Fernando Pedrós

Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

Acabo de leer en un diario nacional que los responsables del programa electoral de los partidos están recibiendo las visitas de delegados de diversos grupos de interés en una labor de presión (lobby). Y entre las visitas recibidas están también las de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Me agrada la noticia: somos un grupo de interés. Un interés que no es lucrativo ni con fines personales sino de interés público lo mismo que la lucha por la limpieza atmosférica o por la ayuda a sectores débiles y a favor del tercer mundo. Llevamos 31 años luchando para que se muera dignamente en España y que el ciudadano pueda ejercer la libertad de disponer de su vida en la última fase de su existencia. Todos vamos a pasar por ese trance y quién no quiere ser libre en sus decisiones… Pero esta lucha por el momento ha tenido pocas alegrías, aunque siempre hay que esperar y seguir luchando, y quizás ahora el panorama político cambie y llegue al Congreso sangre nueva que renueve mentalidades

Muchas veces los lobbies tienen mala imagen social. Quien tiene un objetivo en la vida busca influir en los legisladores o en las administraciones públicas para promover decisiones favorables a sus intereses. Por lo general la crítica a estos grupos de interés procede de ser opacos. Los lobbies españoles sacan en transparencia una pobre nota de 10 sobre 100. Pero esto no detiene su esfuerzo; se dice que por la sede del PSOE han pasado hasta 180 grupos lobistas. Marga Ferré, encargada del programa electoral de IU, reconoce que los intereses y objetivos son unos más blancos que otros. Hace su propia valoración de los más blancos: “Que lo haga Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace... me parece bien…” y manifiesta que su formación política empatiza con entidades como “la Fundación Renovables -el partido lleva en el programa el objetivo de tener un 100% de energías renovables en 2050- o la Asociación Derecho a Morir Dignamente”.

Hay que poner la luz colgada del techo y no debajo de la mesa. Y así lo hizo hace unas semanas DMD convocando a representantes de partidos nacionales a un acto público para que expusieran su postura programática respecto a la libertad del ciudadano ante las conductas eutanásicas del suicidio médicamente asistido y de la misma eutanasia. Ante ellos en la fila cero de la audiencia y como portavoces de la sociedad había un elenco de expertos (médicos, politólogo, penalista, representantes de movimientos sociales, etc.) con el fin de cuestionarles. El Partido Popular, a pesar de las invitaciones, no respondió al ser invitado al acto y de su ausencia se puede colegir la postura política; el representante del PSOE no sabía todavía si el tema aparecería explícitamente en el programa; Ciudadanos no podía concretar pues no se había puesto por el momento el foco en dicho tema; Podemos, IU, Equo, y otros partidos en coalición con ellos estaban en total acuerdo con la postura de DMD y se comprometían políticamente.

El problema del morir con libertad no es de hoy. Viene bastante de lejos. Dentro de unos días se van a cumplir veinte años de la reforma de la norma del Código Penal sobre las conductas eutanásicas (art.143). Ya para esas fecha de 1995 estudios académicos cuestionaban el tratamiento de la legislación española del suicidio asistido y la eutanasia, tratamiento que venía de mediados del siglo XIX. Un congreso internacional de juristas celebrado en Málaga insistía a los parlamentos a legalizar la eutanasia, los juristas del Grupo de Estudios Penales Criminales (GEPC) sacaron un documento con una propuesta de reforma del artículo correspondiente del Código Penal; DMD presentó también su propuesta de reforma. Pero todos estos impulsos e instancias de poco sirvieron. Y a lo largo de estos veinte últimos años son cientos los estudios que avalan una legalización, la población española en su gran mayoría reclama la legalización, las transformaciones jurídicas en este tema ocurridas en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Quebec (Canadá), diversos Estados de EE UU… cuestionan la anómala postura de los legisladores españoles que no se han sentido apremiados. Es totalmente cierta la afirmación de Salvador Paniker -presidente honorario de DMD- cuando respecto a las conductas eutanásicas decía que los ciudadanos estaban preparados para su legalización y, por el contrario, no lo estaban los políticos.

Y, si hablamos de grupos de presión, quizás en este tema el lobby más fuerte sea el colectivo de los obispos; ante cualquier rumor político acerca de poder disponer de la propia vida siempre se oye su palabra ‘dogmática’ y sin duda que, además, trabajarán por los pasillos. En su día su palabra sirvió para tachar de un plumazo la tímida frase del programa electoral del PSOE en 2004 que hablaba de preparar una ley que asumiría las conductas eutanásicas y para conformar el ‘no’ de los diputados populares en todas las diversas propuestas que grupos minoritarios de izquierda presentaron en anteriores legislaturas en el Congreso.

Hasta ahora la política nunca ha tenido en perspectiva la libertad del ciudadano para disponer de su propia vida y tener una muerte adecuada a sus valores y preferencias, ha faltado una voluntad política independiente y ha preferido plegarse a la decisión de la doctrina católica por mucho que se hable de separación de Estado e iglesia, pero desde un Estado -no laico- sino aconfesional. Esperemos que los legisladores que están por llegar dentro de poco al Congreso se sienten en sus escaños teniendo marcada en su memoria la reflexión del filósofo Ferrater Mora: “la vida con pena no merece la pena”.