Entre lo adecuado y lo ridículo hay una distancia tan corta que el Gobierno se ha decidido a recorrerla a grandes zancadas. Tal es la condición de esa nueva forma de Derecho preventivo que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha sacado de la manga para impugnar un acto que no se ha producido con un argumento delirante. Se propone el Ejecutivo, con el informe en contra del Consejo de Estado, recurrir al Constitucional la posible investidura del Puigdemont, del que se afirma que carece de “libertad deambulatoria” para acudir al Parlament por su condición de prófugo de la Justicia.

La “libertad deambulatoria” es un nuevo concepto digno de estudio. Hasta ahora se pensaba que los individuos gozaban de libertad sin más calificativos mientras un juez no decretara su ingreso en prisión, algo que en el caso del expresident no se ha producido. Puigdemont está libre y deambula por Bruselas, por Dinamarca y podría hacerlo por España hasta que su detención se ejecute en superficie o en el subsuelo, que para eso Zoido el perspicaz ha dispuesto un plan de vigilancia alcantarillas.

Detenido y todo, Puigdemont mantendría la libertad en tanto en cuento el Supremo no firmara un auto para ponerle a la sombra de Estremera, que es una posibilidad muy real pero no constituye todavía una certeza. En definitiva, el expresident está libre, su investidura no puede impugnarse porque no se ha producido y quien está “deambulatorio” o, quizás de consulta de psiquiatría, es el Gobierno en general y su presidente en particular.

Ejercitarse en el ridículo debe de ser una actividad muy solitaria, y de ahí que el Ejecutivo pretendiera en primera instancia compartir su onanismo jurídico con el Consejo de Estado, que no se ha prestado al gatuperio por eso de que muchos sus miembros son vitalicios, peinan canas y ya no tienen edad para esos jueguecitos adolescentes. Preceptivo pero no vinculante, el informe del ‘comité de ancianos’ no ha hecho desistir al sorayismo de implicar en el enjuague al Tribunal Constitucional, para que se convierta en el brazo ejecutor del disparate.

No es descartable que aquí encuentre apoyo porque el intérprete de la Constitución renunció hace tiempo a ese papel para convertirse en un estenotipista que transcribe a doble espacio las instrucciones de Moncloa. El independentismo será muy dañino para la unidad de España, lo cual no deja de ser una obviedad, pero el secuestro al que se ha sometido al Constitucional y al propio Tribunal Supremo, que ha abandonado el Código Penal para inspirarse en El Príncipe de Maquiavelo, son un peligro para la democracia misma.

Puestos a abrir nuevos mercados, nuestros gobernantes han logrado exportar lo grotesco al corazón de Europa en vista de que el descrédito de las más altas instituciones de la Justicia española se les quedaba pequeño. Fracasada la operación para colocar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el expresidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, se ha sentado en Estrasburgo a una jueza inclinada a pensar que la homosexualidad es patológica y que el preservativo puede fomentar las violaciones. El ridículo no tiene fronteras.