Uno de los mayores escándalos que han ocurrido en el mundo llamado subdesarrollado ha sido el brote de cólera que ha estallado en Haití, el país más pobre del mundo, pobreza que se debe, no a la escasez de recursos en aquel país, sino a la concentración de su riqueza en unos sectores muy minoritarios de la población que han utilizado tales recursos para su propio beneficio, sin ninguna consideración hacia el bienestar de las clases populares del país. Esta concentración de las riquezas se ha mantenido a base de una enorme represión. Históricamente tal sistema económico-político era sostenido por unos gobiernos que representaban y continúan representando a la oligarquía haitiana, la cual ha gobernado durante la mayor parte de la historia de Haití como Estado independiente con el apoyo de los gobiernos estadounidense y francés, influenciados por las empresas de estos países que se beneficiaban de tal sistema opresivo y de su relación privilegiada con las élites gobernantes en Haití.

Últimamente, sin embargo, los aparatos represores se han internacionalizado y la función policial —encaminada a evitar una revuelta popular— la hacen nada menos que las tropas de las Naciones Unidas, que se presentan como una organización humanitaria que ayuda a los países a los que se define como “en vías de desarrollo”. Hasta aquí, la descripción de lo que, por desgracia, es bastante común y corriente en las zonas donde la pobreza domina la vida de la mayoría de la población.

Ahora bien, algo ha ocurrido en Haití que muestra hasta qué punto las Naciones Unidas han perdido toda sombra de legitimidad en su presentación como organización en defensa de los derechos humanos. 8.000 personas han muerto de cólera y 646.000 han contraído esta enfermedad en aquel país. Y la causa de ello han sido las tropas de las Naciones Unidas, portadoras del cólera, que han contaminado a una persona de cada 16 a través del sistema de distribución de aguas en aquel país. Toda la evidencia científica sustenta que los portadores del cólera eran los soldados de Nepal, asignados a tal función —“garantizar el orden”— en aquel país, como parte del mandato de las Naciones Unidas. ¿Se figura el lector el escándalo que hubiera ocurrido en el mundo si esto hubiera pasado en Europa o en Norteamérica? Pues bien, tal situación escandalosa apenas ha sido noticia en estos lugares.

Pero la situación es incluso peor. Cuando, por fin, The New York Times publicó un artículo detallando la magnitud del desastre, hubo una cierta movilización en círculos jurídicos, en defensa de los derechos humanos, exigiendo reparaciones de las Naciones Unidas (UN) a Haití y a sus víctimas. Y hace unos días las Naciones Unidas (su Secretario General) indicó que no iban a pagar ni un real, pues su propia Constitución les otorgaba plena inmunidad. El Secretario General de tal asociación, el Sr. Ban Ki-Moon, dijo que independientemente de que hubieran sido las Naciones Unidas responsables de este enorme problema, las Naciones Unidas tienen inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Y se quedó tan tranquilo. Y los medios de mayor difusión en España no dijeron ni pío.