FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

El PP ha anunciado ya que impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC) la futura Ley del Aborto. Al parecer esta ley también podría considerarse inconstitucional, como todas las anteriores que el PP impugnó. En lo que hasta ahora ha resuelto el TC ninguna lo era, pero este porcentaje tan nulo de aciertos no desanima al PP. Así pues, de nuevo, será el TC el que decida si es posible o no una política legislativa acordada por la mayoría que ganó las elecciones.

Que el TC controle a la mayoría no es nada extraño, pues esa es una de sus funciones esenciales. Lo que resulta raro es que el PP traslade al TC el peso de la oposición política a la mayoría, como está haciendo hasta ahora. Resulta cómodo para el PP, porque así no tiene que hacer oposición. No necesita buscar argumentos para descalificar las opciones de la mayoría ni tiene que plantear alternativas viables a esas opciones. Le basta con afirmar: “Es inconstitucional” y ahí termina su labor. Del resto se encarga el TC, sometido a una sobrecarga de trabajo y de tensiones totalmente inaceptable.

El caso de la ley de plazos es paradigmático, porque nos evidencia la ausencia de contenido del cuestionamiento de la constitucionalidad de la reforma proyectada. En torno al 90 % de los países europeos tiene una ley de plazos y nadie discute su constitucionalidad. ¿De qué Constitución está hablando el PP? ¿Es que nuestra Constitución no es homologable con el 90% de la constituciones europeas? ¿Es que contiene límites adicionales a los que se incluyen en el 90% de las constituciones europeas? ¿Tenemos una Constitución especialmente restrictiva respecto de las del resto de Europa y no nos habíamos enterado hasta ahora?

Los problemas que plantea este modo de hacer política son innegables. En primer lugar afectan al propio PP, ya que trasladan a la ciudadanía la idea de que este partido no tiene, en realidad, un programa político, más allá de la descalificación permanente de la política de la mayoría mediante el recurso de inconstitucionalidad. Pero, además, esta confusión constante entre el ámbito político y el constitucional eleva el nivel del debate de manera desproporcionada, transformando cada reforma legislativa en un conflicto constitucional. Se desvirtúa así el valor de la Constitución como marco de convivencia, ya que el texto constitucional termina convirtiéndose en un instrumento más de la lucha política. Además, se genera una imagen negativa de la Constitución entre la ciudadanía, porque se presenta como un freno permanente a cualquier reforma y deja de ser un instrumento de ordenación y solución de conflictos para pasar a ser, ella misma, la causa del conflicto.

Con este modo de hacer política el sistema democrático se resiente y las instituciones de control no pueden realizar su trabajo con normalidad, porque se ven sometidas a una tensión política constante que resulta inapropiada para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. En última instancia, la ciudadanía termina asumiendo una actitud escéptica y desvínculándose de las instituciones, ante la magnitud de las controversias que se desarrollan en el escenario político. Parece que el mundo se va a acabar a cada paso por el Estatuto de Cataluña, el matrimonio entre personas del mismo sexo, las cuotas electorales o la ley de plazos. Sin embargo, no es así. Al contrario: se transforma en un mundo más equilibrado, más justo y más respetuoso con los valores, los principios y los derechos que nuestra Constitución proclama.

Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional