Mientras veía las noticias en la tele intentaba ponerme en la piel de alguna de las diez mujeres agredidas sexualmente por Alejandro Martínez Singul, y no podía. Se me llevaban los demonios.

Digo mujeres porque la mayoría ya deben serlo, aunque eran niñas y adolescentes cuando en 1992 este hombre fue sentenciado a 65 años de prisión por aquellas agresiones. Cumplió 16 años de condena –aplicando las redenciones previstas en el Código Penal anterior a 1989- y salió libre hace un año. La noticia de la excarcelación del segundo violador del Eixample barcelonés –en esta ciudad tenemos hasta segundas partes de violadores, clasificados por barrios- produjo lo que se llama ahora “gran alarma social”, es decir escándalo, indignación, miedo, bochorno, y las autoridades se apresuraron a asegurar que el violador sería objeto de estricto seguimiento porque, aún habiendo seguido tratamiento en prisión, la justicia no le creía rehabilitado. Aún así, le soltó.

¿Y qué ha hecho Martínez Singul? Pues ir a lo suyo. Ayer fue detenido porque había una orden de detención europea en relación a un delito sexual cometido en Francia –no se especifica más- por el que fue juzgado, en ausencia, y condenado a un año de prisión.

No soy partidaria de cadenas perpetuas. Pero está demostrado que los agresores sexuales difícilmente responden a tratamientos únicamente psicoterapéuticos. La única solución, al parecer, sería someter a estas personas a la tan traída y llevada “castración química”, o sea obligarlas judicialmente a tomar un medicamento que inhibiría su deseo sexual. Probablemente una gran parte de los violadores se someterían voluntariamente a una medida semejante, y sería la forma más eficaz de prevenir nuevas agresiones. Me sorprendieron las declaraciones de hace unos días del ministro de Justicia, señor Bermejo, diciendo que no le gustaba llamar a esto castración. ¿Porqué no? Es lo que es. A un caballo se le castra para inhibir su deseo sexual, y con los violadores juzgados y condenados pasaría lo mismo. Dejémonos de eufemismos, que de lo que se trata es de proteger a las víctimas, no de caerles bien a los abusadores.

Otra cuestión indignante es que la Fiscalía Superior de Catalunya informara de este caso ayer, cuando se produjo la detención. A ver: si existía el pregonado seguimiento de este individuo, por fuerza la fiscalía debía saber que había sido juzgado y condenado por un nuevo delito sexual en Francia. ¿O no? ¿Y porqué no informó de ello en su momento, añadiendo también que el hombre había escapado, etcétera? En la nota, además, la fiscalía declara su “satisfacción” por la actuación de los Mossos y la coordinación con las fuerzas francesas. ¿Qué pasa, que como la nueva agresión –recordemos, a los pocos meses de ser liberado el violador en nuestro país- se ha producido en Francia, no nos debe causar dolor? En ningún caso puedo sentir satisfacción. Siento pena, rabia y vergüenza ajena. Como ciudadana indignada, exijo una explicación. No somos tan bobos como para no hacernos estas preguntas. Si no las hacemos, creerán de verdad que somos bobos.