Fátima Báñez es ministra de Empleo. El recordatorio es obligado porque su presencia en el Gobierno es tan prescindible como decorativa y la gente no tiene por qué acordarse del nombre de los floreros. El Ministerio existe por razones puramente estéticas, ya que sería difícil de explicar que un país devorado por el paro no contara con un departamento semejante y porque alguien tiene que dar las ruedas de prensa cuando se actualiza el registro de desempleados. Si desapareciera, no se notaría su ausencia o, como se verá, se agradecería en el alma.

Teóricamente, la función del titular de Trabajo es disponer de algún tipo de plan de empleo y ponerlo en práctica, pero la única acción que se recuerda de Báñez fue aprobar una reforma laboral para facilitar el despido y confiar en que fueran las empresas las que crearan puestos de trabajo una vez se convencieran de que podían poner en la calle a quien les viniera en gana. Sus efectos colaterales han sido demoledores ya que si algo propició la reforma fue la precariedad y la reducción de los salarios, que, a mayores, ha puesto en riesgo el sistema de pensiones.

Admitiendo que exista algún plan, éste ha consistido esencialmente en el reparto de limosnas, como las ayudas de 430 euros a parados sin ingresos de larga duración, -extralimitándose además en unas competencias que, según el Tribunal Constitucional, corresponden a las comunidades autónomas- y en disponer una cascada de bonificaciones a las empresas que han reducido aún más los ingresos de la Seguridad Social por si la contracción de los sueldos no era suficiente para empujarla a la quiebra.

Tras su espectacular gestión de los despidos, que no del empleo, lo que la ministra ha conseguido en colaboración con la Virgen del Rocío ha sido dinamitar el Estado de Bienestar, precarizar el mercado de trabajo, apuntalar las escandalosas cifras de paro juvenil, acabar con la esperanza de los parados de larga duración y sostener la enorme brecha salarial entre hombres y mujeres que, de acuerdo a las estadísticas oficiales, supera el 23%.

Sobre este último punto, Báñez, que en algo tiene que distraerse, anunció en octubre que el Gobierno se disponía a obligar a que las empresas informasen de los sueldos de sus trabajadores, con un desglose por género de retribuciones fijas y complementos variables, que es donde se esconde la discriminación salarial. Parecía un primer paso en un camino ya recorrido por la oposición, que en el Congreso ha registrado iniciativas para combatir por ley la brecha salarial e imponer sanciones a los incumplidores, en la línea de Islandia o Alemania.

Ha tenido que llegar Rajoy para aclarar que eso de la igualdad es un lío y que entre sus competencias no está decir a las empresas qué debe pagar a sus empleados. “No nos metamos en eso”, sentenciaba este pasado miércoles el señor de las siestas. A un hombre tan atareado en esquivar una corrupción que ya le salpica algo más que los bajos y en evitar que Puigdemont se le cuele en el Parlament por las alcantarillas no se le puede venir con esas menudencias que, al fin y al cabo, sólo afectan a la mitad del electorado.

Un responsable de Trabajo digno de ese nombre hubiera corrido a matizar esas palabras y a recordar que la igualdad no es un capricho sino un derecho amparado por la Constitución, por el Estatuto de los Trabajadores y hasta por una ley específica que sigue en vigor. Uno muy digno habría puesto su cargo a disposición del tuercebotas presidencial y uno dignísimo hubiese dimitido de inmediato. Báñez no ha dicho esta boca es mía. Los floreros pueden ser armas de destrucción masiva pero saben cuándo callarse y limitarse a su función de centro de mesa.