No puede sorprender a nadie que la inmensa mayoría de los ciudadanos crea que la corrupción ha agujereado todos los estamentos de la política en España. A menos de un año de las próximas elecciones autonómicas, son precisamente las administraciones de las comunidades autónomas las que la gente percibe como más salpicadas por la corrupción política.

Las investigaciones judiciales abiertas en Balears, Madrid y Valencia, donde los casos que afectan al PP aparentan verdaderos latrocinios del dinero público, sin duda condicionan esa percepción, pese a que hay muchos más ejemplos en la administración local que en la autonómica.

Politólogos y sociólogos se muestran escépticos ante la influencia que pueda ejercer la corrupción en el voto. Hay otros factores que condicionan más la decisión de los electores que la deshonestidad en la gestión política, entre otras razones porque se ha instalado en la sociedad el argumento de que “todos son iguales”. Se trata de una idea tan falsa y letal para el prestigio de la democracia como esa insistencia en acusar a jueces y fiscales de actuar de forma partidista.

Curiosamente, quienes dirigen la Fiscalía Anticorrupción –principal órgano impulsor de las investigaciones– son los mismos que nombró el Gobierno de Aznar. En un país marcado por la pregunta cotidiana de “¿con IVA o sin IVA?”, las urnas reflejarán la falta de reacción a la corrupción más que la corrupción misma. Para alegría de populistas y demagogos.