Si existe una institución obligada en mayor medida que cualquier otra a respetar la letra y el espíritu de la Constitución, parece sensato pensar en el Tribunal Constitucional. El artículo 159.3 de la madre de todas las leyes dice: “Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”. El punto 5 del mismo artículo añade que los magistrados o magistradas del alto tribunal “serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato”. No resulta complicado interpretar correctamente el significado de “un periodo de nueve años” o el concepto “independientes”. De modo que los cuatro magistrados del actual tribunal cuyos mandatos expiraron hace dos años y medio demostrarían su absoluta independencia si rechazaran prorrogar por tiempo indefinido su “inamovible” mandato.

Pese a que nadie mantiene encadenados al cargo a esos magistrados, la responsabilidad máxima de la situación corresponde a PSOE y PP, sin cuyo acuerdo no es posible elegir a ocho de los doce miembros del tribunal. Y el actual bloqueo fue originado por el PP, por mucho que ahora pretenda desviar las culpas. La exigencia constitucional de consensos amplios pretendía que la composición de la más alta instancia del sistema reflejara la evolución de las mayorías parlamentarias. Por tanto, quienes tanto predican las bondades de la Constitución sólo tienen que hacer una cosa: cumplirla.