FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Catedrático de Derecho Constitucional

Los planteamientos catalanofóbicos del PP han sido una constante en los últimos años. No se han manifestado sólo en la oposición frontal al Estatut de sus líderes nacionales, sino que han tenido su reflejo institucional en actuaciones de algunas de las comunidades autónomas gobernadas por ese partido. Se han generado así tensiones entre CCAA que resultan extrañas a nuestro modelo constitucional porque no responden a afectaciones de sus competencias (como las que se pueden producir, por ejemplo, entre comunidades que tienen que compartir determinados recursos naturales), sino a intereses políticos partidistas a nivel estatal.

De ese modo, los dirigentes de algunas CCAA se han prestado a prolongar la extraña labor de oposición que el PP nacional realiza contra la Generalitat de Catalunya adoptando medidas destinadas a deslegitimar los debates políticos internos o a cuestionar su resultado. Pero hacer de oposición a la Generalitat no está dentro de las funciones que constitucionalmente le corresponden a esas CCAA siendo esta, además, una postura que debilita el principio constitucional de unidad sobre el que han construido formalmente su estrategia política.

Naturalmente, el PP de Catalunya no puede participar de esa actitud catalanofóbica que tantos réditos electorales parece generar en otras CCAA. Tampoco se ha atrevido a reaccionar contra su dirección nacional y contra los dirigentes autonómicos de otras comunidades. Pero la estimulación de los instintos más primarios de su posible clientela electoral ha encontrado un objetivo fácil en el que centrar sus fobias: la inmigración. Si el PP catalán ya había bajado el escalón de su renuncia a defender a Catalunya frente a las posiciones catalanofóbicas de dirigentes nacionales y autonómicos de su propio partido, ahora está bajando otro escalón al armar su propio discurso fóbico contra la inmigración en el interior de Catalunya.

El discurso fóbico es siempre desintegrador. Clasifica arbitrariamente a las personas y marca fronteras mentales mucho más rígidas que las fronteras físicas que dividen a los países. No aporta nada positivo al debate público y potencia la generación de conflictos que se terminan enquistando porque carecen de una dimensión racional que permita resolverlos pacíficamente. Desterrarlo de la vida pública es obligación de todos los partidos democráticos.