La semana pasada se conoció el anteproyecto de la nueva Ley del Cine de Catalunya y, curiosamente, la reacción de algunos medios fue destacar solamente el aspecto sancionador de su normativa. Pues no lo entiendo. Es como si las normas de tráfico vigentes en un país sólo importaran a efectos de las multas correspondientes. Si hay normas en el tráfico (y, por consiguiente, multas) es para evitar el caos, favorecer una circulación mínimamente reglada y, al final, evitar muertes en accidente. La multa es lo accesorio (y lo inevitable, de acuerdo con la naturaleza humana); lo esencial es la necesidad, en sociedades complejas, de la reglamentación.

La Ley del cine catalana pretende asegurar que el espectador pueda escoger la lengua en que se emitirán las películas. Se propone, en ese sentido, que la mitad de las copias sea en catalán y la otra mitad en castellano. Para los exhibidores que incumplan las reglas, habrá sanciones, como es lógico y normal, porque es el espectador el sujeto de derechos. Al fin y al cabo, poder escoger la lengua en una sociedad bilingüe es la matraca con la que día si día también bombardean los partidarios del “bilingüismo sano”. Pues que no se preocupen: a esos efectos, la nueva ley rebosa salud…

En el fondo, los aspavientos más o menos sinceros contra la ley lo único que revelan es la gran farsa del “bilingüismo”. Para una vez que se cumple estrictamente con el equilibrio entre los idiomas, los bilingüistas se rasgan las vestiduras. ¿Y por qué? Porque el catalán se fortalece. Ese es el gran drama. Eso es lo imperdonable. He aquí la gran tragedia española.