UNA DIRECTIVA MARCO EN EUROPA PARA LA TIERRA Y LOS SUELOS

Fernando Fernández

Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural

Consejo Editorial de la Revista Soberanía Alimentaria

Si hace 18 años la Directiva Marco del Agua[1] cambió el enfoque de la política de aguas de toda la Unión Europea, hoy deberíamos afrontar el reto de una Directiva Marco de la Tierra y los Suelos que tuviera el mismo significado político. Las razones objetivas existen, y aunque nos parezca increíble, este horizonte no está muy lejos de poder materializarse. Tan solo es necesaria la voluntad política para que en el próximo escenario europeo se defienda

La tierra sigue siendo a nivel global uno de los elementos que más poder de movilización arrastra. Cada año, una media de 300 activistas campesinos y ambientales mueren por su causa. La defensa de la tierra y los ríos se unen en estas heroicas personas.

Entre los años 80 del siglo pasado y durante casi 30 años, el Consenso de Washington se impuso también sobre las políticas de tierra sustituyendo los objetivos de la reforma agraria, por políticas de mercados de tierra. Sin embargo, y de forma casi imposible, en el año 2006 se celebró una nueva Conferencia Mundial por la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural organizada por FAO en Porto Alegre, Brasil. La Conferencia adquirió un peso político mayor de los esperado y concluyó con una Declaración y Plan de Acción[2] que constituyó un nuevo punto de partida para las políticas de tierra a nivel mundial. Pero la cosa no quedó ahí, y en el año 2008, numerosas organizaciones internacionales y la propia FAO alertaron sobre un nuevo fenómeno emergente conocido como “Acaparamiento de Tierras” que se extendía como una nueva forma de colonialismo, principalmente en África y América Latina, pero que pronto se extendió al continente asiático y finalmente a Europa. Como consecuencia de ello, la FAO impulsó la elaboración de “las Directrices sobre Gobernanza Responsable de la Tierra”[3], aprobadas finalmente en el año 2011 y que fueron suscritas por la mayoría de los estados del mundo entre los que se encuentra; tanto la Unión Europea, como el propio estado español. Lo esencial es que la tierra, y los suelos han entrado de nuevo en la agenda política internacional.

Al mismo tiempo y de forma paralela, otro escenario ponía el foco en el valor ambiental de los suelos. La FAO aprobó la “Carta Mundial del Suelo” en junio de 2015 coincidiendo con la declaración del “Año Internacional de los Suelos”. La carta establece que la meta general de todos los actores consiste en asegurar una gestión sostenible de los suelos, así como la rehabilitación o restauración de los suelos degradados.

Aunque desde el “ombligo eurocéntrico” nos parezca que estamos ajenos a estas cuestiones, sin embargo, no es así. La Vía Campesina Europa se sumó en el año 2012 a la campaña para impulsar también aquí una actualización de la política de tierras. Las organizaciones agrarias y sus aliadas, comenzaron por elaborar informes y estudios tanto europeos y nacionales[4], que pudieran respaldar los planteamientos. El objetivo desde entonces era claro. Terminar con una “Directiva Europea para la Gobernanza responsable y sostenible de la Tierra y los Suelos”, y es que las razones existen.

Por una parte, la concentración y acaparamiento de tierras en Europa es una realidad. La propiedad de la tierra en Europa se ha vuelto tan desigual que, en algunos países y/o regiones como es el caso de Extremadura, alcanza indicadores similares a los de Brasil, Colombia y las Filipinas. Entre el año 2000 y 2010 las explotaciones familiares europeas (aquellas que tienen menos de 100 Has) perdieron el control sobre el 17% de la tierra agrícola. Las grandes corporaciones empresariales se apropiaron en los últimos cinco años de grandes cantidades de tierra; 800.000 Has en Rumanía, lo que equivale al 8% de todas las tierras de cultivo, o cerca de 1.000.000 Has en Hungría que significa el 17% de las tierras de cultivo. Pero, además, la tierra agraria cede frente a otros usos como lo muestra el hecho de que en Francia se perdieran 227.200 Has, que resulta ser una dimensión equivalente a todo el territorio de Luxemburgo. Esta transferencia en los usos del suelo está ligada en muchos casos a procesos especulativos. En nuestro país, las últimas estadísticas nos indican que el precio de una hectárea de tierra de regadío para hortalizas es de 34.999 € y el de una hectárea para frutales en secano está en 8.720 €, lo que la hace inaccesible para las personas jóvenes que quieran instalarse.

Por otra parte, el suelo es clave para el equilibrio del clima. Es el segundo espacio de almacenamiento de carbono después de los océanos. La protección de los suelos, la restauración, y el uso sostenible que recupere su fertilidad, son cruciales tanto para mitigar como para adaptarse al cambio climático. Por el contrario, el uso insostenible del suelo, el laboreo excesivo, el cambio de uso del suelo, el sellado de los suelos fértiles y otras acciones liberan una cantidad de CO2 a la atmósfera muy superior a la los ciertos sectores productivos. De ahí, que el paso de suelo considerado rural a suelo artificial es uno de los problemas ecológicos más graves a los que nos enfrentamos. Perdemos 80 toneladas de suelo fértil al año en el olivar y 20 toneladas de suelo fértil en la zona del Ebro y no se si nos hacemos a la idea de la gravedad de este hecho.

Estas dos realidades que naturalmente están relacionadas son las que formarían parte esencial de esta Directiva Marco de la Tierra y Los Suelos.

El 27 de abril de 2017 el Parlamento Europeo aprobó la “Resolución sobre la situación de la concentración de tierras agrícolas en Europa, ¿Cómo facilitar el acceso de los agricultores a la tierra? Este documento fue el resultado de un trabajo en el que la presión de las organizaciones sociales y agrarias europeas fue esencial. De alguna manera constituye un primer paso en el objetivo de esa Directiva Marco. Al mismo tiempo, desde el 7 de septiembre de 2017, hay encima de la mesa del Parlamento Europeo una propuesta de Resolución sobre Suelos en debate. Sin duda alguna su aprobación será un paso más en el mismo sentido.

Lo más importante es que todo este debate político viene acompañado de experiencia social y proyectos reales. Hoy contamos en nuestro país con 68 bancos de tierra de ámbito autonómico, provincial, comarcal o municipal. Contamos con una decena de Parques Agrarios o Parques Rurales, así como un Red Estatal de entidades de Custodia del Territorio. Además, contamos un emergente movimiento social conocido como Intervegas, que ha logrado convencer a todas las fuerzas políticas de la imperiosa necesidad de una Ley de Protección de Suelos de Alto Valor Agrológico y de otros suelos de interés agrario.

En definitiva, los elementos para dar un paso firme en Europa en el sentido de la gobernanza responsable de la tierra y la protección de los suelos son ya reales, y pondrán al nuevo Parlamento Europeo ante un nuevo reto en el espacio de las políticas agrarias y ambientales.

[1] DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

[2] Ver Informe de FAO sobre la Conferencia. https://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/011/j8160s.pdf

[3] Ver. Documento Completo. https://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf

[4] Fernandez F. y Soler C. Estructura de la Propiedad de la Tierra en España. COAG – SOC – SLG – Plataforma Rural – Revista Soberanía Alimentaria y Fundación Mundubat. Marzo 2016.