Con el rescate a Chipre, los dirigentes políticos de la Unión Europea, capitaneados por Alemania, han alcanzado el máximo nivel de su incompetencia. Si la gestión de la crisis del euro ha sido en su conjunto un monumental disparate, el tratamiento dado a Chipre en los últimos días resulta sencillamente impresentable. Todos los indicios apuntan a que se ha elegido ese pequeño país como banco de pruebas para averiguar la resistencia de los ciudadanos ante una nueva vuelta de tuerca. Hasta ahora, los depósitos bancarios habían esquivado los hachazos de Bruselas, que sólo han servido de momento para hundir la región en la mayor recesión de su historia. Pero en Chipre han ido a por ellos también, so pretexto de que una cuarta parte proceden de Rusia y son fruto de actividades poco o nada respetables. Como si el origen supuestamente ilícito de algunos depósitos fuera motivo suficiente para que el Estado penalice a todos los ahorradores.

Gracias a tan brillante iniciativa, esta semana hemos tenido en la Unión Europea por primera vez un corralito; es decir, lo que se nos había asegurado que nunca llegaríamos a tener. Los chipriotas llevan varios días privados del derecho a retirar su dinero de los bancos, y por el resto de los Estados miembro –España entre ellos– se ha extendido el miedo al contagio. Por eso, el ministro de Economía, primero, y el presidente del Gobierno, después, se han apresurado a negar que aquí vaya a ocurrir lo mismo, porque los depósitos son “sagrados”. El problema, al menos en el caso de Rajoy, es de credibilidad: en el año y pico que lleva en el poder, ha incumplido demasiadas promesas como para seguir creyéndole. Con el agravante de que, además, él ya ha metido la mano en el bolsillo de los ahorradores –incluidos los pequeños– al elevar la imposición sobre las rendimientos del capital en el IRPF y al dar carta de naturaleza a la estafa de las preferentes en las antiguas cajas de ahorros nacionalizadas.

Por otra parte, no deja de ser chocante el cinismo del Gobierno cuando sale en defensa de la integridad de los depósitos bancarios, después de haber cruzado otras líneas rojas que también parecían “sagradas”. Las pensiones, que perdieron poder adquisitivo en 2012 al dejarse en suspenso su actualización y no hay razones para pensar que lo vayan a recuperar este año. La educación y la sanidad, que han sufrido serios recortes, a pesar de que Rajoy, durante la campaña electoral, se comprometió a no tocarlas. La ley de Dependencia, que hoy es papel mojado por falta de financiación… Todo eso, y mucho más, también merecía la protección del Gobierno; una protección tan decidida como la que ha proclamado en el caso de los depósitos bancarios. Por lo menos.

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