Los KIRCHNER están dándole la vuelta al calcetín y poco a poco van consiguiendo que Argentina recupere el control de las grandes empresas privatizadas en tiempos de CARLOS MENEM. Para revertir ese proceso, el Gobierno lleva años apretando las tuercas a los nuevos propietarios. El método más recurrente consiste en congelar las tarifas de los servicios públicos, consideración que allí tienen la energía o algunas modalidades de transporte, por ejemplo. Así se consigue la asfixia financiera de los correspondientes operadores, que tarde o temprano acaban tirando la toalla y devolviendo lo que en su momento compraron.

España ha invertido mucho dinero en Argentina desde que este país emprendió la liberalización económica. Sólo en 1999 fueron más de 15.000 millones de euros. Por supuesto, como toda inversión, ésta también era interesada. Pero, desde la crisis de 2001, los flujos de capital han disminuido sensiblemente por culpa del amenazante discurso nacionalista de Néstor Kirchner, primero, y de su esposa y sucesora, CRISTINA FERNÁNDEZ, después. En los últimos dos años, la inversión española en Argentina no ha llegado ni de lejos a los 500 millones.

Para aprovechar el desaliento de los grandes grupos extranjeros a los que hostigaban incansablemente, los Kirchner han contado con hombres de negocios dispuestos a sacar tajada de la situación y a congraciarse de paso con el poder. En el caso de YPF, el caballero blanco fue ENRIQUE ESKENAZI, propietario de la constructora Petersen, una de las grandes concesionarias de obra pública en Argentina. Eskenazi, amigo de Néstor Kirchner desde sus tiempos de gobernador de la provincia de Santa Cruz, se quedó en diciembre pasado con un 14,9% de YPF que estaba en manos de Repsol por 2.235 millones de dólares.

Ahora, otra persona con acceso a la Casa Rosada, JUAN CARLOS LÓPEZ MENA, dueño de Buquebús, compañía que copa el tráfico fluvial a través del Río de la Plata, ha sido el elegido para arrebatarle el control de Aerolíneas Argentinas a Marsans, como él mismo se encargó de pregonar hace unos días por todos los medios de comunicación locales. La reargentinización de Aerolíneas es una vieja aspiración de los Kirchner, que han hecho lo posible por aburrir a GONZALO PASCUAL y GERARDO DÍAZ FERRÁN con todo tipo de maniobras.

Estos dos grandes empresarios turísticos españoles (Díaz Ferrán es, además, presidente de CEOE) se habían avenido ya a soltar un trozo de su participación en Aerolíneas Argentinas, que actualmente es del 95%. A lo que no estaban dispuestos, o al menos eso decían, es a renunciar de la noche a la mañana a sus prerrogativas como accionistas mayoritarios y, por tanto, a la gestión de la compañía. El Gobierno, argentino, sin embargo, según parece, pretende que su repliegue sea casi total.

Hace diez días, las noticias que llegaron a España hablaban de un nuevo reparto del capital de Aerolíneas, a tenor del cual el Estado elevaría su cuota en el accionariado del 5 al 20%, las provincias argentinas adquirirían un 5%, otro tanto los trabajadores y el resto iría a parar a una nueva sociedad. En ella estarían presentes varios empresarios locales (el propio López Mena, el banquero JORGE BRITO, ÁNGELO CALCATERRA, los hermanos CIRIGLIANO), pero Marsans serían el socio principal.

La versión que el dueño de Buquebús ha hecho circular es distinta. Él va a ser, dice, el primer accionista con un 37%, mientras que Pascual y Díaz Ferrán serían relegados al segundo puesto con un 33%. Los españoles, que ven con buenos ojos soltar algo de lastre, sobre todo si con ello se liberan de presiones políticas, aseguran que esta fórmula no les convence porque los convertiría en simples comparsas de Aerolíneas Argentinas, a la que creen que todavía pueden sacarle provecho.