Cuadrar los Presupuestos más restrictivos de la historia reciente y hacerlo desde la necesidad de apoyos parlamentarios no es una tarea sencilla, pero mucho más complicado es ilusionar a una ciudadanía decepcionada. Gobierno y PNV ultiman las negociaciones para la aprobación de las cuentas de 2011 y tienen la intención de elevar hasta en cuatro puntos el tipo más alto en el tramo estatal del IRPF para quienes ganan más de 120.000 euros. El principio de que paguen más impuestos quienes más dinero obtienen es elemental para cualquier mentalidad progresista, pero resulta evidente también que la riqueza no suele tener como origen una nómina salarial por importante que sea. O que tampoco es lo mismo ganar 121.000 euros que 300.000.

Hace unos meses, el Gobierno manejó la posibilidad de crear un nuevo impuesto que contemplara no sólo los ingresos por trabajo sino también el patrimonio inmobiliario, las inversiones societarias... es decir, un “impuesto sobre la riqueza” añadido a los tributos existentes. Fue uno de los pocos amagos para repartir de un modo más equitativo los sacrificios de la crisis. Parece que aquella intención ha sido descartada. Importa poco si la decisión responde a criterios técnicos o al temor a una fuga de capitales. Lo que sí importa es el hecho de que la ciudadanía (de abultada o raquítica nómina) sufre los duros ajustes sin percibir un solo movimiento para gravar más a las grandes fortunas. La decepción sube otro tramo.