Ramón Cotarelo

Sostiene María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, que le consta que la Policía judicial, la Fiscalía General y el Gobierno están realizando actividades de escuchas ilegales a dirigentes del PP no inclusos en sumario alguno. Si le consta es porque tiene pruebas. Pudiera ser. No será la primera vez que en democracia los cargos públicos incurren en actividades delictivas de este tipo. En este momento, y en el partido de De Cospedal, hay algunos cargos o militantes imputados por espionaje político, algo bastante peor que una mera escucha.

Ahora bien, al ser un delito el comportamiento que ha denunciado en los medios la secretaria general del PP –por tratarse de escuchas sin el preceptivo mandamiento judicial– la denunciante tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente según preceptúa la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si no procede así incurrirá ella misma en delito de omisión de denuncia, previsto en el artículo 408 del Código Penal. Pudiera ser, sin embargo, que De Cospedal no tuviera prueba alguna, ni indicios siquiera, y la constancia de que habla fuera una fantasía. Tampoco sería la primera vez que, en el ardor de la refriega política, alguien impute a otro/a un delito falsamente. Ahora bien, una imputación falsa de delito es, a su vez, un delito de calumnia con una pena mayor que la de la omisión del deber de denuncia que tiene todo/a ciudadano/a y, por supuesto, autoridad o funcionario/a.

De forma que, habiendo llegado tan lejos, De Cospedal sólo tiene dos salidas: formular la pertinente denuncia ante el órgano competente o retractarse y abandonar la vida política antes de ser denunciada por un delito de calumnia.

Dada la profunda crisis que atraviesa el PP por una metástasis de corrupción galopante, es comprensible que sus estrategas acudan a las clásicas maniobras de diversión, conocidas por cualquier estudiante de estrategia, esto es, distraer la atención pública de la corrupción que afecta al PP y orientarla hacia otras actividades dañinas a su adversario. Pero no pueden inventárselas so pena de incurrir a su vez en algún otro delito.

Como quiera que las personas jurídicas (la Fiscalía General, el Gobierno, etc) no delinquen, cuando De Cospedal las acusa de delitos, acusa directamente a los responsables de ellas, el Fiscal General o el presidente del Gobierno. Es de esperar que estos actúen con diligencia en defensa de las instituciones que presiden y de su honorabilidad personal y no den muestras de la misma dejadez que los llevó a no recusar al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano por amistad manifiesta con el principal acusado en el caso Gürtel, el presidente de la Generalitat valenciana, de forma que tenga que ser la sociedad civil la que reaccione en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Porque si De Cospedal puede seguir en su cargo y en política sin actuar como manda la ley, y si las personas presuntamente calumniadas no formulan la correspondiente denuncia, las primeras víctimas son esas: la democracia y el Estado de derecho. O sea el conjunto de la

ciudadanía.

Catedrático de Ciencia Política