Si para un periodista, una de las mayores satisfacciones profesionales es conseguir que la noticia que ha escrito se convierta en portada de su periódico, la de un policía o un guardia civil lo es, sin duda, ver cómo la justicia impone una severa condena al delincuente que tantos esfuerzos le ha costado arrestar. Sin embargo, eso no siempre es posible, ni mucho menos. Unas veces, porque el garantismo de la señora de la toga y los ojos tapados es aprovechado por los ‘malos’ y sus abogados para irse de rositas. Otras, porque probar la comisión de determinados delitos, con el código penal en la mano, es más difícil que demostrar que a un político le regalan los trajes. Es el caso de los relacionados con el tráfico de seres humanos y, más concretamente, con la explotación sexual de mujeres. El juicio que este martes y miércoles se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid contra Ioan Clamparu, más conocido como ‘Cabeza de cerdo’ y considerado por la Policía de medio mundo como el mayor proxeneta de Europa, es un claro ejemplo de ello. Visto lo visto en la primera sesión, la petición de 30 años de cárcel que hace la fiscalía puede quedar en mucho menos o, incluso, en algo anecdótico. Espero, sinceramente, equivocarme.

Ya hace tiempo uno de los policías que luchan contra esta lacra me explicó lo complejo y frustrante que pueden llegar a ser sus investigaciones. Horas y horas de seguimientos, largas conversaciones con las chicas que son explotadas para hacerlas ver que la única manera de salir de la espiral de violencia y esclavitud que han entrado es denunciar a sus explotadores, y mil y una gestiones se pueden quedar en agua de borrajas por la lentitud de la justicia y la actitud extremadamente legalista de algunos jueces, que se olvidan que detrás del voluminoso sumario que turno hay personas con rostro, apellidos y esperanzas de una vida mejor. De este modo, algunos de estos casos entran en un largo, larguísimo via crucis judicial que permite a muchos estos delincuentes volver a sus casas tranquilamente y olvidarse de que un día fueron detenidos.

El juicio de estos días de ‘Cabeza de cerdo’ es el mejor ejemplo de ello. Una operación policial permitió en el año 2000 asestar un duro golpe a esta organización que, según se ha escuchado durante la vista, contralaba “más de 100 prostitutas” en la Casa de Campo de Madrid, uno de los mayores prostíbulos al aire libre de la capital. Hubo diez detenidos, entre ellos el célebre Ioan Clamparu. De todos ellos, hasta ahora se ha juzgado sólo a uno, al que se condenó a sólo dos años de cárcel. Del resto, salvo Clamparu, que se le detuvo el pasado mes de septiembre tras entregarse, no se sabe nada. Están en paradero desconocido y, visto lo visto, con muy pocas ganas e intenciones de presentarse en un juzgado para sentarse en el banquillo de los acusados. Y es que doce años entre una operación y el posterior juicio es, a todas luces, demasiado.

Otro ejemplo. Contra ‘Cabeza de cerdo’ deberían haber declarado cinco de las chicas a las que explotaba. Cuatro de ellas estaban protegidas por la justicia española con esa figura llamada “testigo protegido”. Ayer, sin embargo, sólo acudieron dos de ellas. Las otras tres, tras aceptar en su día denunciar lo que habían vivido, ahora han preferido poner tierra de por medio porque no se sienten suficientemente protegidas. ¡Cómo se van a sentir así si saben que la mayoría de aquellos que supuestamente las esclavizaron andan por ahí libres! En la sesión del juicio celebrada este miércoles hubo que conformarse con oír la lectura de sus declaraciones. Terribles incluso así.

Además, el testimonio de las dos chicas que declararon, entre ellas Andrea (nombre supuesto), una chica de 17 años que denunció ante la Policía cómo fue engañada, cómo fue obligada a prostituirse a golpes y cómo la forzaron a abortar para que no dejara ni un día de ser una fuente de ingresos para los proxenetas, sufrió las evidentes consecuencias del paso del tiempo. Ayer, doce años después, su voz aún destilaba, no miedo, sino terror. Casi ni se pudo escuchar su hilo de voz y su testimonio, que en algunos momentos cayó en lógicas contradicciones dado el tiempo transcurrido. Ya se encargo el abogado defensor de Clamparu de destacarlas. El testimonio de la otra chica, aunque más firme, también pecó de falta de concreción en algunos momentos, pero, claro, cómo no va a bailar en fechas si ha pasado tanto tiempo.

Con estos pocos mimbres, y con los que aportan los esforzados policías que llevaron la investigación y que plasmaron en sus informes y en sus declaraciones ante el tribunal, se ha de tejer una sentencia que, por desgracia, salvo que los magistrados se apresten a redactarla a conciencia muy prieta, puede tener más agujeros que el Costa Concordia y dejar que los acusaciones se escapen por ellos. Quizá, el flamante nuevo ministro de Justicia debería dejar para más tarde otras reformas legales en las que parece haberse volcado con inusitado ímpetu e intentar poner solución jurídica al vacío legal del que se aprovechan los explotadores de seres humanos. Las víctimas se los agradecerían. Los policías que luchan contra estas redes, también. Y la sociedad viviría mucho más tranquila si supiera que ‘Cabeza de cerdo’ y otros similares pasan más tiempo en la cárcel de lo que hoy parece posible.