Carmen Magallón

Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz

Del 1 al 11 de febrero se va a llevar a cabo en Perú la Marcha nacional en defensa del Agua y de la Vida para sacar a la luz los graves problemas que crecen por todo el país derivados de la actividad de las empresas mineras extractoras, petroleras y megaproyectos hídricos. Aunque los conflictos son muchos, el desencadenante es la larga disputa que mantiene Cajamarca y que enfrenta a comunidades indígenas, campesinos y ciudadanía de la región con las multinacionales mineras canadienses que explotan el oro a cielo abierto. En este departamento, la empresa Yanacocha, cuyo socio mayoritario es la canadiense Newmont, explota el tajo minero más importante de Latinoamérica. Ubicado en plena cordillera andina, a casi 5.000 metros de altura, en él se extrae oro utilizando cianuro y grandes cantidades de agua.

Si pensamos que obtener un gramo de oro exige remover una media de una tonelada de roca, comprenderemos que Yanacocha haya alterado radicalmente el paisaje andino y haya acabado con las fuentes naturales de agua. La contaminación del agua es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres y en Perú, el principal foco de contaminantes tóxicos es la minería a cielo abierto. En Cajamarca, ha habido varios episodios de mortandad masiva de peces y se han disparado los casos de enfermedades respiratorias, diarreas, dermatitis, conjuntivitis y otras dolencias. Y es que las enormes balsas que almacenan las aguas residuales, aún impermeabilizadas, no impiden que a veces haya fugas, por lo que fuentes y ríos están contaminados con cianuro y metales pesados.

Las inversiones privadas fueron en principio bien recibidas, bajo promesas de trabajo y desarrollo, pero 15 años después la zona es más pobre de lo que era antes. Las empresas mineras siguen privilegiadas por las leyes de Fujimori: sólo deben aportar el 1% de sus ingresos. Ante las protestas, la respuesta ha venido siendo la represión, no sólo de la Policía, sino de la compañía privada de seguridad de la empresa. Por eso, es importante que esta marcha esté acompañada por una comisión internacional de observación, respaldada por movimientos y organizaciones de derechos humanos. Y que nos hagamos eco de sus informes.