MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia

Hace algo más de un siglo, en un artículo periodístico de El Imparcial, D. José Ortega y Gasset lamentaba que en España no hubiera “un público para la ciencia”, además de no haber tampoco “creadores de ciencia”. Creo que fue la primera vez que se señaló con toda claridad la doble dimensión del déficit de cultura científica de nuestro país: faltaban científicos, pero faltaba también “un público para la ciencia”, una presencia significativa de la ciencia en la cultura popular, podríamos decir.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Como hemos tenido ocasión de señalar estos días, España se puede considerar ya, por seguir usando terminología orteguiana, “un país de ciencia”. Y ello en un doble sentido: porque nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación es ya un sistema maduro, homologable al de cualquier país avanzado de Europa, y porque en España empieza a madurar también un “público para la ciencia”,

a reconocerse la importancia de la ciencia y la tecnología como elementos esenciales de la cultura del país.

La nueva Ley de la Ciencia así lo reconoce en su artículo 38. En él se declara la obligación de las administraciones públicas de velar por la difusión de la cultura científica. Se establecen como objetivos de los planes de investigación e innovación los de fomentar la divulgación científica, proteger el patrimonio histórico de carácter científico y tecnológico y reconocer el valor de las actividades y de las instituciones especializadas en este campo (publicaciones, exposiciones, museos, centros de divulgación). Además se declara con toda solemnidad (enmienda incorporada en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley) que debe ser un objetivo de la política estatal “incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el sistema educativo” (¿Será este el único contenido posible del frustrado pacto educativo?).

Como declaración de principios inspirada en la tradición ilustrada no creo que pueda pedirse más. A partir de ahora se introduce un nuevo criterio para evaluar las políticas gubernamentales de ciencia y tecnología: estas deberán diseñarse y ejecutarse no sólo mirando a los científicos, a los centros de investigación y a las empresas, sino también mirando al público.