preside un partido político denominado Centro Canario Nacionalista (CCN), ya sin actividad. Un registro policial, relacionado con el Caso Las Teresitas, propició la incautación de documentación de la contabilidad de la campaña electoral de 2007 donde el partido presidido por el susodicho manejó cantidades muy por encima de lo que permite la ley, unos siete millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción solicitó hasta cuatro años de cárcel para la cúpula del partido e imputó a un total de cinco personas por los delitos de falsedad de la ley de Régimen Electoral General y de malversación de caudales públicos. El juicio será, probablemente, durante el año 2017.

La policía, mientras realizaba pesquisas del Caso Las Teresitas, halló documentación relacionada con la privatización de la Empresa Municipal de Aguas Emmasa que contó con la oposición frontal de los grupos de la oposición e innumerables colectivos vecinales y con el rechazo del interventor municipal. Este proceso que se proyectó en el transcurso de veinte días en el mes de julio de 2005 y que finalizó en marzo de 2006 con la venta de acciones a la mercantil Sacyr Vallehermoso contó con la participación de otro imputado en el Caso Las Teresitas, el exsecretario municipal. El proceso de adjudicación que reportó 60 millones de euros a las arcas municipales está recurrido ante los tribunales de justicia

Miguel Zerolo cargó al Ayuntamiento de Santa Cruz tres noches en un hotel de lujo en Madrid junto a su hijo. Hay habitaciones cuyo coste supera los 700 euros. Según el sumario de las Teresitas este hotel era el elegido por Zerolo y alguno de sus asesores cuando se desplazaba a Madrid. Se reunió con Jorge Bethencourt, periodista, amigo personal del exalcalde y asesor de urbanismo, con Julio Bonis, de CC, expresidente del Gobierno Canario y socio de Jordi Pujol con el que invirtió 6.5 millones de dólares en la Baja California, México de los que no ha sabido justificar su procedencia ni ha querido regresar a España para testificar, y con los empresarios Kumar, Enrique Hernandis, Reyero Hernández y Andrés Piñero. A estos dos últimos los investigadores los relacionan con Mohamed Hamil, hombre de confianza de John Palmer “vinculado con el blanqueo de dinero y tráfico de drogas a gran escala” en muchos lugares, incluido el Sur de Tenerife.

Uno de los imputados José Emilio García Gómez da nombre a una calle en Santa Cruz de Tenerife

En el Ayuntamiento de Santa Cruz los habilitados nacionales (Secretario, Tesorero e Interventor) son elegidos mediante libre designación. La libre designación no garantiza al cien por cien los principios de mérito y capacidad; así como los de neutralidad, independencia, objetividad y profesionalidad con que deben actuar estos funcionarios que deberían ser los que ofrecen al ciudadano la garantía de que todos los actos administrativos que emanan de los órganos de gobierno de la entidad local han sido dictados atendiendo a la más estricta legalidad.

Y podríamos seguir relatando los innumerables entresijos y corruptelas de un caso cuyo sumario consta, según medios de comunicación, de más de 40.000 folios. Un entramado de corrupción donde los chicharreros hemos sido objeto de “supuestos” robos que han mermado nuestras condiciones de vida y que han perjudicado seriamente nuestro futuro y sus expectativas

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