apatero remozó el 20 de octubre el decorado del teatro político y puso en escena un nuevo reparto de actores, pero sigue sin conocerse el libreto con el que pretende volver a granjearse el favor del público. El impacto publicitario del cambio de actores y de la reasignación de papeles ha sido notable, como prueba el aturdimiento que provocó en la competencia, pero se trata de un revulsivo cuyo efecto tiene una duración limitada en el tiempo, más bien corta por larga que sea.

El Gobierno necesitaba desesperadamente mejorar su coordinación interna y su comunicación externa. Y, según explicó el presidente, puede incluso que con demasiada insistencia, esta fue la guía por la que se movió. Pero coordinación y comunicación son un binomio insuficiente. Coordinar y comunicar, sí; pero ¿qué? Además de coordinar y comunicar, hace falta decidir y actuar. Las políticas son el sustento de toda coordinación y comunicación. Sin ellas, todo quedará en una puesta en escena y en un reparto interno de poder.

La recuperación económica no lloverá del cielo cual maná electoral y el tiempo corre cada vez más deprisa en contra de los intereses del Gobierno, que no puede limitarse a ejercer de oposición a la oposición. El programa oculto del PP es inquietante, pero el programa vigente es el del PSOE.

Tras el calafateado, la nave socialista da la sensación de seguir en el muelle, por más que sus “15 portavoces” hagan sonar la sirena y multipliquen los anuncios de que está en disposición de proseguir la travesía, con un programa que incluye función de estreno: “Una nueva agenda social”, según el rotulado hecho por el presidente del Gobierno ante la cúpula dirigente del PSOE tres días después de la reorganización ministerial.

La eutanasia del bienestar

Desde la Moncloa se asegura que los guionistas están trabajando a destajo en el libreto, que consta de dos partes principales.

La primera tiene como nudo argumental que el Estado del bienestar ha de ganar en eficiencia si quiere sobrevivir a la crisis, y esa adaptación, que se planteará con la coral de renovarse o morir, la hará la izquierda o no la hará nadie. La alternativa sería asistir a su languidecimiento, según qué tesis se impongan dentro del PP: las que se atribuyen a Mariano Rajoy, que parece más proclive a la eutanasia pasiva, o las que encarna Esperanza Aguirre, que ha dado pruebas fehacientes en Madrid de ser partidaria de la eutanasia activa.

Los guionistas del Gobierno sostienen que, si no se consigue una economía más competitiva y eficiente, la defensa del Estado de bienestar será imposible por la sencilla razón de que no se podrá financiar. Ya hay indicios alarmantes. El deterioro de la sanidad pública es cada vez más notorio, hasta el extremo de que son ya varios los presidentes autonómicos que han acudido a asesorías privadas en busca de soluciones a su abultado déficit. El desarrollo de la Ley de Ayuda a la Dependencia como un cuarto pilar del Estado del bienestar es un fiasco, acentuado en su dimensión por las desmesuradas expectativas que se crearon. Y los pensionistas, además de trabajar como voluntariado social sustituyendo o complementando la insuficiente red de guarderías, han visto congeladas sus prestaciones económicas. Tan cierto como que casi mil millones de personas pasan hambre en el mundo y otros mil

millones padecen obesidad. Tan cierto como que el 80% de los recursos del mundo son consumidos por el 20% de la humanidad.

La segunda parte de la nueva función que se anuncia sitúa como protagonistas a los jóvenes y a los parados de larga duración. Los jóvenes, que históricamente han sido la clave de todos los cambios políticos, están en España “resignados” y todavía no movilizados activamente contra el Gobierno, como ocurre en Francia, según el diagnóstico de Sergio Gutiérrez,

secretario general de las Juventudes Socialistas, pero la resignación es un estado anímico de transición.

En cuanto a los parados de larga duración, ya hay dos millones de españoles que acumulan un año o más buscando empleo sin éxito –834.000 cumplen dos años o más–, lo que los convierte en firmes candidatos para convertirse en excluidos sociales.

Así, si hay dos reformas urgentes son: la de la educación, “el PIB de mañana”, en palabras del andaluz José Antonio Griñán; y la de las políticas activas de empleo, que aunque están transferidas a las comunidades autónomas pueden ser orientadas a través de las normas básicas por el Gobierno, que todavía dispone para esas actuaciones de la nada desdeñable cantidad de 7.320 millones de euros –1,2 billones de las antiguas pesetas–.

Ahora que la izquierda gobernante ha concluido que la política redistributiva ya no puede hacerse vía ingresos –impuestos–, tiene una ocasión histórica para demostrar que sí es posible hacerlo a través del gasto público y que la igualdad empieza por los sacrificios –los salarios ya suben por debajo del IPC, pero nadie pone límite a los beneficios–.

Una agenda de esperanza

La intensidad y complejidad de la crisis, que tiene uno de sus rasgos característicos en el abatimiento social que genera, reclama una agenda que sea de esperanza y no de miedo frente al pertinaz tsunami de los mercados. Una agenda que no puede ignorar la realidad de que la mayoría ya vive peor que antes de la crisis, pero que ha de procurar una expectativa fundada de que eso será sólo un imprescindible paréntesis.

Como ha comentado en alguna ocasión Zapatero, no es fácil subir a una tribuna y decir a los ciudadanos: “Vais a vivir peor”. Pero los políticos sólo recuperarán la confianza pérdida con políticas capaces de generar confianza. Y la confianza es una planta que tiene su raíz en la verdad.