Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

En la discusión actual sobre la supuesta inviabilidad del sistema de pensiones públicas se está haciendo toda una serie de aseveraciones, reproducidas algunas de ellas por la llamada Comisión de Expertos sobre las Pensiones, que requieren una reconsideración a la luz de la evidencia existente. En tal discusión se asumen erróneamente varias suposiciones, presentándolas como hechos y realidades, cuando en realidad la evidencia científica existente las cuestiona. Entre ellas están las siguientes declaraciones:

1. El hecho de que la esperanza de vida de los españoles haya crecido seis años en los últimos treinta años quiere decir que las personas ancianas viven seis años más. Esto no es así. Hay que saber cómo se calcula la esperanza de vida. Si España, por ejemplo, tuviera solo dos ciudadanos, uno la Sra. García, que vive hasta que tiene 80 años, y otro, el pequeño Juanito, que muere al poco de nacer, entonces la esperanza de vida promedio de España sería (80+0)/2=40 años. Suponga el lector que treinta años más tarde España continuara teniendo solo dos ciudadanos. Uno la Sra. Pérez que, como la Sra. García, muere a los 80 años, y el otro ciudadano, Manuel, que vive hasta los 20 años. La esperanza de vida de esta España reciente sería de (80+20)/2=50 años, es decir, diez años más que la España de ayer. Pero esto no quiere decir, como constantemente se malinterpreta, que la Sra. Pérez viva diez años más. En realidad, continúa muriendo a los 80 años. Lo que ocurre es que el bebé que moría antes, ahora ya no muere y vive 20 años más.

Y esto es lo que ha ocurrido en España, la mortalidad infantil ha estado bajando mucho (lo cual ha estado ocurriendo también en la mayoría de países de la Unión Europea) y con ello la esperanza de vida (que es el promedio de años de vida que el ciudadano medio vivirá) ha subido. Pero el aumento de la esperanza de vida no repercute automáticamente en el mismo aumento de años de vida de los ancianos.

2. Como consecuencia de que las personas vivan más años, existe la necesidad de que también trabajen más años. Si viven seis años más, deberían trabajar seis años más. Este supuesto ignora la enorme variabilidad en las tasas de mortalidad que existe en España entre las personas pertenecientes a distintas clases sociales. Un catedrático de Universidad, por ejemplo, es probable que viva siete años más que la mujer de la limpieza de la Universidad en la que él trabaja. Es una medida profundamente injusta exigir a la segunda persona –la mujer de la limpieza- que trabaje dos años más (y algunos están incluso hablando de cinco años más) para pagarle la pensión al primero –al catedrático-. El retraso indiscriminado de la edad de jubilación es profundamente injusto. Y es, sin embargo, el criterio que se está utilizando y promoviendo. Hoy, en España, la persona del decil superior de renta vive diez años más que la persona del decil inferior. Hacer una propuesta “igual para todos” sin tener en cuenta la enorme desigualdad de condiciones de vida y muerte debería ser rechazado por inmoral y antidemocrático.

3. A mayores años de vida adicionales de la población, mayor es su capacidad y obligación de trabajar. Esta observación, derivada de la anterior, continúa ignorando que no solo la esperanza de vida varía mucho según la clase social, sino también su calidad de vida. La calidad de vida de los años añadidos a la longevidad de una persona jubilada varía también de una manera muy evidente y clara según el tipo de trabajo y empleo (y, por lo tanto, de clase social del individuo) que ha tenido durante su vida laboral. A menor nivel de renta de la persona, y a menor autonomía, creatividad y condiciones satisfactorias del trabajo y empleo que la persona haya desarrollado, mayor es la discapacidad y limitaciones “propias de la edad”, con menor deseo de continuar su trabajo. De esta realidad se deriva el principio aplicado en muchos países –pero no en España- de que la jubilación es un derecho más que una obligación. Para la mujer de la limpieza es una bendición el poder dejar de trabajar. Pero no así para un catedrático, o para un médico, o para un profesional que goza en su trabajo. La aplicación del principio de considerar la jubilación como un derecho (como ocurre ya en muchos países a los dos lados del Atlántico) implica el derecho a que no haya obligación de jubilarse. Como profesor de Hopkins yo no tengo el deber de jubilarme. Siempre y cuando el trabajo esté al nivel que se exige de un profesor de universidad, la institución no puede jubilarme, como resultado de la ley que prohíbe la discriminación a los ancianos (una ley, por cierto, que sería muy necesaria en España, donde la discriminación en contra de los ancianos es muy acentuada).

4. El mayor problema que determina la necesidad de reformar el sistema de pensiones es el demográfico. A más gente anciana que vive más años y menos gente joven, mayor será el problema de la financiación. Esto no es así, pues se ignoran muchas realidades. En los sistemas de financiación a base de contribuciones sobre el trabajo (las cotizaciones sociales), el escenario no consiste en jóvenes versus ancianos, sino en trabajadores versus pensionistas. E incluso más importante es la cantidad de la aportación, que depende del salario y de la productividad. De la misma manera que ahora el 2% de la población que trabaja en agricultura produce más alimentos de los que producía el 18% que trabaja en el campo hace cuarenta años, un trabajador dentro de cuarenta años producirá y contribuirá muchas veces lo que produce y contribuye un trabajador ahora. En realidad, el mayor problema que tiene el sistema de financiación actual de las pensiones no es el demográfico, sino el laboral, es decir, el escaso porcentaje de puestos de trabajo, consecuencia, en parte (no de la siempre supuesta rigidez del mercado laboral) de la escasísima producción de puestos de trabajo (e incluso más escasa producción de buenos puestos de trabajo) resultado de un escaso desarrollo de la infraestructura social y humana del país. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios del Estado del Bienestar que tiene Suecia, España tendría cinco millones más de puestos de trabajo. Es esta escasez de puestos de trabajo el problema de las pensiones contributivas, tema que ni está ni se espera en la citada Comisión. Es lamentable que la solución que predeciblemente aparece como más factible sea la reducción de las prestaciones en lugar de aumentar los recursos para mantenerlas e incluso expandirlas.

Para profundizar leer Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Espasa, 2013) de Vicenç Navarro y Juan Torres.