“Suprimiéndolo se niega el derecho a la libertad religiosa de una mayoría y se olvidan las raíces cristianas de Europa” -Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla-

Me cuenta mi amigo Fabio, editor italiano, cómo la presentadora de un espacio de divulgación científica de la televisión pública -insisto: divulgación científica- hizo su programa abrazada a un enorme crucifijo. Era su aportación al debate que estos días sacude Italia, donde no hay crisis que valga, ni importan los manejos de Berlusconi comparado con el gran tema: la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que da la razón a una madre contraria a la presencia de crucifijos en las aulas.

En el debate se retratan todos: gobierno, obispos, y también la izquierda, que defiende el crucifijo como “tradición nuestra que no ofende a nadie”. Pero la estrategia de unos y otros, antes que quitar importancia a la cruz, pasa por cargarla de simbolismos, que no sustituyen sino que se añaden al religioso. Símbolo cultural, dicen los más. Símbolo nacional, dice la derecha, que lo ve como una seña de identidad italiana.

En España la jerarquía católica ya ha puesto sus barbas a remojar, sobre todo ante la venidera ley de libertad religiosa, que algo tendrá que decir. Ya están preparando el argumentario, para hacer pasar el crucifijo por símbolo de valores culturales, sociales y humanos. Y si no cuela, se atrincherarán una vez más.

En efecto, el crucifijo puede ser visto por muchos como símbolo de todo eso y más. Pero no es ese simbolismo el que nos molesta y obliga a su retirada. La cruz en el aula, como en las mesas donde prometen el cargo los ministros, o como la presencia de obispos en tribunas oficiales, es un recordatorio a los ciudadanos del poder que la iglesia católica sigue teniendo y que se resiste a perder. Es el símbolo de la humillación del Estado.