Lo que no se dice sobre la privatización y fusión de Bankia con CaixaBank

Vicenç Navarro Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; Profesor de Public Policy, The Johns Hopkins University y Director del JHU-UPF Public Policy Center

Las consecuencias de tales intervenciones

La posible privatización de Bankia y su fusión con CaixaBank ha sido una noticia que, como era de esperar, ha creado gran interés en los principales medios de información españoles, los cuales se han centrado primordialmente en la manera cómo se llevarían a cabo. Pero se ha prestado escasa atención al contexto político y económico en el cual se producirían tales intervenciones (que requerirían la aprobación de las autoridades y, muy en especial, del gobierno español, cuyo presidente, el Sr. Sánchez, parece inclinado a favorecerlas) y sus consecuencias para la sociedad española, no solo para los usuarios de tales entidades bancarias, sino también para la población en general, y para las clases populares en particular, que constituyen la mayoría de la ciudadanía de este país.

En realidad, uno de los resultados de la privatización de Bankia y su fusión con CaixaBank es que sería un paso más hacia el fortalecimiento del pensamiento dominante en los establishments económicos y financieros del país, así como de los gobiernos españoles de las dos últimas décadas, cuyas políticas públicas neoliberales han perjudicado significativamente el bienestar de las clases populares de este país. Las reformas laborales regresivas y los recortes del gasto público han tenido un efecto devastador en el bienestar de tales clases, como ha quedado patente durante la pandemia. La pandemia ha mostrado esta realidad con toda crudeza. La pobreza de los servicios públicos del Estado del Bienestar (como la sanidad y los servicios sociales) y el gran incremento de la precariedad en el mercado de trabajo han contribuido a que España sea uno de los países europeos donde la pandemia ha causado más estragos en el bienestar de las clases populares.

Tal fusión reforzaría todavía más la concentración bancaria y el excesivo poder político y mediático de la banca privada, la más extensa en términos proporcionales y la más poderosa de todas las bancas en la Unión Europea. No hay otro sector bancario privado en Europa más extenso y con un sector público financiero más reducido que el español. Un indicador -entre muchos otros- de la enorme influencia del sector bancario en la vida económica del país es que la supuesta agencia reguladora del sector bancario, el Banco de España, actúa, en realidad, como un lobby de la banca privada, transformando esta agencia pública en uno de los mayores promotores de las políticas neoliberales que han dañado enormemente, no solo el bienestar de la población como ya he indicado, sino también la eficiencia de la economía española. El descenso de los salarios y los recortes del gasto público, consecuencia de las reformas laborales regresivas y de las políticas de austeridad (medidas todas ellas promovidas por el Banco de España), provocaron un enorme descenso de la demanda doméstica (motor fundamental del crecimiento económico), causando el incremento de las inversiones de carácter especulativo (como las inversiones inmobiliarias) a costa de las inversiones de carácter productivo, creando la enorme crisis financiera del país, que llegó a destruir más de 3,5 millones de puestos de trabajo en España. Esta crisis creó, a su vez, el colapso de muchos bancos, que tuvieron que ser rescatados por el Estado. Bankia fue uno de ellos, recibiendo, entre 2012 y 2013, más de 24.000 millones de euros del Estado (de los cuales solo se han recuperado algo más de 3.000 millones). El Estado es, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que depende de la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el que posee el 61,8% de Bankia.

El excesivo y antidemocrático poder de la banca privada en España

La banca privada española siempre ha recibido un trato preferencial por parte del Estado español. En realidad, tiene un trato impositivo especial, pues es uno de los sectores con mayores beneficios y con menor carga impositiva de la UE y, por cierto, es uno de los sectores que tiene mayores depósitos en paraísos fiscales. Según el informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, “La información fiscal en las memorias anuales de las empresas del IBEX-35”, publicado en 2015, todas las empresas del sector bancario que pertenecen al IBEX-35 tienen sociedades (concretamente, 311) en paraísos fiscales. De hecho, después del Banco Santander, el BBVA y el Banco de Sabadell, Bankia y CaixaBank son las que tienen más sociedades en paraísos fiscales.

Es más, el poder judicial en España, que es profundamente conservador, sistemáticamente favorece los intereses bancarios. El caso más llamativo es el caso de las cláusulas suelo, con una sentencia por parte de la autoridad judicial a favor de la banca, y en contra de las personas endeudadas, lo que desencadenó la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligando a eliminar ese abusivo privilegio de la banca (ver mi artículo “La escandalosa complicidad de la banca privada y el estado: el caso de las cláusulas suelo”, Público, 17.02.20). Últimamente, la banca privada ha estado obstaculizando la aplicación de medidas por parte del sector público para recuperar parte de los fondos públicos que ha recibido del Estado. De nuevo, ejemplos hay miles. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho propuestas en el sentido de recuperar el dinero público gastado en ayudar a la banca (como han hecho muchos gobiernos europeos, incluyendo el conservador británico), pero ello no ha ocurrido en España. Antes del gobierno de coalición de izquierdas actual, el primer gobierno Sánchez estuvo a favor de un impuesto a la banca con este fin, pero finalmente se distanció de esta idea.

Tal poder se ejerce también a través de su enorme influencia sobre los partidos políticos, pues la gran mayoría están endeudados con la banca privada. Y un tanto igual ocurre con los medios de comunicación, pues gran parte de sus fondos provienen de o están vehiculizados por la banca. El gran dominio del pensamiento neoliberal en los medios de comunicación es una consecuencia de ello. Juan Torres, Alberto Garzón y yo pudimos sentir en nuestras propias carnes tal poder, cuando el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, (Sequitur, 2011), en el que explicábamos el impacto negativo que las políticas neoliberales estaban teniendo en España, proponiendo alternativas, y que iba a ser publicado por la editorial de El País, dejó de publicarse al negarnos a aceptar la supresión de un capítulo crítico con la banca. El País estaba en plena negociación de su deuda con el Banco Santander y no quería crear tensiones con dicho banco, objeto de nuestra crítica. Y esta experiencia es muy común. Hay un veto en los grandes medios hacia pensadores críticos con la sabiduría convencional del establishment económico-financiero español (incluido el catalán), lo que reduce notablemente el abanico de alternativas presentadas a la ciudadanía, convirtiendo a los medios de información en meros medios de persuasión más que de comunicación. El silencio en tales medios sobre los desmanes de la banca en España es ensordecedor. Mientras, según la Autoridad Bancaria Europea, los 125 ejecutivos españoles mejor pagados del sector financiero consiguieron, como promedio, unos ingresos anuales de 2,4 millones de euros por ejecutivo (ya en 2012), mientras que el usuario de la banca española es el que recibe más abusos y peores servicios entre los usuarios de los sistemas financieros europeos.

De lo que no se habla en el establishment político-mediático español (incluyendo el catalán)

España tiene uno de los sectores públicos más reducidos no solo en Europa sino también entre los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo, lo cual explica la escasa eficiencia del sistema financiero español debido a su profundo sesgo neoliberal. Todas las principales economías de esta comunidad económica tienen un sector bancario público mucho mayor que el español, incluso EEUU, el país considerado más liberal entre los países desarrollados. En realidad, en aquel país se han publicado una serie de estudios que han analizado el comportamiento de la banca privada en EEUU versus la pública, mostrando que el Estado (de los 50 que tiene EEUU) que tiene una economía más eficiente, mayor porcentaje de la población empleada, con el menor índice de desempleo, con los salarios más elevados y con un mayor superávit de las ventas es Dakota el Norte, que tiene el banco público más grande. Tal banco no es un banco de accionistas. Es un banco en el que, por ley, el Estado de Dakota del Norte invierte sus fondos públicos. Creado en 1919 por inmigrantes escandinavos, muy crítico con la banca privada, su función principal es la de ofrecer y garantizar el crédito a las instituciones y personas que viven en tal Estado. De ahí que fuera el único Estado que no tuviera problemas de crédito durante la crisis financiera. Ellen Brown, Profesora de Economía de la Facultad de Derecho de Orange (California) y una de las analistas más conocidas del sistema financiero de EEUU, explica que la causa de ello es que el Estado deposita todos sus ingresos en este banco, que tiene como objetivo ayudar a la economía del Estado, teniendo prohibido invertir fondos fuera del Estado, así como realizar prácticas especulativas. La Profesora Brown ha comparado el comportamiento del Estado de California con el Estado de Dakota del Norte y ha podido confirmar que el Estado de California, además de tener desregulado el sector bancario, depositó todos los fondos en la banca privada, que los utiliza fuera del Estado y con fines especulativos, lo cual contribuyó en gran medida a la gran crisis financiera en aquel Estado. Una situación semejante ocurre en España. CaixaBank, por cierto, invierte parte de sus fondos fuera de España, teniendo además filiales -como he indicado antes- en paraísos fiscales. La gran mayoría de países europeos tienen un sector público bancario mucho más extenso que el español.

Así pues, el Estado, en la mayoría de los países más ricos de Europa, juega un papel clave. Y no solo los Estados centrales, sino también los gobiernos regionales y ayuntamientos. Según los últimos tests llevados a cabo por la Autoridad Bancaria Europea en 2018, algunos de los bancos más eficientes y sólidos eran bancos públicos, incluyendo bancos de propiedad de los Estados centrales y/o regionales, como son algunos de los bancos públicos de los länder en Alemania. La ciudad de París, por cierto, ha tenido uno de los bancos más sólidos existentes en Europa; fundado en 1918, es el banco más antiguo de Francia.

Esta ausencia de bancos públicos en España contrasta con una realidad evidente, y es que la banca privada no existiría sin la ayuda constante y fundamental del Estado. La garantía que el Estado ofrece de garantizar 100.000 euros por cliente en caso de quiebra es esencial para la subsistencia del sistema bancario español, a la cual contribuyen también las enormes ventajas fiscales que el Estado ofrece, ventajas que incluyen fondos públicos en forma de subsidios que el Estado no recupera.

Las consecuencias negativas de privatizaciones anteriores

En España tenemos amplia experiencia en privatizaciones. La privatización de empresas públicas altamente rentables tales como Telefónica, Tabacalera, Repsol, Gas Natural y Endesa (entre otras), que tuvieron lugar durante los años noventa mientras gobernaba el PP, empobreció notablemente al Estado español. Las pérdidas de los fondos del Estado han sido enormes, con el agravante de que el Estado perdió gran capacidad de decisión para poder influenciar en tales instituciones para el bien común. La ciudadanía no es plenamente consciente de esta realidad debido al silencio mediático sobre estas pérdidas. Más recientemente, se intentó privatizar las Loterías y Apuestas del Estado, que en el año anterior a que se explorara esta posibilidad (2010), proveía unos beneficios al Estado de 2.594 millones de euros, que es una cantidad mayor que la que se consiguió congelando las pensiones y reduciendo los salarios de los empleados públicos, la predecible receta neoliberal, promovida por la banca y su lobby, el Banco de España.

Y una situación semejante ha ocurrido con las privatizaciones de las instituciones financieras Argentaria, Banco de Crédito Industrial y Banco de Crédito Agrícola (hoy parte del BBVA), todas ellas altamente rentables cuando fueron privatizadas. Y a la pérdida de fondos al Estado se añadió un mal incluso peor: la privatización del crédito ha dificultado enormemente la provisión de crédito público necesaria para mantener y estimular la actividad económica. Hoy, la única institución estatal que tiene como objetivo central esta garantía de crédito es el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Su capacidad, sin embargo, es excesivamente limitada, con unas cantidades todavía muy por debajo de las necesidades del país (y muy en especial para las empresas pequeñas y medianas, que constituyen la mayoría del tejido empresarial español).

Hoy la necesidad de bancos públicos es fundamental para poder realizar la transformación industrial del país (y otros sectores productivos de la economía). El New Deal Verde (al cual habría que añadir el New Deal Social) requiere una gran inversión, urgente y necesaria, para la propia supervivencia de la sociedad y el bienestar de la población. Este New Deal Social y Verde requiere una banca pública que anteponga los intereses del bien común sobre los intereses partidistas de los accionistas de la banca privada. Las insuficiencias de la banca privada son hoy claramente visibles. Si se desea una muy necesaria reforma profunda de la economía española, hay que impulsar los instrumentos (como la banca pública) que la faciliten. Privatizar Bankia ahora va en la dirección contraria, significando el fin de la posibilidad de una banca pública estatal, lo cual ya ocurrió en la década de los años noventa con la creación de Argentaria y su absorción por parte del BBV, resultando como producto final el BBVA. Tales privatizaciones han convertido España en el país de la UE donde el Estado tiene menor capacidad de incidencia en el sector financiero y, por lo tanto, en la economía del país. Ello explica muchos fenómenos, incluyendo la profundidad que alcanzan las recesiones económicas en el Estado, al no haber instrumentos que permitan incidir en los enormes vaivenes que caracterizan el sector financiero español. Centrarse, como están haciendo la mayoría de medios de información, en cómo se haría tal privatización es olvidar las enormes consecuencias negativas de esta, mostrando un sesgo neoliberal, reproduciendo una ideología -la neoliberal- en la cultura económica y financiera del país que, repito, ha hecho un enorme daño al bienestar de la población en general, y al de las clases populares en particular. El programa del nuevo gobierno de coalición de izquierdas en España incluye la creación de una banca pública. La privatización de Bankia no ayuda a ir en esa dirección. Todo lo contrario, lo dificulta. Hay que insistir, pues, en la necesidad de una movilización popular que resalte que para defender los intereses de tales clases así como para mejorar la eficiencia económica del país, la promesa del gobierno debe cumplirse, no permitiendo que la banca privada de siempre gane una vez más a costa de la pública.