Jorge Amar Benet y Esteban Cruz Hidalgo

Economistas y miembros de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios (APEEP)

Con la adopción del euro, los países aceptan automáticamente la separación de la política monetaria de la política fiscal. La delegación de la soberanía monetaria a manos del Banco Central Europeo implica expresamente, en base al artículo 123 del Tratado de Maastritch, la prohibición de la autoridad monetaria de financiar a los Estados de manera directa, obligando a los Estados a operar con un espacio fiscal restringido que depende de dos factores:

- Su capacidad de recaudar ingresos en una arquitectura institucional que garantiza la libre circulación de capitales, tanto en Estados miembros como en terceros países.

- La posibilidad de financiarse a través de los mercados de capitales mediante deuda, lo que está sujeto a las condiciones reflejadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

De esta forma, la regla de las denominadas “finanzas responsables” o “hacienda saneada”, en un marco común caracterizado por la desregulación en todos sus aspectos, surge como piedra angular del sometimiento de los Estados a las exigencias de los mercados. Desviarse del cumplimiento de estos compromisos adquiridos, plantea dudas sobre la solvencia del Estado, que son presionados con alzas en los tipos de interés a pagar por su deuda y con ello, el aumento del riesgo país, provocando la huida de inversiones.

Para evitar este chantaje y escapar de la trampa del euro sostenida bajo esta específica arquitectura institucional, la política monetaria y la política fiscal no deben estar divorciadas, permitiendo a los Estados buscar objetivos reales frente al cumplimiento de ciertas reglas presupuestarias. Este manejo del presupuesto se conoce con el término de “finanza funcional” o “hacienda funcional”, y su marco de actuación queda definido por los siguientes aspectos:

1º- El dinero es un producto del Estado y como tal debe ser tratado.

2º- Los Estados como creadores de moneda legítima no están sometidos a las reglas de las finanzas responsables, las cuales actúan sobre los meros usuarios de moneda.

3º- Las políticas económicas deben conducirse y valorarse a la luz del efecto que tienen sobre la economía real y no sobre determinados resultados contables del presupuesto estatal, ni sobre ratios de deuda o de déficit público sobre el PIB.

4º- Los objetivos de política económica que deben guiar las medidas tomadas han de ser aquellos que se traducen de manera directa en prosperidad material: el empleo, reducir la brecha de producción (diferencia entre PIB real y PIB potencial) y la estabilidad de precios.

Bajo la operatividad de una hacienda funcional los recursos financieros son creados o destruidos para mejor desempeño de la economía real y la prosperidad. En una Economía Monetaria de Producción como es el capitalismo, el dinero importa, es decir, no es neutral, siendo un movilizador de recursos reales desempleados.

Para un Gobierno que controla la moneda las restricciones financieras (solvencia y liquidez) no existen, lo que no quiere decir que los déficits públicos no puedan afectar al tipo de cambio o causar inflación. Así, el espacio fiscal donde operar queda limitado fundamentalmente por la escasez de recursos reales, lo que hace intrascendente el plantearse interrogantes sobre la conveniencia de sostener en el tiempo déficits públicos y su tamaño.

En el caso de una infrautilización de factores de producción por falta de posibilidades de rentabilizar su uso en el sector privado (el cual sí está sometido a las reglas de las finanzas responsables), el Gobierno tiene la posibilidad y la responsabilidad de poner en uso esas capacidades reales para crear riqueza real. Tal y como señalase el economista estadounidense Abba Lerner:

El Gobierno debe ajustar sus tasas de gastos e impuestos de tal manera que el gasto total en la economía no sea, ni más ni menos, que el suficiente para mantener la producción al nivel de pleno empleo a precios corrientes. Si esto significa tener déficit, mayor endeudamiento, “impresión de dinero”, etc., entonces estas cosas en sí mismas no son ni buenas ni malos, son simplemente los medios para alcanzar los fines deseados de pleno empleo y estabilidad de precios (Functional Finance and the Federal Debt, 1943).

Creemos pues, conveniente y necesario, una estructura institucional en la cual las políticas fiscal y monetaria estén unidas. Unas instituciones donde un Estado “emprendedor”, tal y como lo define la economista italo-americana Mariana Mazzucato, no se vea obligado a doblegarse a la perniciosa disciplina que tratan de imponer unos mercados ineficientes, encontrando una utilización provechosa al empleo que es desperdiciado por el sector privado. Prometeo debe deshacerse de sus cadenas para un nuevo servicio al bien común, arrancar de las manos del dios mercado la creación de dinero para uso y beneficio de la sociedad.