Jorge Calero

Catedrático de Economía Aplicada

Algunos gastos del Estado del bienestar resultan más fáciles de recortar que otros. Es más, los partidos políticos que tienen indiscutiblemente intención de recortar todas las prestaciones del Estado del bienestar, tienden a ocultarlo en algunos casos, pero no en otros. En la reciente campaña electoral, por ejemplo, hemos visto cómo desde el Partido Popular se ha reconocido el “replanteamiento” de la Ley de Dependencia mientras que se ha evitado celosamente mencionar reducciones del gasto en áreas como la sanidad y las pensiones de jubilación. ¿Cuál es el motivo de esta vulnerabilidad de las prestaciones de dependencia? Parecen, incluso, estar en desventaja con respecto al gasto educativo. Sobre este último se acumula una gran cantidad de retórica: no se habla fluidamente de recortes educativos. A la educación la “protege”, al menos en el plano del discurso, su condición de inversión y de instrumento vinculado a la igualdad de oportunidades.

Las prestaciones de dependencia reúnen características que las convierten en presas fáciles para los desmanteladores. Primero, en España son unas recién llegadas, no están integradas todavía en lo que el ciudadano da por descontado en términos de protección. Segundo, no afectan a una proporción de ciudadanos (votos) tan grande como las prestaciones de jubilación o la sanidad. Tercero, la población con discapacidad ha sido en buena medida “invisible” hasta hace poco y sus cuidadores, mayoritariamente mujeres, tienen poca voz en el proceso político. Resumiendo: un legislador puede llegar a considerar que los costes políticos en los que incurre al recortar en gastos de dependencia son suficientemente pequeños.

Pero costes políticos pequeños no son sinónimo de suficiente justificación. Los ciudadanos debemos estar alerta y exigir, en los tiempos que se avecinan, justificaciones detalladas de qué hay detrás de cada recorte: cuánto se ahorra en el corto plazo y cuánto se pierde en el largo; a quién perjudica y, si los perjudicados ya lo están en otros ámbitos, cuánto empleo se pierde. Al analizar estas cuestiones llegaríamos probablemente a la conclusión de que las prestaciones de dependencia deben ser uno de los ámbitos de gasto protegidos con más intensidad.