RAMÓN COTARELO

Uno de los argumentos/amenaza que suelen emplear ETA y la parte de la izquierda abertzale que no la condena es que, si no se abre un nuevo proceso de negociación, seguirán los atentados y el sufrimiento, cosa que, en principio, nadie quiere. A juzgar por ello parecería que el Gobierno democrático llevara años encastillado en la negativa a iniciar negociaciones y son los terroristas los que hacen lo posible por entablarlas.

Sin embargo, lo cierto es lo contrario. Ha habido tres procesos de diálogo (con González en los ochenta, con Aznar en los noventa y con Zapatero en 2006) y los tres se interrumpieron por decisión unilateral de ETA porque, aunque echa la culpa de la ruptura a los demás, en el fondo cree que negociar significa imponer sus criterios sin más.

En estas condiciones no es verosímil que Gobierno español alguno vuelva a sentarse en una mesa de negociación con ETA, porque sólo insinuarlo ya le haría perder las elecciones. Es la propia ETA quien ha hecho imposible la política de negociaciones de forma que su insistencia sólo puede entenderse como una provocación, una artimaña más para minar la moral del enemigo y un medio de propaganda entre sus simpatizantes.

Dada la carencia absoluta de crédito de ETA después de tres rupturas, una nueva propuesta de negociación sólo podría empezar a considerarse si, en lugar de venir precedida de una tregua, viniera de la deposición total, definitiva y verificable de las armas. Sólo entonces sería pensable que un Gobierno español obtuviera la autorización parlamentaria para iniciar las negociaciones con la organización terrorista con miras a conseguir el fin definitivo de la violencia.

La insistencia en la negociación prueba que ETA sabe que su tiempo ha pasado. La mayor eficacia policial con la ayuda de Francia, el acierto judicial de orientar la persecución del terrorismo al desmantelamiento de su aparato de apoyo y financiación, la oportunidad de una legislación excepcional que hace imposible que la actividad armada canalice su discurso político a las instituciones (y, de paso, se beneficie de las subvenciones públicas) hacen que la eficacia de ETA y las perspectivas de la lucha armada sean cada vez más reducidas.

¿Cómo ignorar que en el año 1981 ETA asesinó a 91 personas y ahora pasan años sin un solo atentado mortal? A ello se añade el hecho definitivo de que un Gobierno vasco decidido por fin a acabar con la lacra terrorista constituye un fuerte foco de atracción para la reacción social mayoritaria contraria al terrorismo que, hasta ahora, no había podido fraguar a causa de la ambigüedad y la inhibición de los gobiernos nacionalistas.

La única perspectiva de negociación se abre con el cese definitivo de la actividad criminal etarra. Sólo así, recuperando la normalidad democrática de la sociedad vasca, podrán todas las fuerzas políticas proponer sus programas y podremos también volver a argumentar quienes somos partidarios del derecho de autodeterminación de todos los pueblos de España, incluido el vasco, pero nos negamos a hacerlo a punta de pistola.

Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencias Políticas