JOSÉ MANUEL NAREDO

En ese banco de pruebas sociopolítico que es la isla de Lanzarote ha surgido un conflicto de poderes que deja en mal lugar a nuestra democracia, al evidenciar que la tan cacareada división de poderes de Montesquieu, en la que se apoya, no funciona como debiera. Lo ocurrido aclara que cuando los poderes legislativo y judicial legislan y sentencian cosas que no gustan a ciertos poderes fácticos, estos se revuelven para impedir que el Ejecutivo aplique determinadas sentencias acordes con la legislación vigente. Es decir, que hay poderes caciquiles que guardan las formas democráticas y aceptan que se legisle y planifique en favor del medio ambiente, la sostenibilidad... u otros angélicos propósitos, siempre que se trate de gestos meramente ceremoniales. Pero si los planes y normas ponen cortapisas a sus negocios, enseguida redoblan sus presiones sobre el Ejecutivo o tratan de renovarlo mediante componendas para conseguir que haga la vista gorda a sus ilegalidades.

Lanzarote es una isla –declarada Reserva de la Biosfera– que ha sabido revalorizar y preservar mejor que otras su patrimonio natural y cultural en conflicto con quienes la ven como un simple solar a construir y cementar con el mismo estilo universal que ha venido invadiendo nuestras costas. Este conflicto se ha venido manifestando en la indisciplina urbanística de ayuntamientos y promotores, que siguieron concediendo licencias y construyendo al margen de lo acordado en el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Por iniciativa del Cabildo u otros denunciantes, estos incumplimientos fueron a parar a los tribunales, que acabaron hilando un rosario de sentencias firmes que acuerdan la anulación de dos millones de metros cuadrados de licencias municipales concedidas irregularmente, con el consiguiente derribo de las edificaciones asentadas sobre ellos.

Para resolver tan grave situación, el Cabildo, presidido por Manuela Armas, elaboró una propuesta de ley que combina la demolición con posibles compensaciones para legalizar algunos de los edificios irregulares. Esta propuesta fue remitida en julio al Gobierno de Canarias, cuyo agudo silencio acabaron rompiendo los hechos: una moción de censura desalojó el pasado 19 de octubre a la presidenta del Cabildo. Esta moción se apoyó en el pacto cuatripartito –entre Coalición Canaria (CC), Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Partido Popular (PP)–, que ahora gobierna. Los problemas del nuevo Ejecutivo isleño con la justicia son de tal calibre que el líder del PIL, Dimas Martín, y el hasta hace poco vicepresidente del PNL José Francisco Reyes permanecen encarcelados por actuaciones relacionadas con la corrupción urbanística y el tráfico de influencias.

El nuevo giro político acentúa el conflicto de poderes mencionado, reflejo de otro más básico que opone a la legalidad democrática un caciquismo que trata de hacer de la ilegalidad ley y de la discrecionalidad norma. El camino hacia una sociedad más habitable y solidaria pasa por sanear este conflicto denunciando la extendida picaresca político-empresarial.

José Manuel Naredo es economista y estadístico